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PÉNDULO POLÍTICO... EMILIO LOZOYA: EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD POR LA PGR: DE TESTIGO PROTEGIDO A CRITERIO DE OPORTUNIDADES EN EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Categoría: Editoriales Publicado: 21 Julio 2020
Escrito por DR. EMILIANO CARRILLO CARRASCO
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POR DR. EN DERECHO. EMILIANO CARRILLO CARRASCO      FOTO: https://www.efekto.tv/

“Hablar de libertad, autoridad y poder refieren necesariamente al tema del hombre y en consecuencia de los derechos humanos. El hombre individual aislado es incapaz de producir cambios dignos de consideración histórica.” Nemesio González Caminero. 

La telaraña del poder en situaciones de arropamiento con traje a la medida ante la opinión pública. El regreso del ex director de Pemex Emilio Lozoya a México representa una bocanada de aire fresco para la alicaída administración de claros oscuros de fuerzas de poderes económicos y políticos del presidente, toma el control de la política en el país con la extradición de Lozoya, Perteneciente al círculo de poder de operaciones de colusión, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, sancionado por la ley general de servidores y sus responsabilidades de los servidores públicos de graves, leves, conforme al cuerpo del articulo 108 al 114 de la constitución, Ley general de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y a la ley secundaria de la ley orgánica de la administración pública federal.

Y probablemente como Testigo protegido y Criterio de oportunidades en el código federal de procedimientos penales (Un criterio de oportunidad es un supuesto en el cual la Procuraduría decide no ejercer la acción penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo), ¿Este  delito (GRAVE/SIN FIANZA ), delincuencia organizada, el tipo penal que establece que mínimo son tres personas para este delito y sus reuniones permanentes para establecer actos delictivos de un jefe de grupo para sus operaciones?.

 Elementos y criterios de la PGR, De no ejercitar acción penal e inclusive el perdón del ejecutivo. LOS ACTOS COMETIDOS CON LA VENTA DE LA PLANTA DE PEMEX “Nitrogenados “Y Odebrecht en el que la firma brasileña admitió haber entregado sobornos a cambios de contratos por 788 millones de dólares en una docena de países, principalmente en Latinoamérica incluidos México Y Los grandes hombres de negocios y a los directivos de las principales organizaciones empresariales. La adjudicación de contratos de concesión a las agrupaciones patronales. A él le apoyaron al 100% la Reforma Energética.

Las carpetas de investigación: Dos carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República: FED/SEIDF/UEIDAPLECDMX/00003241/2020 y FGR/CMI/AIC/DGIPAM/10674/2020. La primera investiga los bienes propiedad del ex presidente Enrique Peña Nieto, de su núcleo familiar más cercano y de sus parientes consanguíneos y políticos. La segunda indagatoria busca conocer los bienes acumulados por el ex secretario de Hacienda, ex canciller y ex coordinador general de la campaña de Peña Nieto a la presidencia, Luis Videgaray Caso.

FUNDAMENTO: CNPP Artículo 256 Federal de México. Vigente, con las modificaciones. Última actualización 19/07/2020. Código Nacional de Procedimientos Penales Federal. EN CONCLUSIÓN, A LA DISCRECIONALIDAD DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES PARA SU APLICACIÓN.   Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.

La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia;

II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares;

III. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena;

IV. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con independencia del fuero;

V.  Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio;

VI. Cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal.

VII.  Se deroga.

No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público.

Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la fracción V, en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.

El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código así como en los criterios generales que al efecto emita el Procurador o equivalente.

La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio.

La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el Procurador o por el servidor público en quien se delegue esta facultad, en términos de la normatividad aplicable.

Federal de México Artículo 256 Código Nacional de Procedimientos Penales

Lea más: https://leyes-mx.com/codigo_federal_de_procedimientos_penales/256.htm

Este poder público está en la lógica del sistema de sumisión del poder y destrucción del balance de estos en base a la corrupción e impunidad. Un Estado de derecho cautivo ante la corrupción e impunidad genera las condiciones que permiten al sujeto realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. En el ámbito social la seguridad y la justicia si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente, eficaz  y oportuna por el Gobierno.

El incremento la desigualdad y la pobreza. El PIB de México se contraerá 9% en 2020 según el CEPAL. Y estimó que la pobreza extrema pasará de 68 a 96 millones de personas. Esto significa que habrá un retroceso de 15 años, resultado del impacto de la crisis.  El tamaño del choque económico, que está dándose en el lado de la oferta y la demanda, ampliará las brechas de desigualdad en la distribución del ingreso en todos los países.

FORO POLÍTICO... ERÉNDIRA Y AMÍLCAR: LATIFUNDISTAS URBANOS.

Categoría: Editoriales Publicado: 21 Julio 2020
Escrito por Salomón García Gálvez.
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Por Salomón García Gálvez.      Foto: https://eldiariodedelicias.mx/

Irma Eréndira y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros -Secretaria de la Función Pública y Super-Delegado Federal en esta entidad-, en tiempo récord han logrado adquirir bienes inmuebles (residencias, casas, edificios, departamentos y terrenos de alta plusvalía) no solo en la CDMX sino también en Guerrero, lo cual fue revelado por el diario Reforma y constituye un escándalo de corrupción a nivel nacional.

Ambos consanguíneos, millonarios, pertenecen al gobierno federal de la Cuarta Transformación y son aspirantes a la candidatura por la gubernatura de Guerrero.

La primera en ser descubierta de poseer propiedades por un monto superior a los 60 millones de pesos fue Eréndira Sandoval junto con su esposo estadounidense John Ackerman, lo cual es un escándalo, porque la fortuna en bienes inmuebles de ambos no la justifican bajo ninguna forma. Este matrimonio pertenece al partido Morena y se cobijan bajo el manto protector del presidente AMLO.

A Pablo Amílcar, se le descubrió que es propietario de una finca de tres niveles en la Colonia Vista al Mar en Acapulco, misma que no incluyó en su declaración patrimonial.

La mansión podría tener un valor superior a los 3 millones de pesos, pero ante el Registro Público oficial la valuaron en la ridícula cantidad de tres mil 219 pesos. No existe avalúo bancario de tal propiedad, o de algún despacho certificado.

Y por si fuera poco, el también aspirante a la candidatura a gobernador de Guerrero por Morena, compró otros dos departamentos en la CDMX, con valor total de 2 millones 171 mil pesos. Se ignora de dónde obtuvo tanto dinero Pablo Amílcar, pues solo ha trabajado como burócrata y asesor en el Senado; antes fue mapache electoral durante la pasada campaña del presidente AMLO y después diputado local con licencia.

Lo incongruente, es que ambos hermanos sinvergüenzas -Eréndira y Pablo Amílcar- pregonen públicamente ser “defensores de la honestidad” y que “combaten la corrupción”.  

A través de ciertos medios, el par de cínicos hacen linchamientos públicos contra funcionarios de otros partidos como el PRD, PRI y PAN, cuando ellos han amasado grandes fortunas en los últimos dos años  como funcionarios del gobierno federal morenista.

Irma Eréndira y Pablo Amílcar, ya son latifundistas urbanos, porque son dueños de muchos bienes inmuebles tanto en la CDMX como en Guerrero, por monto de decenas de millones de pesos, y no justifican de dónde obtuvieron tantos recursos para convertirse en nuevos ricos, a no ser que se trate de lavado de dinero delito que se persigue de oficio.

La Fiscalía General de la República (FGR) tendría que investigar también a los funcionarios de la 4ª. T. Aunque no los creemos tan idiotas como para auto investigar a los de casa.

Quiérase o no, el golpe espectacular y letal que dio el periódico Reforma de la CDMX, a los hermanos Eréndira y Pablo Amílcar Sandoval, tendrá repercusiones políticas en la carrera por la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, pues ambos consanguíneos podrían descarrilar en su pretensión por abanderar a Morena para las próximas elecciones.

El presidente AMLO, quien les tiene –o les tenía- una “gran estima” a los hermanos Sandoval Ballesteros, después de ver las publicaciones y revelaciones (Reforma) de las propiedades de ambos consanguíneos, cambiaría su actitud y decisión en el caso de la candidatura (por esta entidad) a gobernador del partido Morena.

Precisamente, quien más arrecia mediante rabiosos ataques a través de las redes sociales -desde su “cuarto de guerra”- en contra de todos sus adversarios, principalmente del Morena -internos y externos- es el delegado federal en esta entidad, Pablo Amílcar Sandoval. 

El delegado fifí, Pablo Amílcar, es quien más exhibe una voraz, desmedida y enfermiza ambición por ser candidato a la gubernatura de Guerrero.

Hasta obliga -Sandoval- a los adultos mayores que  memoricen y repitan su nombre en voz alta cuando reciben recursos ($) del gobierno federal, lo cual fue calificado como un acto  ruin e indignante por diputados federales y hasta por funcionarios federales del partido Morena… Punto. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

 

 

LECTURA POLÍTICA… Ayotzinapa: impunidad tolerada.

Categoría: Editoriales Publicado: 20 Julio 2020
Escrito por Noé Mondragón Norato
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Por Noé Mondragón Norato        Foto: https://inperfecto.com.mx/

Desde antes de la infame desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, esta fue clasificada en los expedientes federales de los gobiernos panistas de Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto, como «un asunto de seguridad nacional prioritario, por su historia de beligerancia y lucha política», de acuerdo con el contenido del libro La Verdadera Noche de Iguala, escrito por la periodista Anabel Hernández. Los hechos recientes confirmarían que sigue estando en dicho status. Pero, además, los resultados de la investigación para dar con el paradero de los 43 no ha dejado satisfechos a los agraviados. O es solo un pretexto para volver a vandalizar. Hay que ir por partes.

QUEMAR EL CONGRESO. – Al Congreso de Guerrero, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa lo agarraron de cliente. Es decir, se convirtió en el lugar idóneo para operar desmanes y vandalizar. Descargas iras y frustraciones. Hacerse destacar no en competencias y promedios escolares respecto de otras normales públicas y como estudiantes bien letrados, sino por evaluar hasta dónde pueden llegar con acciones violentas que apelan a la sinrazón y a la incivilidad. Y de fondo, aparece la corrupción que no se ataca, como el pretexto para volverse impunes en tierra donde la Ley y la Justicia siguen sin contar. Se lee así:

1.- El gobernador Héctor Astudillo no quiere saber nada de los normalistas de Ayotzinapa. Por eso los deja hacer lo que les plazca. De hecho, es el único grupo de la disidencia social con el que no se mete. Ni detiene a ninguno de sus miembros pese a lo cuantioso de los daños provocados. A otros grupos que inconformes, bloquean la Autopista del Sol, les envía de inmediato a los antimotines. Y los normalistas se sienten y son impunes. Con picaporte incluso, para agredir los automóviles de los particulares. Lo cual es un exceso. Porque si el gobierno estatal no puede frenarlos, ¿qué podría hacer un ciudadano común ante el aferramiento a la anarquía y el predominio del lado salvaje de los estudiantes?

2.- En el Congreso local hay mayoría del partido Morena. Pero las inercias y las simulaciones que se arrastran de los pasados priista y perredista, continúan vigentes. Con el ataque del viernes pasado, suman dos en periodos que gestiona el partido presidencial. La primera fue cuando era presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Antonio Helguera Jiménez. Y hoy despacha Jesús Villanueva Vega. Quizás por esa razón, el gobernador decide no enviar a los antimotines a resguardar con anticipación las instalaciones del Congreso local, pese a tener desde horas antes, la información de que los normalistas van directos a vandalizar. En el fondo, el gobernador intenta exhibir las incapacidades de los diputados locales del Morena para tender el diálogo con los inconformes, pese a que estos últimos vayan directo a destruir y atacar el inmueble. Una jugada política de la que el mandatario estatal intenta obtener por supuesto, ganancias políticas. En cuando menos tres bandas: pondera la tolerancia con los normalistas y se vende como sensible a los ojos de los guerrerenses; les propina golpes políticos soterrados a los diputados locales del Morena; y envía señales al presidente López Obrador, en el sentido de que los agravios por los hechos de Iguala, continúan vigentes. Arrastra y se expone, sin embargo, a un solo pasivo: privilegia la impunidad. Y al no atacarla, la promueve como gobernante entre los propios ciudadanos.

3.- La quema con colchones de una parte de las instalaciones del Congreso local fue justificada con los mismos argumentos del pasado: la inconformidad con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), por el hallazgo de los restos de otro normalista. Justo por el mismo rumbo del municipio de Cocula, donde se encontraron los del primero en diciembre de 2014. Pero el argumento mete prurito: ¿por qué los normalistas no fueron entonces a vandalizar el Palacio Nacional? ¿Es que aquí se sienten protegidos por el gobernador y allá no lo están con AMLO?

HOJEADAS DE PÁGINAS…De pronto, el rector de la UAGro, Javier Saldaña, movió a toda su peonada de beneficiarios, que se solidarizó con él públicamente, en el timbrado de la nómina al SAT. Lo burdo del asunto es que todos ellos emularon a los capataces de las haciendas porfiristas, que siempre estuvieron de acuerdo en seguir explotando a los campesinos pobres y famélicos. Si sigue por ese camino, el rector encontrará su propia revolución, pero laboral. Porque tiene muchas similitudes con el dictador de aquellos tiempos.

LECTURA POLÍTICA… Pablo Amílcar o la izquierda que emula al PRI

Categoría: Editoriales Publicado: 21 Julio 2020
Escrito por Noé Mondragón Norato
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Por Noé Mondragón Norato    Foto: https://guerrerohabla.com/

Para que los escándalos estallen mediáticamente, la prensa se encarga de descubrir y revelar propiedades ocultas que escapan por momentos, al escrutinio público. El diario Reforma se ha especializado en el tema. Primero, ventiló en su edición del 5 de septiembre de 2018, una costosa propiedad en Acapulco ubicada en el «Club Residencial La Cima», que le fue atribuida al actual fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila. Estaba valuada en 20 millones de pesos. El fiscal fue al Congreso local el 18 de ese mismo mes y año, para dar una explicación a los diputados de mayoría morenista, pero los chamaqueó. Y luego, con tiempo para armar su estrategia, aseguró que la propiedad no era suya, sino del empresario de bienes raíces, Rodolfo Castillo Hernández. Y se acabó la discusión y la investigación. Hoy, brota un escándalo simular.

IZQUIERDA EXTRAVIADA. – Amparándose en una lucha social que jamás ha encabezado en Guerrero, el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval fue alcanzado por los reflectores mediáticos que le descubrieron una propiedad «no declarada», ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) que preside su hermana, Irma Eréndira Sandoval. De ahí se abre lo demás:

1.- Para salvar sospechas de corrupción, la familia Sandoval Ballesteros se ha escudado en la donación de propiedades atribuidas a herencias familiares y regalos de amigos. Lo anterior encierra en sí misma, una contradicción. Porque si sus ancestros encabezaron la manoseada «lucha social» en Guerrero, se entiende que vivieron en la austeridad y en la medianía. ¿De dónde salieron tantas propiedades para ser heredadas? Se entiende por medio del natural razonamiento político: negociaron con los gobiernos priistas de aquellos tiempos, a fin de mantenerse con una actividad ‘opositora’ de bajo perfil y meramente simbólica. La prueba más clara es que ni el padre de ambos funcionarios —Pablo Sandoval Ramírez―, ni el abuelo Pablo Sandoval Cruz, fueron objeto de persecución política desde 1980. Ambos coincidieron en el punto de mayor refulgencia individual: la caída en 1960, del gobernador Raúl Caballero Aburto. Pero nunca fueron piezas prioritarias de la represión priista de aquellos tiempos.

2.- El delegado federal se ha vendido ―y ha fracasado— como opción contra la corrupción de los gobiernos priistas. Pero nunca ventiló que hizo con los 15 millones de pesos de los «ahorros legislativos» aplicados desde el 1 de septiembre al primero de diciembre de 2018, cuando encabezó la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Tampoco explica porque tiene trabajando en la dependencia federal que dirige y como secretaria de Administración y Finanzas de los programas para el desarrollo en Guerrero, a Mireya Guzmán Rosas, quien fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública para ocupar cargos públicos hasta el 2025, tras detectarle desvíos de recursos como secretaria de Finanzas del gobierno michoacano presidido por el perredista Leonel Rangel Godoy. Pese a ello, Guzmán Rosas fungió efímeramente como directora de servicios financieros de la actual legislatura local.

3.- Los herederos de «la lucha social» en Guerrero, presumen de izquierdistas en discursos acartonados y mojigatos, pero asumen en realidad, como clones que alimentan la continuación del viejo sistema priista. Una reiteración de las mismas simulaciones ideológicas de las que ya está agotado el ciudadano guerrerense. De muestra, un botón: durante un reparto de apoyos a los adultos mayores en la región de la Montaña el pasado 19 de julio, uno de los integrantes de los Siervos de la Nación, impele micrófono en mano, a todos los beneficiarios presentes en una cancha techada, a repetir el nombre del delegado federal, como forma de memorizarlo. Como si Pablo Amílcar con su dinero propio estuviera apoyando a dichos sectores vulnerables. Está claro que utilizará todos los programas sociales a su alcance, para promocionarse anticipadamente. ¿No es corrupción? ¿Qué diferencia hace respecto de los demás aspirantes?

HOJEADAS DE PÁGINAS… Como fieles aliados del rector Javier Saldaña, ambos sindicatos van a justificar este martes y por enésima ocasión, la aplicación del ISR a las prestaciones de los trabajadores universitarios. Olvidan que la UAGro no es una empresa que genera plusvalías o ganancias, sino una institución con producción académica. Y entonces se está vulnerando el salario del trabajador. Ante esto, ningún senador, diputado local ni federal del Morena ha intercedido a favor de los trabajadores universitarios, ante el claro atropello por parte del rector de la UAGro. Y con su silencio, dicen todo.

Textos y claves…¿Caballo negro en Morena?

Categoría: Editoriales Publicado: 19 Julio 2020
Escrito por Miguel Ángel Arrieta
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Por Miguel Ángel Arrieta

Si en política los huecos se llenan, hasta hace dos semanas nadie dentro de Morena Guerrero se había ocupado de analizar la carencia de estructura real que arrastra ese partido conformado todavía por una militancia simpatizante pero no ideológica, por lo que esa circunstancia creó un vacío que generó una puerta abierta por la que se coló el diputado Zeferino Gómez Valdovinos.

Distraídos en estrategias de campaña para posicionarse en la carrera por la candidatura de Morena a la gubernatura, ninguno de los aspirantes a ocupar esa representación se ha ocupado de construir el sistema vertebral del morenismo. En los hechos, el morenismo aquí es un movimiento de grupos ciudadanos corporativizados y no de estructuras de trabajo.

En el fondo, quienes ocupan liderazgos dentro de Morena Guerrero confían su permanencia en el poder al carisma del presidente de la República, y no al modelo de bases sociales que le sirvieron tanto a López Obrador para ganar la presidencia de México, como lo ha descrito el activista Sergio Montes, crítico de las nomenclaturas gansteriles que se han instalado en el lopezobradorismo estatal.

De ahí que cuando el diputado local Zeferino Gómez inició el análisis sobre ese rezago organizacional, detectó que al menos en cuatro regiones de la entidad, Tierra Caliente, Costa Grande, Zona Centro y Zona Norte, el enfoque de dirigentes locales dentro de Morena es el de obtener cargos a través de exhibiciones musculares y no en congruencia al trabajo para potenciar su partido.

Como se están revelando las cosas, Morena en Guerrero carece de datos del número real de sus militantes y su padrón está incompleto, ante lo cual Zeferino Gómez advierte el riesgo de que esos rezagos podrían ser capitalizados por grupos de oposición dedicados acuciosamente a diseñar acciones para arrebatarle diputaciones federales a Morena en el 2021, lo que coloca a su partido en situación de riesgo ya que la continuidad del proyecto lopezobradorista depende de mantener mayoría en el Congreso de la Unión, no de ganar alcaldías o gubernaturas.

En el fondo, el trabajo de tierra desarrollado por el legislador local sirve de punto de partido para que la dirigencia nacional de Morena reasigne tareas de acercamiento con la militancia a sus representantes en Guerrero. 

Por lo pronto, los informes de lo observado hasta ahora por Zeferino Gómez ya fueron enviados a la oficina de Alfonso Ramírez Cuellar. Aquí lo interesante sería que alguien le hiciera llegar una copia al presidente López Obrador, lo que se ve como algo inminente si no es que ya sucedió, dado el papel decisivo que tendrá AMLO en el proceso electoral del 2021, particularmente en lo que se refiere a la competición por diputaciones federales.

Después de todo, Zeferino Gómez mantiene líneas directas de comunicación con Andrés Manuel López Obrador desde su paso como funcionario del gobierno de la Ciudad de México en la administración del ahora presidente de la República, y posteriormente cuando lo acompañó como colaborador cercano en sus campañas presidenciales del 2006 y 2012.

En este contexto, lo trascendente de un escenario de revisión sobre la fisiología actual de Morena en Guerrero no radica centralmente en el envío de tarjetas informativas, más bien su importancia se localiza en la  intercomunicación establecida entre Zeferino Gómez y palacio nacional. 

Desde esa perspectiva, el legislador pasa a ocupar la figura de caballo negro surgido como una opción ante la posibilidad de que se registre una excesiva polarización entre los aspirantes de Morena a la candidatura para gobernador de Guerrero, lo que al parecer será inevitable.

En todo caso, no sería la primera vez que el sistema apuesta a una figura neutral antes de ofrecer las facilidades de rompimientos con saldos excesivos para Morena.

Tampoco sería la primera vez en que un diputado local entra bien posicionado a la recta final por la candidatura; en 2015 el ahora Gobernador, Héctor Astudillo Flores, se desempeñaba como legislador local cuando el PRI lo designó candidato.

Como ya quedó claro que el poder político se ejerce desde Palacio Nacional, la articulación de la designación del candidato para Guerrero no pasará por un recuento de canicas. 

Al final de cuentas, el funcionamiento del sistema político actual se desprende de un estilo autocrático, y no en base a un modelo de consensos.

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