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Al amparo de la oscuridad y como los ladrones, el ex presidente panista del municipio de Apango, Crisóforo Nava Barrios, fue detenido la madrugada de ayer miércoles por un grupo de Policías Ministeriales. (Foto: noticiasacapulconews.com)

Con ello, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el propio gobierno estatal, cumplieron la promesa de castigar a todos aquellos que emprendieron acciones “fuera de la Ley” el pasado domingo en dicha municipalidad. Pero el mensaje político enviado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, es de protección a ultranza de sus aliados políticos.

Y de mano dura contra quienes no lo son. Basta con ubicar la coyuntura para entender el parcial estilo personal de gobernar de la actual administración estatal tricolor, que fomenta el encono, la sinrazón y los odios.

ANARQUÍA INDUCIDA.- Si en el municipio de Apango las cosas se calentaron, fue por cuando menos dos razones: hubo protección política en todo momento y desde las altas esferas del poder local, a favor la alcaldesa del MC, Felicitas Muñiz Gómez. Y al sentir las presiones de sus detractores, ella misma decidió separarse de la alcaldía. Renunciando explícitamente a su función como alcaldesa.

Es decir, en el municipio de Mártir de Cuilapan, hay un vacío de poder. No existe autoridad.

Y por esa razón, se entiende la anarquía posterior y los actos vandálicos en su contra. No hubo alcaldesa que los enfrentara. Ni los frenara. De ahí se abren otras lecturas:

1.- El respeto a la Ley y al Estado de Derecho actuaron muy rápido en el caso Apango. Una celeridad que no se ha visto por ejemplo, en el caso del edil perredista ejecutado de Ciudad Altamirano, Ambrosio Soto Duarte.

Tampoco en los demás homicidios políticos archivados en la FGE. La pregunta es inevitable: ¿Por qué razón el gobierno estatal imprime castigo a un pequeño estado de cosas descompuesto y de individuos belicosos, pero se resiste a tomar acciones y actuar en otros casos de mayor importancia y todavía más podridos, como en el asunto de la delincuencia organizada?

2.- En el nombre de la Ley y en el resguardo del orden público, se protegen intereses y se ataca selectivamente, a ciertos grupos facciosos. Un caso es emblemático: el del dirigente de un bloque de la Ceteg, Ramos Reyes Guerrero, quien mantiene secuestrada desde hace más de un año, la avenida Ruffo Figueroa de Chilpancingo y la calle Circunvalación. Incluso, ha estado al frente de la quema reciente de oficinas de la SEG.

Infringe la Ley y el derecho de libre tránsito de los demás ciudadanos. Pero el gobierno estatal y la Ley no lo molestan. Es más, lo benefician. Porque su nombre no apareció dentro de la lista de los 60 maestros despedidos por el secretario de Educación, José Luis González de la Vega, a finales de junio pasado. Extraña y sospechosamente, sí apareció el de Antonia Morales Vélez, quien encabeza un grupo de la Ceteg, más dócil y conciliador.

¿Por qué protege el gobernador Astudillo Flores a Ramos Reyes, si representa al vandalismo y la anarquía dentro de la Ceteg?

3.- En Apango, el gobierno estatal le atizó al conflicto político. Porque algunos pobladores disidentes a la alcaldesa Muñiz Gómez, se armaron y bloquearon las entradas y salidas de esa cabecera municipal, tras la detención de Crisóforo Nava.

Es decir, lejos de optar por el diálogo inteligente y civilizado para destrabar el problema, el gobierno estatal decidió tomar el garrote para inhibirlo y desactivarlo. Pero ese tipo de medidas van a polarizar aún más, el tenso ambiente social y político. El gobernador está equivocando el camino.

No puede apostarle irresponsablemente, a un eventual baño de sangre en ese municipio. Debe abrir su agenda política ponderando la sensibilidad y el buen juicio. O como muchos otros gobernantes que le antecedieron, terminará expulsado del poder estatal. Ese es el punto.

HOJEADAS DE PÁGINAS…En su ya característica postura mentirosa, el edil de la capital, el priísta Marco Antonio Leyva Mena, aseguró que existían 30 toneladas de material pétreo para tapar los baches de las calles de Chilpancingo. Pero la mayoría de ellas sigue presentando grandes hoyancos por donde sea. El alcalde Leyva Mena se consolida así, como un funcionario incumplido y vulgar mitómano.

Mientras el gobernador Héctor Astudillo, se reunía en la ciudad de México con el Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, Jorge Francisco Márquez Montes; el alcalde de Acapulco, el perredista Evodio Velázquez Aguirre, hacía lo propio con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y el mensaje en la coyuntura de los distanciamientos políticos entre ambos personajes fue demoledor: Astudillo debió aguantar dicho encuentro, pues envío un mensaje de pésima operación política al reunirse con un funcionario federal de menor rango, respecto del alcalde de Acapulco Velázquez Aguirre, quien terminó dejándolo muy mal parado al enviar una señal de fortaleza, tras sostener su propio cónclave político con Osorio Chong. Y mientras eso ocurría allá y Astudillo volvía a fracasar en la operación política, aquí el fiscal Xavier Olea Peláez, “le ayudaba” muy poco a su jefe político. Hay que ver por qué.

RESULTADOS NEGADOS.- Al fiscal del estado lo constriñe la ausencia de resultados. No solo de la permanente ola de asesinatos ocurridos en la entidad todos los días, sino del crimen perpetrado contra el edil perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte. Y por eso se entiende que lance manotazos por todos lados tratando de justificar su desempeño como instancia investigadora. Pero sobre todo, altere la realidad. Y se lee así:

1.- En su comparecencia ante los diputados del Congreso local del pasado martes, el fiscal Olea Peláez, anunció la detención de dos personas ligadas al crimen del alcalde perredista de Pungarabato. Pero la Procuraduría de Justicia de Michoacán, desmintió la información. “En lo que corresponde a la jurisdicción estatal, en la localidad de Paredes –municipio de San Lucas, Michoacán-, fue asegurada una persona del sexo masculino a la que le fue localizada una bolsa que contenía hierba verde con características de marihuana, sin embargo no se encontró ningún tipo de relación con el asesinato del edil guerrerense que había sido amenazado”, detalló en un boletín dicha instancia. ¿Por qué razón mintió entonces el fiscal Olea Peláez? ¿Acaso pretendía con ello mostrar una falsa eficacia que solo exhibió en realidad, su incapacidad para resolver dicho evento criminal? ¿Qué caso tenía exponer a su jefe político, el gobernador de la entidad Héctor Astudillo, cuando las aguas políticas se encuentran muy revueltas por el proditorio homicidio de dicho edil calentano?

2.- El crimen de Ambrosio Soto, sentó un precedente político en la entidad. Porque un alcalde en funciones nunca había sido ejecutado en Guerrero. Se han exhibido en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, los pactos y acuerdos inconfesables entre miembros del crimen organizado y autoridades municipales. Pero jamás se había llegado al asesinato contra alcaldes. Por esa razón, el gobierno estatal debe ser el más preocupado. No solo en resolver ese delito, sino en tratar de buscar responsables políticos y atizarle al debate en esa pista. De ahí se desprendería y se entendería, la embestida política reciente contra el edil perredista de Acapulco. Y se justificaría en gran medida, la atención de Osorio Chong al edil de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre. Y el relegamiento y desdén político del secretario de Gobernación, hacia el mandatario estatal tricolor de la entidad. Es decir sería una señal elocuente, en el sentido de que el encargado de la política interna del país, está irritado por el desempeño mostrado por el gobernador Astudillo, en materia de seguridad pública. Por una entendible razón: el crimen de Ambrosio Soto, le pegó con mucha fuerza a la federación tricolor. Y le metió demasiada presión política al propio Osorio Chong. En política, los simbolismos hablan. Y el gobernador Astudillo Flores, parece caer progresivamente de la gracia política de la federación.

HOJEADAS DE PÁGINAS…El que parece no entender las elementales lecciones de política, es el edil priísta de la capital, Marco Antonio Leyva Mena. Porque después de asumirse como propietario del ayuntamiento de Chilpancingo al que llamó “su casa” –como si estuviera escriturado a su nombre y no se tratara de una institución pública, sino privada-, ahora lo señalan de desviar más de 4 millones de pesos del alumbrado público. La gobernabilidad ciudadana se le escurre de las manos y día con día, a este deficiente aprendiz de la política.