Miguel Ángel Arrieta

La agenda prioritaria del próximo ayuntamiento morenista en Acapulco, seguramente será la réplica del proceso iniciado a nivel federal por Andrés Manuel López Obrador para rediseñar integralmente el ejercicio de la administración pública. De ninguna otra manera el nuevo gobierno municipal podrá desterrar la situación de desastre que refleja el principal municipio de Guerrero.

Por principio de cuentas, la alcaldesa electa Adela Román Ocampo dispone de espacios políticos para empujar nuevos alcances institucionales que vayan más allá de los tres años que corresponden a su gestión. La posibilidad legal de la reelección municipal y la permanencia de Morena hasta el 2024 en el gobierno federal, abren pausa para diseñar un plan de gobierno sexenal en lugar del tradicional pensado para un trienio.

El problema es que han transcurrido ya 16 días desde que ganó la elección, y la presidente municipal no ha presentado adelantos de lo que será su gobierno, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador que domina la agenda nacional con las transformaciones estructurales que implementará su administración.

Durante los últimos 15 años, el ayuntamiento de Acapulco ha perdido sus tres ejes funcionales; mantenimiento de infraestructura urbana; administración financiera transparente y gobernabilidad estabilizadora, y ha sustituido estas líneas con una amplia capacidad de corrupción.

De hecho, la pieza clave en la temática discursiva para contender por la titularidad del ayuntamiento, es la promesa para luchar contra el fenómeno corrosivo del poder municipal.

De ser así, el retraso de Adela Román para informar por donde comenzará la reorganización es justificable. A simple vista la corrupción se aprecia en:

Reglamentos, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Catastro, Tránsito municipal, Policía Preventiva, Protección Civil, Saneamiento Básico, Capama, Finanzas, Fiscalización, Zofemat, Sedesol, Aviadores, Sobresueldos, Gastos de gasolina, Adeudos con CFE, Maquinaria pesada, Excesivo personal en regidurías, Asesores de funcionarios, Asignación de contratos de obra pública, Revisión de proveedores, DIF municipal, Sindicalizados comisionados, Gobernación, Programa de becas, Policía Industrial y Bancaria.

Cada una de estas áreas permanece bajo un control arraigado de mafias de poder institucionalizadas contra las cuales los alcaldes en turno poco pueden hacer y terminan rindiéndose a las mismas, o asimilándose como parte de ellas.

Durante la pre campaña para obtener la candidatura del PRD a la alcaldía, Víctor Aguirre Alcaide presentaba una serie de propuestas para modernizar Acapulco integralmente, y cuando se le cuestionaba sobre como obtendría los recursos financieros necesarios, afirmó que se podía siempre y cuando se eliminarán los mil 200 aviadores que figuran en la nómina municipal.

Los resultados del domingo primero de julio generan la expectativa de que ese engranaje tiende a desaparecer si se interpreta el mensaje electoral. Lo malo es que quienes rodean a la alcaldesa electa están más preocupados por regresar al privilegio de ser parte de un gobierno, que por crear alternativas viables contra la contaminación administrativa.

Todo indica que el interés primario de quienes se ubican como integrantes del próximo gobierno, es hacer de la transición un simple cambio de nombres.

Por ahí comienza el desafío que encara Adela Román; los problemas de Acapulco no tendrán solución si se reducen a satisfacer ambiciones personales.

El primer reto de la alcaldesa radica en formar un equipo de profesionistas con honestidad probada, que le acompañen en la visión de construir una nueva forma de gobierno. O de lo contrario iniciará el trayecto hacia el empantanamiento de los buenos propósitos.