Aunque el eje temático de la propuesta lopezobradorista es acaparado por asuntos de elevado impacto mediático –NAIM, derogación de reforma educativa, reglas radicales de austeridad y proyecto económico bilateral México-USA-, hace dos semanas el presidente electo emitió un mensaje que sin levantar tanta polvareda representa el comienzo de la desarticulación de un modelo que durante décadas ha mantenido a Guerrero en el rezago presupuestal educativo.

En un encuentro con los rectores del país integrados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, (ANUIES), en el que intercambio saludos y comentarios con el titular de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo primero de diciembre firmará un acuerdo con las universidades públicas y privadas para mejorar la educación superior.

Independientemente del simbolismo que guarda la firma de ese documento, ya que precisó hacerlo antes de rendir protesta como titular del Ejecutivo federal para subrayar la preferencia que merecerá la educación universitaria en el próximo sexenio, López Obrador indicó que a partir del 2019 la base para la asignación presupuestal a las universidades serán los recursos otorgados en 2018, a los que se sumará el impacto de la inflación, es decir, serán montos indexados.

De entre todos los discursos pronunciados en el encuentro con rectores, el espacio dedicado por Andrés Manuel al renglón financiero se interpretó como la respuesta a un reclamo generalizado manifestado por lo menos durante los últimos 30 años por los rectores, sin que hasta el momento hayan encontrado un interlocutor que alivie la crisis presupuestal que encaran la mayoría de instituciones universitarias, pero con mayor énfasis aquellas localizadas en estados pobres.

Prácticamente, desde la agudización de la crisis del 2008 y sus consecuentes ajustes anuales aplicados al presupuesto de egresos de la federación, los rubros mayormente castigados son los referentes al bienestar social, la educación y cultura. 

De ahí que cuando el presidente electo confió a los rectores tener bien claro que el problema más crítico al que se enfrentan las universidades es el raquítico financiamiento, los asistentes a la 28 reunión de la ANUIES percibieron lo que puede ser el primer paso para romper con visiones absolutistas de la educación superior, y establecer comunicación expedita con los funcionarios que se harán cargo del aparato público educativo.

La rigidez sobre la que se desplazaron los titulares de la SEP en el tramo 1988-2018, generó laberintos burocráticos en los que los rectores tardaban hasta un semestre para obtener respuesta a una petición de apoyo presupuestal.

En este contexto, un grupo de rectores prefirieran establecer la ruta se cabildear cada año en la Cámara de Diputados con el propósito de lograr que fueran los legisladores quienes etiquetaran los recursos requeridos para cumplir con programas educativos y compromisos salariales.

Por lo pronto, el caso UAGro es emblemático de la situación por la que atraviesan poco más de 15 casas de estudios superiores en el país: al finalizar el ciclo escolar 2017-2018, la Universidad Autónoma de Guerrero reportaba emergencia financiera debido al déficit de 180 millones de pesos que registra, a lo que se suma la falta de presupuesto para cubrir 40 mil horas por pagar a maestros.

Eso sin contar que el déficit presupuestal se ha reducido gradualmente, ya que al iniciar el periodo de Saldaña Almazán alcanzaba los 300 millones de pesos aproximadamente.

De hecho, una de las encrucijadas financieras de la UAGro se deriva de que la máxima casa de estudios de Guerrero tiene 600 mandos medios y superiores, entre ellos directores y subdirectores, que no tienen techo presupuestal. Y a ese rubro se agrega una plantilla de plazas administrativas que tampoco están consideradas por falta de presupuesto financiero.

La profundidad del problema financiero de la UAGro no termina ahí: la institución también carece de recursos para jubilar a 380 trabajadores que se encuentran en edad de abandonar el empleo. Para cumplir con este concepto se necesitan alrededor de 800 millones de pesos que no tiene la administración universitaria.

Las 380 solicitudes de universitarios con más de tres décadas de servicio, incluyen un reclamo del pago de 15 días de salario por año laborado, según sus condiciones contractuales. Es decir; un maestro con un salario promedio mínimo de 10 mil pesos quincenales en la UAGro, al momento de jubilarse estaría recibiendo más de 300 mil pesos sólo de esta compensación.

Otra de las encrucijadas financieras de la UAGro se deriva de que la máxima casa de estudios de Guerrero tiene 600 mandos medios y superiores, entre ellos directores y subdirectores, que no tienen techo presupuestal. Y a ese rubro se agrega una plantilla de plazas administrativas que tampoco están consideradas por falta de presupuesto financiero.

El problema es que esas limitaciones son apenas la punta del iceberg, y en consecuencia la administración de la UAGro dedicó el último bimestre a la elaboración de un diagnóstico financiero de todas las unidades académicas, para analizarlo con el próximo gobierno federal.

En cifras, la UAGro tiene 89 mil 189 estudiantes en el Nivel Medio y Superior; cuenta con 75 licenciaturas, 48 preparatorias y 29 posgrados de alta calidad reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En este año, la UAGro becó a 47 mil estudiantes en diversos programas para reducir los índices de deserción escolar; en materia de inclusión y multiculturalidad, la máxima casa de estudios suma a 10 mil estudiantes de origen indígena.

La universidad cuenta con 97 cuerpos académicos; 470 profesores con perfil deseable; 135 profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 350 docentes con maestría o doctorado.

Al final de cuentas, si se reconstruye el trato universidades-federación como lo proyectó López Obrador, se cumplirá aquello de que la política es lo que se ve y se palpa, no lo que se escucha. — con Omar Saldaña Almazán.