Por Noé Mondragón Norato    Foto: https://guerrerohabla.com/

Para que los escándalos estallen mediáticamente, la prensa se encarga de descubrir y revelar propiedades ocultas que escapan por momentos, al escrutinio público. El diario Reforma se ha especializado en el tema. Primero, ventiló en su edición del 5 de septiembre de 2018, una costosa propiedad en Acapulco ubicada en el «Club Residencial La Cima», que le fue atribuida al actual fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila. Estaba valuada en 20 millones de pesos. El fiscal fue al Congreso local el 18 de ese mismo mes y año, para dar una explicación a los diputados de mayoría morenista, pero los chamaqueó. Y luego, con tiempo para armar su estrategia, aseguró que la propiedad no era suya, sino del empresario de bienes raíces, Rodolfo Castillo Hernández. Y se acabó la discusión y la investigación. Hoy, brota un escándalo simular.

IZQUIERDA EXTRAVIADA. – Amparándose en una lucha social que jamás ha encabezado en Guerrero, el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval fue alcanzado por los reflectores mediáticos que le descubrieron una propiedad «no declarada», ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) que preside su hermana, Irma Eréndira Sandoval. De ahí se abre lo demás:

1.- Para salvar sospechas de corrupción, la familia Sandoval Ballesteros se ha escudado en la donación de propiedades atribuidas a herencias familiares y regalos de amigos. Lo anterior encierra en sí misma, una contradicción. Porque si sus ancestros encabezaron la manoseada «lucha social» en Guerrero, se entiende que vivieron en la austeridad y en la medianía. ¿De dónde salieron tantas propiedades para ser heredadas? Se entiende por medio del natural razonamiento político: negociaron con los gobiernos priistas de aquellos tiempos, a fin de mantenerse con una actividad ‘opositora’ de bajo perfil y meramente simbólica. La prueba más clara es que ni el padre de ambos funcionarios —Pablo Sandoval Ramírez―, ni el abuelo Pablo Sandoval Cruz, fueron objeto de persecución política desde 1980. Ambos coincidieron en el punto de mayor refulgencia individual: la caída en 1960, del gobernador Raúl Caballero Aburto. Pero nunca fueron piezas prioritarias de la represión priista de aquellos tiempos.

2.- El delegado federal se ha vendido ―y ha fracasado— como opción contra la corrupción de los gobiernos priistas. Pero nunca ventiló que hizo con los 15 millones de pesos de los «ahorros legislativos» aplicados desde el 1 de septiembre al primero de diciembre de 2018, cuando encabezó la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Tampoco explica porque tiene trabajando en la dependencia federal que dirige y como secretaria de Administración y Finanzas de los programas para el desarrollo en Guerrero, a Mireya Guzmán Rosas, quien fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública para ocupar cargos públicos hasta el 2025, tras detectarle desvíos de recursos como secretaria de Finanzas del gobierno michoacano presidido por el perredista Leonel Rangel Godoy. Pese a ello, Guzmán Rosas fungió efímeramente como directora de servicios financieros de la actual legislatura local.

3.- Los herederos de «la lucha social» en Guerrero, presumen de izquierdistas en discursos acartonados y mojigatos, pero asumen en realidad, como clones que alimentan la continuación del viejo sistema priista. Una reiteración de las mismas simulaciones ideológicas de las que ya está agotado el ciudadano guerrerense. De muestra, un botón: durante un reparto de apoyos a los adultos mayores en la región de la Montaña el pasado 19 de julio, uno de los integrantes de los Siervos de la Nación, impele micrófono en mano, a todos los beneficiarios presentes en una cancha techada, a repetir el nombre del delegado federal, como forma de memorizarlo. Como si Pablo Amílcar con su dinero propio estuviera apoyando a dichos sectores vulnerables. Está claro que utilizará todos los programas sociales a su alcance, para promocionarse anticipadamente. ¿No es corrupción? ¿Qué diferencia hace respecto de los demás aspirantes?

HOJEADAS DE PÁGINAS… Como fieles aliados del rector Javier Saldaña, ambos sindicatos van a justificar este martes y por enésima ocasión, la aplicación del ISR a las prestaciones de los trabajadores universitarios. Olvidan que la UAGro no es una empresa que genera plusvalías o ganancias, sino una institución con producción académica. Y entonces se está vulnerando el salario del trabajador. Ante esto, ningún senador, diputado local ni federal del Morena ha intercedido a favor de los trabajadores universitarios, ante el claro atropello por parte del rector de la UAGro. Y con su silencio, dicen todo.