Palabras Mayores...Elecciones 2021: el buen juez, por Morena empieza a fiscalizar
Ya se sabe que la prisa de Andrés López Obrador de empujar al país a volver a las calles, NO responde a la necesidad de reactivar la economía para aliviar la crisis que enfrentan millones de mexicanos por la cuarentena ante el Covid-19, sino a su necesidad de entrar a una fase de plena precampaña electoral que le ayude a remontar el desgaste generado por su mala gestión de la pandemia, y asegurar votos para mantener firme la presidencia en el 2021 maniobrando para preservar la mayoría legislativa que actualmente ostenta Morena.
De ahí que no sólo ofrece los peores consejos del mundo a la ciudadanía –“no tengan miedo, salgan a la calle”- en plena etapa de mayor riesgo de contagios y fallecimientos, sino que ha emprendido nuevas y poco trascendentes giras por los estados, e incluso se aventó la puntada de advertir que vigilará que los gobernadores no usen recursos públicos ni metan las manos en las elecciones del 2021.
Claro que ante esa advertencia, los gobernadores del PAN le contestaron al Peje en voz del mandatario de Chihuahua, Javier Corral, quien le dio la bienvenida a “la vigilancia que será mutua, de ellos a nosotros y de nosotros a ellos en el manejo de recursos públicos, en el manejo de los recursos humanos, y de los gobiernos frente a los procesos electorales”. Es decir, amarrarle también las manos al presidente, quien de hecho ha estado gastando miles de millones de pesos en becas y pensiones con fines netamente electorales… y va por más.
En ese contexto, llama la atención que en el caso de Guerrero han sido precisamente los aspirantes de Morena a la gubernatura los que se han puesto en la mira de los órganos fiscalizadores y de la propia ciudadanía, como sujetos de interés para ser investigados por denuncias de desvío y malversación de recursos públicos con fines electorales.
Los más denunciados han sido –por orden de importancia de los montos de dinero que se presume han trasegado- el delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; la alcalde de Acapulco, Adela Román Ocampo; y el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio. Todos morenistas…
Larga cola que les pisen…
A Amílcar Sandoval se le atribuye estarse beneficiando con el control personal de la administración del Congreso local, cuyos funcionarios fueron nombrados por él, y que le estarían entregando al menos un millón de pesos mensuales desviados del presupuesto legislativo –más otras cantidades para financiar actividades públicas-, como ha documentado la Auditoría Superior de la Federación.
Pero nadie lo investiga ni le finca responsabilidades por ser hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. En esa misma dependencia le han cubierto a él y a otros funcionarios federales los presuntos fraudes cometidos en el programa de fertilizante gratuito del año pasado, denunciados por campesinos, y el que se hace ahora en el ciclo agrícola de este 2020.
En el caso de Adela Román, casi no ha habido semana en que no se denuncie su gasto excesivo en imagen, en el uso político del apoyo que aporta a familias de escasos recursos, por los negocios que hace con el presupuesto municipal su familia, y por la gran cantidad de familiares, amigos y operadores políticos de Morena que cobran sin trabajar en la lista de raya del ayuntamiento –o en nómina secreta- como aviadores. El santo de su devoción dentro del gobierno federal morenista es el director del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar Solorio.
Tanto a ella como a Félix Salgado se les ha ligado en acuerdos secretos con bandas del crimen organizado. Y en el caso de este último, se le vinculó con el robo y desvío de recursos que cometió su sobrina como administradora de una clínica del ISSSTE en la Ciudad de México, Zulma Janeth Carvajal Salgado, quien le habría entregado al senador miles de paquetes de equipo de protección para personal médico, que posteriormente entregó este como donación a hospitales de Guerrero. Denuncia de la que Félix no se deslindó.
Así que estos casos, que no son más que la punta de una madeja de corrupción y delincuencia organizada, operada con la venia del gobierno de AMLO y de su grupo en Morena, sirven como ejemplo de cómo los recursos públicos están siendo usados con mucha anticipación para financiar la imagen y engordar cochinitos rumbo a las campañas electorales del 2021, por parte de aspirantes de Morena a la gubernatura.
Por lo que bien haría el presidente en poner bajo estricta vigilancia a sus propios cuadros, y castigar a quienes han abusado de la confianza de la población en que encabezaría un cambio que no llegó. Y recordar que “el buen juez por su casa empieza…”
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