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Denuncian que Evodio Velázquez es un defraudador de Acapulco; deja enorme deuda.  

Acapulco es el municipio que mayores recursos aporta al estado para mejorar su economía, pero también es el escenario de la peor corrupción que se ha dado en el estado, al grado de que acusan al alcalde saliente Evodio Velázquez Aguirre de dejar la peor deuda municipal, que alcanza la suma de mil millones de pesos.

Este señalamiento lo hizo directamente el dirigente del Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton Aburto, antecesor de este gobierno que termina, y fue a ese gobierno al que le hicieron varios reconocimientos a la administración de ese empresario por el buen manejo de la comuna porteña.

Todo lo contrario de lo que sucede ahora con Evodio, que definitivamente demostró que llegó a la alcaldía sólo a robar y beneficiarse personalmente, aunque para eso incurriera en los peores abusos y excesos de corrupción con su familia y sus colaboradores, como lo demostró aquel episodio de  cinismo y desvergüenza de su sector de turismo, cuando dos borrachos presumían los fajos de billetes de 500 pesos, que representaban “el queso para sus enchiladas”.

Hay demasiada desfachatez en la actitud de esos perredistas ladrones que lucían el producto de sus fechorías en forma pública, como para permitir que todo eso quede en la impunidad y dejar que “Evodio y sus 40 ladrones” puedan retirarse sin hacer frente a la justicia, por lo que deben ser investigados, señalados, encauzados y encerrados un buen tiempo, para que paguen con cárcel los abusos que cometieron.

Debería mantenerse vigilancia sobre el grupo de los mañosos y corruptos que encabeza Evodio, para evitar que una vez que entreguen la administración salgan huyendo para escaparse de la acción de la justicia, aunque a estas alturas, a 10 días de entregar el cargo, es muy posible que varios de ellos ya hayan puesto terreno de por medio, para evitar que la guadaña de la justicia caiga sobre ellos en los últimos días de su lamentable administración.

TAMBIÉN CHILPANCINGO ENFRENTA UN CIERRE DE GOBIERNO BASTANTE COMPLICADO.

En la capital del estado no se puede presumir que pueda darse un cierre de gobierno en forma sencilla y sin complicaciones, porque efectivamente hay una serie de problemas que se han manifestado en estas últimas semanas, con lo que ha impedido que pueda darse un cambio de administración en buenas condiciones.

Son embargo, la situación de la capital es muy diferente de la de Acapulco, porque en este caso no se habla de corrupción, aunque los opositores lo presentan como una mala administración, porque hay adeudos por varios motivos, pero lo explica el alcalde Marco Antonio Leyva Mena, por la falta de recursos suficientes para salir sin heredar ningún endeudamiento.

Hay claras señales de que gente fuera y dentro del ayuntamiento hay quienes que son parte de algunos grupos que sólo buscan crear problemas y por eso, de repente aparecen todos los que quieren cobrar, como las pipas de agua, los de “la basura jefa”, los trabajadores de Capach, los del Sindicato Independiente y otros más, pero en realidad no hay con qué pagarles.

Se advirtió que incluso los directivos del Congreso saliente estaban decididos a hacer todo lo necesario para no dejar que terminara bien este trienio, pues incluso retrasaron varios meses la reincorporación del alcalde titular.

Es difícil que los municipios, que son los patitos feos de la administración pública, en cuento a asignación de presupuestos logren terminar en óptimas condiciones.

En Acapulco, la corrupción marca el final de este mal trienio y en Chilpancingo las corrientes políticas encontradas evitaron que se pudiera mejorar el cierre trianual.

CUATRO AÑOS DEL CASO AYOTZINAPA; INICIAN DESMANES Y VIOLENCIA.

Estamos a una semana de que se cumplan cuatro  años del asesinato de varios normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de los 43, que según la versión de la PGR, fue asesinados y sus cuerpos calcinados en Cocula, para esparcir las cenizas y huesos en el río San Juan, lo que los padres y sus muchos asesores locales y extranjeros niegan, aunque hasta ahora no han ofrecido una versión paralela que ofrezca aunque sea indicios elementales de que haya ocurrido otra cosa con los que suman ya 48 meses en calidad de desparecidos.

Los muchos abogados, voceros, expertos y asesores, que llevan el mismo tiempo viviendo de ese caso, no se cansan de negar todo lo que aportó la PGR, con todos sus detalles y conclusiones, y exigen que se haga una nueva investigación que se genere una Comisión de la Verdad y que sea el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien se haga cargo de esa nueva indagatoria, para ver si es posible que aporte una nueva conclusión.

Por lo pronto se demuestra que para los ayotzinapos y los grupos que los apoyan, la exigencia de una nueva investigación en busca de conclusiones que los satisfagan, pasa necesariamente por la violencia y el vandalismo, como lo hicieron hace unos días, cuando destrozaron una patrulla de la Policía Federal en Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo.

Esas acciones fuera de la ley fueron precisamente las que los llevaron al grave problema de Iguala, donde la delincuencia organizada decidió eliminarlos, al suponer que se trataba de un grupo contrario que iba a disputarles la plaza, situación que se agravó por la existencia de un autobús que los normalistas pretendían secuestrar, en el que estaba una importante carga de drogas, que tenían como destino la ciudad yanqui de Chicago.

Ahí no hubo un enfrentamiento con el gobierno, porque los policías de esa ciudad estaban coludidos y dedicados a proteger los bienes de los delincuentes del grupo Guerreros Unidos, además de que tenían como su jefe principal a José Luis Abarca, metido también, junto con su esposa, María de los Ángeles, con la banda de los Guerreros Unidos.

Estos son datos duros que en ninguna investigación pueden cambiar, de modo que exigir otra salida y solución no es posible y si acaso podrían agregarle algunos detalles, pero el grueso de esta información no puede ser modificada, porque hay muchos elementos que lo comprueban.

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Para el fiscal general de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, el paso por el congreso este martes 18 de septiembre, fue un como el simulacro del sismo del 19 de septiembre, que desde 1985 se lleva a cabo en todo el País, buscando sembrar una nueva cultura en un régimen que ha limitado la formación ciudadana.

Sin intentar hurgar en los pensamientos de los diputados de Morena que promovieron su comparecencia, sí debemos tener claro que la acción tiene una causa (la causa de la causa es la causa del mal causado) y una repercusión, como lo vería cualquiera que conozca algo de lógica formal.

Y la cola de la serpiente se mostró cuando entre una serie de preguntas aparentemente sin sentido, a manera de distractor, o de simple presión sicológica  (como cuánto gana, cuantos escoltas tiene, dónde vive, dónde se hospeda, como consiguió el informe del RPP que cualquier ciudadano puede obtener), le externaron una pregunta que no tenía que ver con ninguna casa en Las Brisas, que supuestamente él había adquirido en 10 millones de pesos y cuya publicación en el diario Reforma se usó como argumento para citarlo, sino con algo que parecía no venir al caso:

-¿Tiene usted problemas con el anterior Fiscal?

Y la contundente respuesta:

-Yo no tengo con él ningún problema, pero no sé si él conmigo los tenga. Y luego el complemento:

-No detendremos los cambios que venimos haciendo al interior de la Fiscalía, para dar un mejor servicio, para desterrar malas prácticas. (No lo dijo así, exactamente, así lo interpretó el escribidor).

Según ese pequeño intercambio, alguien en la legislatura 62, tiene algún dejo de sospecha de que la nota del diario Reforma fue inducida, tema que, por supuesto no da para ser motivo de debate en ningún congreso durante alguna comparecencia, pero quien tiene esa sospecha, tuvo la astucia de sacarlo a la luz en plena tribuna, como cuando en las redes sociales alguien deja algo controvertido y se aleja lentamente...

El asunto objetivo, más allá de las especulaciones, es que el Fiscal fue señalado en un diario de circulación nacional de haber adquirido una residencia que tendría un costo mayor al de sus ingresos, lo que, de no aclararse, le presentaría ante la opinión pública como un funcionario de poca probidad pues si gasta más de lo que gana, entonces se entiende que tiene otros ingresos o que incurriste en algo ilegal para hacerte de una propiedad para la cual no te alcanzaría. 

En ese sentido, el Fiscal estaba obligado a comparecer. La llamada de los diputados de Morena, en particular de Arturo Martínez Núñez y Mariana García Guillén, en vez de verse como un intento de afectarlo, debería de analizarse como una invaluable oportunidad de que el funcionario limpiara su nombre en la más alta tribuna del estado. No en cartitas aclaratorias que se publican en la página 13 a un octavo de plana, como le hizo el Reforma, sino en el Congreso, y más aún, un congreso de mayoría opositora, saliendo bien librado de ésta. 

Si alguien lo planeó, debe ponérsele una estrellita en la frente.

Fueron sus opositores, del partido de la Cuarta transformación, quienes le pusieron el estrado de más alta investidura, para que explicara claramente que no es propietario de la residencia que se le adjudica, que la nota en mención careció de rigor periodístico (recurso explicable cuando se tiene una primicia y se teme que otro te la gane) o al menos de datos contundentes, pensando en que fuera producto de una investigación aún no concluida y no de una inserción pagada firmada por el staff de un medio prestigioso en el ámbito editorial.

En realidad, la conclusión de tal comparecencia sería que el Fiscal salió ganando, pero que sus convocantes, los diputados de Morena, también salieron con honores pues sirvió para enviar el mensaje de que las denuncias periodísticas no serán ignoradas, como antaño en que unos se protegían a otros, sino que esa mayoría guinda ha optado por la transparencia y por exigir a los funcionarios que no solo sean probos, sino que también lo parezcan, es decir, que no hagan cosas buenas que parezcan malas, que cuiden su buen nombre, pues cualquiera, como dijo el diputado Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, coordinador de la fracción de Morena, cualquiera, puede ser llamado a comparecer. Eso sí es empujar una nueva cultura, en la que se muestra como el equilibrio de poderes sirve para garantizar el fin de funcionarios que entran pobres a sus cargos y salen millonarios.

Un elemento adicional fue la demostración de las tablas en la tribuna de los diputados Martínez Núñez y García Guillén, que demostraron su capacidad argumentativa y el buen uso de la semántica, frente al triste papel de los legisladores del PRD que subieron a mostrarse como aparentes comparsas.

Podría decirse que el fiscal si vio venir el temblor y tuvo tiempo de evacuar, como en los simulacros donde la gente sale en el plazo estimado, como esperamos ocurra en el macrosimulacro de hoy en todo el País.