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Al celebrarse el cuarto aniversario de la tragedia de Iguala, en que 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron agredidos y desaparecidos sin dejar rastro, el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón demandó una investigación más completa del caso que dé con el paradero de esos jóvenes, y confió en que la creación de una Comisión de la Verdad contribuya a que por fin se haga justicia y se evite la impunidad de los responsables.

Apreza Patrón habló en nombre de sus compañeros de partido, lamentando que hayan pasado ya cuatro años sin que se hubiera establecido fehacientemente la verdad de los hechos de aquella noche en Iguala, hechos de una violencia inusitada y que constituyen lo que llamó “una vergüenza para México y para Guerrero, y un dolor irreparable para las familias”.

Apreza incluso recordó en la sesión de este martes ante el pleno del Congreso local, que justamente hace cuatro años, el 30 de septiembre del 2014, él mismo fungía como diputado en la LX Legislatura, y que a nombre de su partido –el PRI- condenó los hechos y lamentó lo ocurrido, demandando públicamente una investigación exhaustiva, el esclarecimiento de los hechos, y que se hiciera justicia en ese caso que ha conmocionado a la opinión pública nacional e internacional.

En ese entonces, junto con Apreza eran también diputados el actual gobernador Héctor Astudillo Flores, así como la presidenta de la Mesa Directiva en funciones, Verónica Muñoz Parra, y todos compartieron ese punto de vista expresado por Apreza, de la misma forma que hoy volvieron a demandar justicia, que se haga una investigación más completa, y saludaron la creación de una Comisión de la Verdad que sea capaz de llegar al fondo del caso y procurar esa justicia que ya es clamor generalizado.

El tema de la desaparición de los 43 normalistas corresponde al fuero federal, pero aún así, el propio gobernador Héctor Astudillo ha demandado verdad y justicia, tal como lo expresó en su discurso de toma de posesión en octubre del 2015, exclamando que para lograrlo no debe haber “perdón ni olvido”, sino justicia y castigo a los culpables.

En el 2014, Apreza expresó a nombre de la fracción del PRI su pésame a los familiares de los que murieron en los hechos de Iguala, y solidaridad con “quienes se recuperan lentamente de una tragedia, de una experiencia traumática indigna e inaceptable. Que los hechos por su alto grado de brutalidad es de reconocer que agravian a toda la sociedad y, en consecuencia, no pueden por ningún motivo quedar impunes”.

Y al final de su reflexión de hace cuatro años y de ahora, Apreza aseguró que “nos queda muy claro, y lo decimos desde aquí: sin verdad no puede haber justicia, que sin verdad y justicia, no es posible avanzar”; y reiteró su “solidaridad total con los familiares de los desaparecidos, exigencia de justicia, castigo a los responsables. Y como lo dijimos, retomando la frase de la auténtica izquierda: porque vivos de los llevaron, vivos los queremos”.

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Denuncian que Evodio Velázquez es un defraudador de Acapulco; deja enorme deuda.  

Acapulco es el municipio que mayores recursos aporta al estado para mejorar su economía, pero también es el escenario de la peor corrupción que se ha dado en el estado, al grado de que acusan al alcalde saliente Evodio Velázquez Aguirre de dejar la peor deuda municipal, que alcanza la suma de mil millones de pesos.

Este señalamiento lo hizo directamente el dirigente del Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton Aburto, antecesor de este gobierno que termina, y fue a ese gobierno al que le hicieron varios reconocimientos a la administración de ese empresario por el buen manejo de la comuna porteña.

Todo lo contrario de lo que sucede ahora con Evodio, que definitivamente demostró que llegó a la alcaldía sólo a robar y beneficiarse personalmente, aunque para eso incurriera en los peores abusos y excesos de corrupción con su familia y sus colaboradores, como lo demostró aquel episodio de  cinismo y desvergüenza de su sector de turismo, cuando dos borrachos presumían los fajos de billetes de 500 pesos, que representaban “el queso para sus enchiladas”.

Hay demasiada desfachatez en la actitud de esos perredistas ladrones que lucían el producto de sus fechorías en forma pública, como para permitir que todo eso quede en la impunidad y dejar que “Evodio y sus 40 ladrones” puedan retirarse sin hacer frente a la justicia, por lo que deben ser investigados, señalados, encauzados y encerrados un buen tiempo, para que paguen con cárcel los abusos que cometieron.

Debería mantenerse vigilancia sobre el grupo de los mañosos y corruptos que encabeza Evodio, para evitar que una vez que entreguen la administración salgan huyendo para escaparse de la acción de la justicia, aunque a estas alturas, a 10 días de entregar el cargo, es muy posible que varios de ellos ya hayan puesto terreno de por medio, para evitar que la guadaña de la justicia caiga sobre ellos en los últimos días de su lamentable administración.

TAMBIÉN CHILPANCINGO ENFRENTA UN CIERRE DE GOBIERNO BASTANTE COMPLICADO.

En la capital del estado no se puede presumir que pueda darse un cierre de gobierno en forma sencilla y sin complicaciones, porque efectivamente hay una serie de problemas que se han manifestado en estas últimas semanas, con lo que ha impedido que pueda darse un cambio de administración en buenas condiciones.

Son embargo, la situación de la capital es muy diferente de la de Acapulco, porque en este caso no se habla de corrupción, aunque los opositores lo presentan como una mala administración, porque hay adeudos por varios motivos, pero lo explica el alcalde Marco Antonio Leyva Mena, por la falta de recursos suficientes para salir sin heredar ningún endeudamiento.

Hay claras señales de que gente fuera y dentro del ayuntamiento hay quienes que son parte de algunos grupos que sólo buscan crear problemas y por eso, de repente aparecen todos los que quieren cobrar, como las pipas de agua, los de “la basura jefa”, los trabajadores de Capach, los del Sindicato Independiente y otros más, pero en realidad no hay con qué pagarles.

Se advirtió que incluso los directivos del Congreso saliente estaban decididos a hacer todo lo necesario para no dejar que terminara bien este trienio, pues incluso retrasaron varios meses la reincorporación del alcalde titular.

Es difícil que los municipios, que son los patitos feos de la administración pública, en cuento a asignación de presupuestos logren terminar en óptimas condiciones.

En Acapulco, la corrupción marca el final de este mal trienio y en Chilpancingo las corrientes políticas encontradas evitaron que se pudiera mejorar el cierre trianual.

CUATRO AÑOS DEL CASO AYOTZINAPA; INICIAN DESMANES Y VIOLENCIA.

Estamos a una semana de que se cumplan cuatro  años del asesinato de varios normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de los 43, que según la versión de la PGR, fue asesinados y sus cuerpos calcinados en Cocula, para esparcir las cenizas y huesos en el río San Juan, lo que los padres y sus muchos asesores locales y extranjeros niegan, aunque hasta ahora no han ofrecido una versión paralela que ofrezca aunque sea indicios elementales de que haya ocurrido otra cosa con los que suman ya 48 meses en calidad de desparecidos.

Los muchos abogados, voceros, expertos y asesores, que llevan el mismo tiempo viviendo de ese caso, no se cansan de negar todo lo que aportó la PGR, con todos sus detalles y conclusiones, y exigen que se haga una nueva investigación que se genere una Comisión de la Verdad y que sea el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien se haga cargo de esa nueva indagatoria, para ver si es posible que aporte una nueva conclusión.

Por lo pronto se demuestra que para los ayotzinapos y los grupos que los apoyan, la exigencia de una nueva investigación en busca de conclusiones que los satisfagan, pasa necesariamente por la violencia y el vandalismo, como lo hicieron hace unos días, cuando destrozaron una patrulla de la Policía Federal en Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo.

Esas acciones fuera de la ley fueron precisamente las que los llevaron al grave problema de Iguala, donde la delincuencia organizada decidió eliminarlos, al suponer que se trataba de un grupo contrario que iba a disputarles la plaza, situación que se agravó por la existencia de un autobús que los normalistas pretendían secuestrar, en el que estaba una importante carga de drogas, que tenían como destino la ciudad yanqui de Chicago.

Ahí no hubo un enfrentamiento con el gobierno, porque los policías de esa ciudad estaban coludidos y dedicados a proteger los bienes de los delincuentes del grupo Guerreros Unidos, además de que tenían como su jefe principal a José Luis Abarca, metido también, junto con su esposa, María de los Ángeles, con la banda de los Guerreros Unidos.

Estos son datos duros que en ninguna investigación pueden cambiar, de modo que exigir otra salida y solución no es posible y si acaso podrían agregarle algunos detalles, pero el grueso de esta información no puede ser modificada, porque hay muchos elementos que lo comprueban.

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