Servando “N” quedó en cuclillas recargado entre la banqueta y la puerta de un automóvil compacto. Vestía playera deportiva color morado. Tenía casi media hora bajo la sombra de un árbol de mango observando el acceso a la entrada de la Fiscalía Regional de Acapulco. De acuerdo a los testigos no era la primera vez que hacía lo mismo.
Nunca se imaginó que el joven que se acercaba sacaría un arma tipo escuadra automática y dispararía contra él. Ahí quedó inmóvil. Desangrándose. Los disparos alertaron al personal de la Fiscalía que custodia el acceso a sus instalaciones. El agresor hizo otros dos disparos mientras comenzaba a huir hacia la avenida Michoacán.
La cámara de seguridad instalada en la puerta de la Fiscalía no registró detalles debido a que su ángulo de observación no alcanza a captar la banqueta de enfrente. En el levantamiento del cadáver se incautaron casi 40 mil pesos que guardaba el asesinado en sus bolsillos.
Minutos más tarde, un mensaje en redes sociales indicaba que la víctima no era un ciudadano común. Lo señalan de haber sido un cobra cuotas al servicio de un grupo delictivo.
Las primeras conclusiones del caso determinaron que el crimen obedece a una rivalidad entre integrantes de la delincuencia organizada. Sin embargo, el escenario y estilo con que se llevó a cabo la ejecución permiten establecen líneas que van más allá del enfrentamiento entre criminales.
La hora, a pleno mediodía, y el lugar no son circunstanciales: la experiencia de analistas del fenómeno de la violencia, entre ellos el denominado Observatorio Ciudadano, revelan que detrás de este tipo de atentados se esconde un mensaje. El dilema es saber interpretarlo o darle carpetazo al asunto.
Servando “N” no permanecía ahí por casualidad. No era la primera vez que se detenía por prolongados espacios frente a la puerta de la Fiscalía regional. Todo indica que realizaba tareas de halconeo para identificar y detectar los movimientos de agentes ministeriales y personal del ministerio público.
De hecho, en México se ha convertido en una práctica recurrente por parte de los delincuentes vigilar a instituciones policiales.
El problema es que no vigilan a todos los cuerpos de seguridad, sino únicamente a los que representan un riesgo para las operaciones criminales.
Las diferencias principales entre las corporaciones sometidas al halconeo y las que no son necesarias de vigilar, no radica en el tamaño ni en la capacidad operativa sino en la lectura de estadísticas y cumplimiento de estrategias que van desde tiempos de implementación, objetivos a corto, mediano y largo plazo, indicadores de resultados, diseño de organización administrativa, análisis de políticas de seguridad aplicadas en otros estados y los mecanismos necesarios para permanecer bajo el escrutinio de instancias supervisoras.
En un recuento de resultados logrados recientemente por la FGE se aprecian elementos sobre el porqué la decisión de colocarle halcones a las oficinas de esa institución.
En un periodo de casi dos meses, la FGE incrementó en un 44 por ciento el cumplimiento de órdenes de aprehensión. Logró un 42 por ciento de recuperación de vehículos y aumentó al 43 por ciento la atención de solicitudes ciudadanas.
En tareas operativas rescató a siete víctimas de secuestro y detuvo a trece presuntos secuestradores que se encuentran en proceso penal. También registró incrementos del 23 por ciento en solicitudes recibidas en materia de justicia penal y de un diez por ciento en acuerdos reparatorios.
La apreciación de estos indicadores tal vez no corresponda a un avance de alto impacto, pero en relación con el deprimente estado en que entregó la institución Javier Olea Muñoz, se localiza una evolución encaminada precisamente hacia lo que no quiere el crimen organizado.
Y es que el modelo establecido por Jorge Zuriel de los Santos Barrila sigue estrictamente la estrategia para formar una fiscalía transparente. De ahí que en seis semanas haya iniciado la rehabilitación de oficinas y edificios, la firma de convenios con la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Hipócrates; ha capacitado con cursos y talleres a 317 servidores públicos, a través del Instituto de Formación y Capacitación Profesional.
Tradicionalmente la Fiscalía General de Guerrero, desde su época como Procuraduría General del Estado, no calificaba en el cumplimiento de cualquiera de los objetivos establecidos por el modelo nacional de investigación y procuración de justicia. Y ni pensar en un proceso de ordenamiento y modernización administrativa.
Para los asesores de la delincuencia organizada, detectar la construcción de un cuerpo analítico que procese ordenada e inteligentemente la información para atacar al crimen, es un proyecto que no pueden darse el lujo de permitir se desarrolle por la libre. Ya en otros estados de la República los ataques más violentos contra las instituciones se han dado cuando se observa que las instancias supervisoras.
En un recuento de resultados logrados recientemente por la FGE se aprecian elementos sobre el porqué la decisión de colocarle halcones a las oficinas de esa institución.
En un periodo de casi dos meses, la FGE incrementó en un 44 por ciento el cumplimiento de órdenes de aprehensión. Logró un 42 por ciento de recuperación de vehículos y aumentó al 43 por ciento la atención de solicitudes ciudadanas.
En tareas operativas rescató a siete víctimas de secuestro y detuvo a trece presuntos secuestradores que se encuentran en proceso penal. También registró incrementos del 23 por ciento en solicitudes recibidas en materia de justicia penal y de un diez por ciento en acuerdos reparatorios.
La apreciación de estos indicadores tal vez no corresponda a un avance de alto impacto, pero en relación con el deprimente estado en que entregó la institución Javier Olea Muñoz, se localiza una evolución encaminada precisamente hacia lo que no quiere el crimen organizado.
Y es que el modelo establecido por Jorge Zuriel de los Santos Barrila sigue estrictamente la estrategia para formar una fiscalía transparente. De ahí que en seis semanas haya iniciado la rehabilitación de oficinas y edificios, la firma de convenios con la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Hipócrates; ha capacitado con cursos y talleres a 317 servidores públicos, a través del Instituto de Formación y Capacitación Profesional.
Tradicionalmente la Fiscalía General de Guerrero, desde su época como Procuraduría General del Estado, no calificaba en el cumplimiento de cualquiera de los objetivos establecidos por el modelo nacional de investigación y procuración de justicia. Y ni pensar en un proceso de ordenamiento y modernización administrativa.
Para los asesores de la delincuencia organizada, detectar la construcción de un cuerpo analítico que procese ordenada e inteligentemente la información para atacar al crimen, es un proyecto que no pueden darse el lujo de permitir se desarrolle por la libre. Ya en otros estados de la República los ataques más violentos contra las instituciones se han dado cuando se observa que las instancias oficiales se preparan para combatirlos realmente.
La Fiscalía de Guerrero ya cruzó la línea de riesgo para los delincuentes. Si retrocede no habrá nueva oportunidad.
Foto: Animal Politico
