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Más que una posible jugada de valores político-económicos, lo que implica la visita del presidente López Obrador a Washington, D.C., es la validación del gobierno mexicano para que los próximos cuatro años continúe el trato persecutorio y los atropellos a los derechos humanos de la comunidad migrante por parte de la administración de Donald Trump, en caso de reelegirse el mandatario norteamericano.

Por lo pronto, el contexto social que envuelve el encuentro entre ambos mandatarios contiene elementos que la Cancillería mexicana ha desdeñado por provenir de sectores de paisanos que se oponen a la visita de Andrés Manuel, ante el carácter electorero para beneficiar al personaje que emprendió la estigmatización criminal de los migrantes, separó familias, enjauló niños y firma decretos lesivos para desaparecer los beneficios conquistados por paisanos radicados en USA.

Al menos, López Obrador debería saber que medio centenar de cartas y mails firmadas por decenas de activistas, líderes de organizaciones méxico-americanas y académicos, permanecen sobre el escritorio de Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores, para solicitarle explique al presidente el elevado saldo que deberán pagar los migrantes mexicanos de mantenerse Trump un periodo más en la Casa Blanca.

El problema es que Marcelo Ebrard no escucha, ni antes ni ahora, las voces migrantes; durante el tiempo que ha durado la pandemia en Estados Unidos, en la práctica el Canciller se distanció radicalmente de la comunidad mexicana migrante, aunque en el discurso afirmaba tener comunicación permanente con ese sector.

En ese sentido, en más de una ocasión dijo que se brindaba apoyo a los familiares de cientos de fallecidos por Covid-19 para trasladar los restos de los difuntos a México, lo que los migrantes desmintieron: los Consulados tienen cuatro meses cerrados y nadie auxilia a los deudos.

Y la propia Cancillería reconoció ayer mismo ese rezago. En un comunicado oficial, la SRE informó que apenas daría inicio a la repatriación de cuerpos, para lo cual utilizarán una nave de la Fuerza Aérea Mexicana.

De hecho, ese antecedente apenas es una parte del distanciamiento sistemático aplicado por el gobierno de López Obrador con los migrantes, desde que inició la presente administración.

El primer aviso del gobierno mexicano para los migrantes en la Unión americana, vino en enero del 2019; a un mes de iniciar la Cuarta Transformación se canceló el presupuesto al programa Tres por Uno para Migrantes. Cuando una delegación de líderes de Chicago se trasladó a la Secretaria de Bienestar en Ciudad de México, se les informó que esos recursos ahora se destinarían para apoyar a migrantes centroamericanos que ingresaban a México por la frontera sur.

Este año, el gobierno federal ratificó la desaparición de ese programa y una serie de ajustes financieros que reducen la atención a mexicanos en USA; cancelación del programa Bienvenido Paisano, anulación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, reducción de gastos operativos a la red consular mexicana y afectación salarial a los trabajadores de áreas de protección legal a paisanos.

Por lo tanto, el escenario estratégico de la visita de AMLO a Trump no ha sido dibujado con exactitud sociopolítica al presidente mexicano. Después de todo, el resquebrajamiento de la relación con un amplio sector de migrantes se contamina mayormente ante los disturbios civiles contra policías en cientos de ciudades norteamericanas.

Miles de mexicanos han participado en las protestas violentas para denunciar agresiones ilegales y prácticas discriminatorias de policías contra migrantes, como parte de un clima persecutorio alentado por Donald Trump, lo que no puede dejar de lado López Obrador si en realidad mantendrá un diálogo respetuoso y de entendimiento con el presidente americano. 

En todo caso, su entrevista aunque no se circunscriba al marco de una visita de Estado, debe contener espacios de intercambio sobre temas apremiantes en beneficio de los millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos.

Lo grave es que la agenda diseñada por Marcelo Ebrard no incluye encuentro alguno con los migrantes. Una comunidad altamente sensible en los tiempos del Covid-19, afectada profundamente por la pérdida de millones de empleos y lastimada por el fallecimiento de miles de compatriotas en los últimos cuatro meses.

Al final de cuentas, lo que AMLO pone en riesgo con su visita a Washington no se mide en términos financieros derivados del T-CAM; en el fondo, el impacto real de ese viaje incuba una bofetada a la dignidad de millones de connacionales acorralados por el clima de vejación impulsado por Trump.

Lo interesante del caso, es que para los migrantes no es difícil entender los criterios autoritarios del imperialismo bajo el que sobreviven, lo que no terminan de asimilar es que su propio presidente se desplace hasta el epicentro del neoliberalismo para avalar la guerra de que son objeto.

Entre los aspirantes a la candidatura de Morena a gobernador en el 2021, hay una a la que ya no le calienta el sol y se le están apagando las veladoras que enciende todas las noches, pese a las decenas de millones de pesos que (mal) gasta en la promoción de su imagen personal. 

Es Adela Román Ocampo, alcalde de Acapulco, que justo el día en que fue a la Ciudad de México a felicitar a su santón o padrino político, Rabindranath Salazar Solorio, por su nuevo cargo como subsecretario de Gobernación, se enteró de que este cayó de la gracia del presidente Andrés Manuel López Obrador y encima se enfermó de coronavirus.

Rabindranath es uno de los operadores electorales de Morena, muy ligado con la exdirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, con quien hizo mancuerna tanto para obtener triunfos en el 2018, como en oscuros manejos con el dinero de las prerrogativas de ese partido, que están saliendo a la luz, y que provocaron ya una acusación penal por lavado de dinero y daño patrimonial de 809 millones de pesos, denuncia que ratificó el lunes pasado el actual dirigente, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Pero en 2018, cuando el entonces candidato presidencial, Manuel López Obrador iba en ascenso, entre Yeidckol y Rabindranath lo convencieron de que la candidatura a la alcaldía de Acapulco debería ser para una mujer, y que la ideal para el cargo era Adela Román Ocampo, quien había sido ya síndica en el gobierno municipal perredista de Zeferino Torreblanca Galindo en el período 1999-2002.

Adela fue postulada y ganó en 2018 gracias a la ola lopezobradorista, pero quedó muy comprometida con su antecesor, el perredista Evodio Velázquez Aguirre, de quien recibió dinero y el apoyo de los operadores electorales del PRD en Acapulco, para apuntalar su triunfo. Lo que le ha valido impunidad a Evodio por sus malos manejos ampliamente denunciados… y una herencia de asociación delictuosa a Adela con grupos del crimen organizado. 

Lo que no se sabe es qué ofreció Adela a Rabindranath y a Yeidckol a cambio de la candidatura –esos favores no son gratuitos-, ya que ha habido denuncias acerca de la compra-venta de candidaturas en el 2018. Pero lo que haya ofrecido –en cargos, propiedades, negocios o dinero en efectivo- ha sido con cargo al presupuesto del ayuntamiento, ante lo que tendrá que responder la señora Román tarde o temprano…

Los grupos de Morena no la quieren y tienen sus propios candidatos…

Una vez instalada en el poder municipal, Adela fijó como una de las prioridades de su agenda el impulso a su imagen política personal, usando una creciente cantidad de dinero del presupuesto municipal a la difusión de su actividad púbica en redes sociales y en medios de comunicación. Así como seguir cultivando muy de cerca su relación personal con Rabindranath, en quien ha fincado todos sus afanes para buscar ser candidata a gobernador por Morena en el 2021.

El reciente anuncio del senador morenista Ricardo Monreal, de que las candidaturas del 2021 se decidirán en base a encuestas, parece darle la razón a Adela sobre el cuantioso gasto en imagen, que se supone debe traducirse en un buen posicionamiento en los sondeos que se aplicarán. Pero en realidad, todo el mundo sabe que las candidaturas las va a palomear personalmente el Peje, en lo referido a gubernaturas y en las principales presidencias municipales del país. Y en esa operación AMLO tiene no menos de tres grupos políticos de personajes cercanos a los que podría beneficiar en Guerrero… entre los que NO está Adela.

Porque hablando de cercanía personal, se habla de cierta preferencia del presidente hacia la familia Sandoval Ballesteros, a la que pertenecen la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira, y su hermano el delegado federal en el estado, Pablo Amílcar, con lo que cualquiera de los dos podría obtener la candidatura, a pesar de los escándalos sobre su reciente riqueza patrimonial. 

También está el grupo de César Núñez Ramos, delegado federal de la Secretaría de Bienestar, que es el más institucional y el que menos problemas le ha dado a AMLO en materia de denuncias y escándalos. 

Y el cada vez más numeroso de Luis Walton Aburto, quien, a pesar de no ser militante morenista, cuenta ya con una amplia base de apoyo al interior de Morena, sumado al de miembros de la sociedad civil. Cuenta con el apoyo personal y político del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y del coordinador del Senado, Ricardo Monreal. Además de su amistad con el propio López Obrador, a quien ha apoyado en las buenas y en las malas durante más de 20 años.

Pero el caso de Adela parece cada vez más un caso perdido. Perdió la confianza del presidente AMLO desde los primeros meses de su gobierno, lo que se ha traducido en el casi nulo apoyo federal al gobierno de la Román, y en fracasos en sus múltiples gestiones de recursos, obras y cancelación de adeudos, como los que tiene CAPAMA con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ni un peso ha obtenido de más o de descuento. Lo que habla por sí mismo de la ausencia de voluntad del Peje hacia su alcalde acapulqueña.

Para colmo, el cambio de cargo de su santón, Rabindranath Salazar, quien fue director general del Banco del Bienestar, y que ahora es subsecretario de Gobernación para casos de segunda importancia, implica también una pérdida de confianza de AMLO en él y en su socia Yeidckol. El funcionario no dio el ancho en el cargo, además de ser un potencial problema por el caso de las denuncias contra la exdirigente. Pero como no lo puede correr por su amplio conocimiento de la estrategia electoral que aplicarán el Peje y Morena en 2021, lo enviaron a encerrarse a la Segob para que se mantenga quieto y callado.

Y más ahora, cuando Rabindranath “se enfermó” de Covid-19, en lo que parece ser ya una estrategia política distractora ante la opinión pública del gobierno de López Obrador, para proteger su propia imagen retirando temporalmente a funcionarios de su gabinete que protagonizan escándalos de corrupción, como hemos visto en los últimos meses.

Por eso es que ahora ni el intenso sol de Acapulco calienta a una Adela Román que ve esfumarse las posibilidades de ser candidata de Morena, y que para colmo hasta podría estar contagiada de Covid-19…

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