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La trata de personas es un delito que conglomera la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, la cual ­recurre a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, incluyendo la laboral o sexual.

Este delito se ha convertido en una de las más grandes problemáticas contemporáneas para los Estados, ya que la Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzado, cifra en la que se incluye a las víctimas para la explotación laboral y sexual. De este total se estima que 30% de las víctimas son niños y 70% son mujeres y niñas. 

Por ello, en 2010 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó un Plan de Acción Mundial para combatir el tráfico de personas, que urgía a los gobiernos a adoptar medidas contra este delito. Posteriormente en el año 2013, en el marco de la evaluación del Plan de ­Acción Mundial, las Naciones Unidas resolvieron instituir el 30 de julio de cada año como el Día Mundial contra la Trata, con la finalidad de concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, y para promocionar y proteger los derechos fundamentales de todas las personas.

Este año, la temática en torno a este día internacional se centra en “la respuesta al tráfico de niños y jóvenes víctimas de la trata”, con la finalidad de proteger de manera prioritaria a este sector vulnerable. De ahí que resulta necesario impulsar mecanismos para la prevención del delito,  la promoción de la denuncia, la protección a las víctimas, así como la adecuada imposición de las sanciones, siendo elementos que deben convertirse en una constante para los gobiernos.

En este sentido, el Estado mexicano ha adoptado diversas medidas internacionales como lo es el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, el cual se convierte en Ley Suprema, al ser protectora de los derechos humanos.  ­Además, en junio de 2012 se expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos; normatividad especializada que enmarca la competencia y coordinación nacional para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en la materia.

Dichos ordenamientos jurídicos se han traducido en acciones concretas para las autoridades, tanto administrativas como judiciales, que ratifican el compromiso del Estado mexicano por erradicar este delito. Incluso, en materia institucional destaca la creación de una Fiscalía especializada para la atención de estos delitos en México.

Debemos seguir creando conciencia sobre la situación que se vive en la actualidad en torno a esta problemática, así como continuar fomentando distintos mecanismos para paliar los flagelos de la delincuencia; lo cual sin duda nos ayudará a garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas, en favor de una sociedad más armónica y en desarrollo.

¿Está en disputa el Poder Político en Guerrero? 

En Guerrero, como en todo el país existe y se mantiene una forma republicana de gobierno, en el que existen tres Poderes públicos,  Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el primero representado por el presidente de la república, a nivel federal y por los gobernadores de los estados, en las entidades federativas, además de los respectivos Congresos, el de la Unión y los estatales, aparte de los Tribunales Superiores de Justicia, como cabezas del Poder Judicial.

Cada uno tiene debidamente delimitadas sus funciones y alcances en las leyes supremas constitucionales y hasta donde se advierte cada uno de esos Poderes cumple con su obligación en la medida en que las circunstancias y las condiciones del país lo permiten.

Sin embargo, no falta la “competencia”, representada por otras instancias que suponen que pueden hacer el trabajo del gobierno en mejores condiciones de lo que se realiza en la actualidad.

Uno de esos casos es el del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvado Rangel Mendoza, quien supone que está en condiciones de pacificar al estado, lo que, señala, no ha hecho el gobierno, de modo que pretende atribuirse funciones y capacidad legal para resolver el problema de la violencia y la inseguridad, a través de dialogar con los grupos criminales y extenderles por anticipado la amnistía que promueve ahora el casi presidente electo, AMLO, pero el jerarca religioso no advierte que sus propuestas para alcanzar la pacificación son ilegales, porque no se puede dialogar y establecer acuerdos con los delincuentes, porque sólo cabe la aplicación de la ley.

Cómo negociar con los integrantes de la delincuencia organizada, los que evidentemente, nunca van a abandonar sus acciones delictivas, porque para ceder en algunas cosas habría que darles libertad para hacer otras.

Por ejemplo, el obispo les permitiría negociar y enviar al norte no 5 toneladas de droga sino nada más 3 o se les autorizaría que si siguen eliminando a sus competidores, sólo pueden matar a 5 y no a 10 diarios, como lo hacen ahora.

Que eso es una exageración, puede ser, pero entonces que el señor obispo puntualice cómo y qué es lo que quiere negociar con la delincuencia organizada para que disminuyan la violencia.

No debe olvidar las sentencias de quien creó esa iglesia a la que sirve, en el sentido de que hay que “dar al César lo que es del César y a Dios los que es de Dios”.

Seguro que el obispo lo entiende. ¿Verdad?

OTRO QUE QUIERE LIMITAR LAS ACCIONES del gobernador es el presunto diputado local y posible coordinador de AMLO en el estado, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, a quien le parece que el gobernador del estado, HAF, no debe intervenir en las funciones del Legislativo estatal ni enviar iniciativas de ley o de reformas.

No hace falta comentar mucho al respecto, porque es evidente que a Pablo no le ha caído el veinte de las leyes y atragantado con lo que supone es el poder total que les dieron en las urnas busca imponer sus condiciones y su voluntad desde ahora, pero sólo demuestra su ignorancia y su incapacidad para actuar políticamente dentro de las normas y las leyes actuales que están plenamente vigentes.

Además, ya quedó de manifiesto que Amílcar es una farsa por sí mismo, ya que ha presumido ser licenciado en economía de la UNAM, con posgrado en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, porque nada de eso es cierto, ya que en su expediente universitario no existe registro de haber terminado una carrera y menos de haberse titulado, además de que en Yale sólo cursó un seminario académico.

Según la investigación realizada por el colega Jorge Romero no es licenciado en economía y menos con posgrados que se atribuye, por lo que incurriría en la usurpación de un título profesional y uso de documentos falsos.

De esa manera, Amílcar resulta inelegible como coordinador del gobierno federal en Guerrero, por sus deficiencias personales y profesionales.

Pero, aun así, cree y se siente cómo la máxima representación en Guerrero del omnipotente presidente electo, AMLO, que antes de poder encabezar a la nación, ya canceló la mayor parte de sus propuestas y promesas, que resultaron falsas, ya que sólo tenían el propósito de enganchar a los ingenuos, para que votaran por él, porque ya que lo logró rechaza y niega sus ofrecimientos, de modo que ahora el respaldo sólo se mantiene por la opción de que deben creer en él, sólo porque es él.

Siempre se ha dicho que es muy largo el tiempo que transcurre entre la elección y la toma de posesión de los nuevos funcionarios de gobierno, porque hay mucho espacio para el desgaste político, primero por las promesas abandonadas e incumplidas y por las diferencias con los integrantes de su gabinete, como es el hecho de que una de sus principales colaboradoras, propuesta para ocupar la Secretaría de Gobernación, la ex magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, manifestó su desacuerdo a la intención de obligar a los ministros a bajar su salario y evitar que sea mayor a los 108 mil pesos mensuales que supuestamente cobrará AMLO, porque asegura que lo que ganan no es excesivo si se toma en cuenta la alta responsabilidad que les corresponde cumplir.

El más reciente de sus proyectos frustrados es la descentralización de las secretarías del gobierno federal a los estados, que desde un principio se vio como una de las medidas propuestas más complicadas, porque implicaría enormes gastos en la construcción de edificios en los lugares a donde fueran cambiadas, pero sobre todo, enfrentaba el rechazo de cientos de miles de burócratas a quienes una decisión de esa naturaleza les cambiaría la vida y muchos tendrían que dejar su trabajo y exigir la indemnización correspondiente.

Por eso, el mismo AMLO reconoció en una entrevista que una cosa eran las promesas de campaña, que se hacían para atraer gente y otra el ejercicio del gobierno, donde hay muchas limitaciones para cumplir lo ofrecido.

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