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*Pioquinto, si entras al Ocotito te pueden asesinar: Ricardo Moreno A.

*Bruno Placido no entres a Quechultenango: Jefe de plaza.

Acapulco Guerrero 1º de Febrero.- Las amenazas a los líderes y promotores de las Policías Comunitarias en el estado de Guerrero, Bruno Placido Valerio y Pioquinto Damián Huato, ya habían sido documentadas, sin embargo, y pese a lo previsible del peligro, ni la Procuraduría de Justicia del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, tomaron cartas en el asunto. El día 29 de enero, Pioquinto fue tacado por grupos armados en las goteras de Chilpancingo, en donde murió su nuera y su hijo quedó herido, en tanto que Bruno Placido Valerio, el viernes 31, fue interceptado por el jefe de Plaza de la zona, sobre la carretera a Colotlipa cuando se dirigía a una reunión convocada por los pobladores que piden el ingreso de las Autodefensas, en ese punto le advirtieron que no entrara a Quechultenango.

LOS HECHOS

El atentado fallido en contra del político y empresario Pioquinto Damián Huato y por el cual perdió la vida su nuera Laura Rosas Brito, y resultó lesionado su hijo Valter Damián Bautista, ocurrió la noche del pasado 29 de enero y ya era una asunto cantado, Ricardo Moreno Arcos, hermano del Alcalde, un mes antes, ya le había advertido “Pioquinto, si entras al Ocotito te pueden asesinar” a esta intimidación y posterior atentado, se dio otra en contra de Bruno Placido Valerio líder de los comunitarios, el pasado Viernes 31 de enero cuando el jefe de plaza de Quechultenango con un grupo de sicarios, lo interceptaron sobre la carretera a Colotlipa y le advirtieron: “Simpatizamos con el movimiento que está encabezando el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, pero en Quechultenango y sus comunidades no hay secuestros, ni extorsiones, ni se agrede a la población civil, y  al menos en esa zona no hay razón de ser para un movimiento de autodefensa; aquí todo está bajo control”

Esta amenaza se dio, después de que Bruno Placido uno de los líderes de la (UPOEG) había advertido “Exigimos al gobierno que detengan a los responsables (del atentado en contra de Pioquinto) o iremos a poner orden, porque ellos no pueden poner orden”. En aquella declaración Bruno señaló como responsable del atentado al propio alcalde priista Mario Moreno Arcos, a su hermano Ricardo de los mismos apellidos, y al capo conocido con el apodo de El Melox, jefe de Los Rojos en el Valle del Ocotito, y que según comunitarios, es protegido de los hermanos Moreno. A estos señalamientos, se agregaron declaraciones en torno a que los mandos de la policía preventiva de la Capital del Estado, conformaron desde el trienio anterior de Moreno Arcos, el grupo denominado Comando Negro, encargado de quitar de en medio a los enemigos del jefe.

COMUNITARIOS ENTREGAN LISTA DE “LOS ROJOS” AL EJÉRCITO

Dirigentes de la UPOEG señalaron que habitantes de la zona del Ocotito solicitaron el apoyo de las Autodefensas para enfrentar a la delincuencia y entregaron una lista de nombres del grupo delincuencial que tiene asolada la región denominada “Los Rojos” comandada por un sujeto apodado el Melox, cabe aclarar, que esta célula criminal,  en el avance de los comunitarios a inicio de la semana antepasada, fueron expulsada del valle de El Ocotito y se refugiaron en el poblado de Mazatlán, a este respecto la dirigencia de la UPOEG, dijo que, ya entregaron al Ejército una lista de los delincuentes, en donde viven, y bajo las ordenes de quien trabajan, estos nombres, ya está en manos de los militares, concluyó el informante de quien omitimos su identidad por obvias razones.

LOS SEÑALAMIENTOS DE PIOQUINTO

En sus declaraciones Pioquinto Damián Huato hace señalamientos directos en contra de personas con nombre y apellido, dice: “Hace más o menos un mes, recibí varias invitaciones del hermano de Mario Moreno, Ricardo, quien es subdelegado de la Sedesol a comer a El Carrizal. "Sabía que si yo entraba al territorio de El Ocotito, iba a ser asesinado”. Fue un ataque perfectamente planificado, nos atacaron por el lado izquierdo, por la parte trasera y el lado derecho, donde la primera camioneta sin detenerse nos rafaguio; de la segunda se bajaron dos tipos rafagueando la camioneta, fueron segundos catastróficos. Un buen samaritano se detuvo y nos auxilió trasladándonos a petición nuestra a las instalaciones de la 35 Zona Militar; salvo mi hijo Valter quien no quiso abandonar a su esposa y a quien desesperadamente le daba respiración de boca a boca tratando de reanimarla. Ratifico, me encuentro bien de salud, no estoy herido y por voluntad propia me encuentro bajo el resguardo de la 35 Zona militar para mi propia seguridad. A la sociedad Guerrerense le pido que si quieren manifestarse lo hagan pacíficamente.

Exprese en mi querella, mi acusación directísima en contra de Mario Moreno Arcos, Presidente Municipal de Chilpancingo, de su Hermano Ricardo de los mismos apellidos y de los que trabajan y operan desde la Dirección de Gobernación Municipal. Aclaro que, cuando salimos de mi casa el Sr. Oscar, Pepe Lobato y demás supervisores de esa dirección ya me estaban esperando.

Si Mario Moreno Arcos realmente quiere coadyuvar con las investigaciones debe de pedir Licencia al cargo y permitir que se realice libremente la indagatoria del caso. Solicito también del Gobierno Federal, concretamente de la PGR se le investigue a él y demás acusados, por delincuencia organizada. El Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, tendrá que empezar a limpiar la casa por dentro, si no todo empeño en materia de seguridad será nulo.

LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES DE LA FEDERACIÓN

Está establecido, que desde 24 horas antes del discurso de Pioquinto Damián en el Valle del Ocotito, fueron vistos vigilando su domicilio a los empleados de gobernación municipal José Lobato y Oscar “N” y con ellos, un sujeto apodado “La Pacha”, el que según el informante, pertenece al grupo de “Los Rojos”. Agrega la indagatoria, que el día del atentado, el 29 de enero, antes de que Pioquinto fuera a Mazatlán (poblado localizado a quince minutos de Chilpancingo), vieron a Oscar dándose grasa en los zapatos y más adelante a José Lobato en una camioneta Dakota color blanco con vidrios polarizados y con gente en su interior. Una vez en el Ocotito, Pioquinto subió al templete en donde ya lo esperaban el alcalde Moreno Arcos y  Bruno Plácido, y en su discurso, señaló al alcalde de la Capital de estar coludido con la delincuencia organizada y lo llamó Narco Alcalde. Ya en Chilpancingo, alrededor de las ocho de la noche, en el paso a desnivel del parador del Marqués se registró el atentado.

De acuerdo con testigos, tres camionetas interceptaron el vehículo Honda placas HAB3839 de Guerrero, donde viajaba Pioquinto y su familia, de una de los vehículos, una Honda CRV color plateada bajaron dos hombres portando fusiles de asalto R-15 y comenzaron a disparar, la primeras ráfagas terminaron con la vida de la nuera del político y dejaron lesionó a su hijo que manejaba la unidad. El empresario viajaba en la parte trasera y resultó ileso. Previo a la emboscada, Después del atentado Damián Huato se refugió en la Zona Militar.

En las últimas horas, en la zona de Taxco de Alarcón, cerca de las grutas de Cacahuamilpa, en la región de Quechultenango, Mazatlán y Chilpancingo, se han dado enfrentamiento entre fuerzas de Autodefensa apoyados por militares, en contra de grupos delincuenciales con saldo aún no conocida, pero ya se habla de por lo menos ocho muertos.

Lo que está sucediendo ahora en el vecino estado de Michoacán, no es para nada diferente a lo que ocurrió hace varios meses atrás en el estado de Guerrero, cuando las fuerzas federales, atendiendo el llamado del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, acudieron a enfrentar a los grupos criminales que envolvieron en forma violenta y drástica la mayoría de los municipios y provocaron el surgimiento de los llamados grupos de autodefensa que ocuparon territorios rurales y urbanos que estaban en una situación de indefensión frente a quienes se dedicaban a la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, la violación de mujeres y la venta de estupefacientes en forma impune.

La aparición de los grupos de autodefensa o comunitarios en el estado de Michoacán fue provocado por cuestiones similares a las de Guerrero, donde los carteles de las drogas, obligaban a los productores y a los explotadores de minas o comerciantes de cualquier tipo y nivel e incluso a funcionarios públicos de los ayuntamientos y el gobierno estatal, a entregarles ciertas cantidades de dinero en forma mensual o de lo contrario sufrirían de actos violentos.

En Guerrero está sobradamente documentado que los empresarios de los principales municipios se quejaban de ser igualmente tratados por los criminales y extorsionados, con la complacencia y muchas de las veces, con la participación de las propias autoridades policiacas que permitían, coadyuvaban y operaban a favor del crimen organizado.

La respuesta del gobierno estatal fue siempre el que no estaban preparados para enfrentarlos y que solo con la participación de la federación podrían hacerle frente a este flagelo  que no solo consistíría en erradicar la producción y comercialización de drogas, sino frenar y desterrar los delitos del secuestro, extorsión, pago de piso y violación a mujeres que cometían y siguen cometidno las bandas de criminales.

Lo que había entonces en la entidad era a luces, un gobierno fallido, un gobernante que no tenía posibilidad de cumplir con su responsabilidad primigenia de otorgar seguridad pública y protección a los ciudadanos, acompañado de gobiernos municipales igualmente débiles e indefensos, pero sobre todo cooptados por los cárteles de las drogas.

El gobierno federal llegó a Guerrero en auxilio a la población y realizó una serie de acciones para descontaminar primero a las fuerzas policiales del estado y los ayuntamientos, los cuales por cierto, salieron mal calificados y por ende imposibilitados a ser parte de las nuevas corporaciones de seguridad pública.

La violencia desatada en las regiones de la tierra caliente, de la capital del estado, en la región de la costa chica y la montaña y en el municipio de Iguala y Acapulco, tuvieron sus etapas de contención y lograron disuadir a los cárteles de las drogas y evitar los enfrentamientos violentos, los cuales ahora se dan en diferente contexto y en lugares alejados de los centros urbanos.

La situación de Guerrero en el caso de su incapacidad para atender la demanda social,  no solo disminuyó sino que se agravó con la presencia de los fenómenos naturales que azotaron la región durante el pasado mes de Septiembre y que afectó seriamente a varias regiones y particularmente a municipios como Acapulco, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo, Coyuca de Benítez y Tixtla.

Los daños causados no han sido reparados y las familias damnificadas han sido poco menos que atendidas por los gobiernos federal y estatal, no digamos por las autoridades locales que fueron desde un principio hechas a un lado por la federación.

Durante los eventos realizados por los gobiernos federal y estatal para atender a los habitantes damnificados, una vez mas el gobernador Aguirre Rivero fue seriamente cuestionado por la ciudadanía que solicitó al mismísimo presidente de la República, Enrique Peña Nieto que la ayuda se canalizara a través de funcionarios federales pues no se tenía confianza en el gobierno estatal.

Una vez más, el gobierno local quedó expuesto ante la federación como una institución desacreditada, lo cual vino a agravarse con el pronunciamiento del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong al prometer a los ciudadanos de Acapulco una amplia investigación sobre los acontecimientos de la tormenta tropical Manuel que devastó varias comunidades aledañas a la zona de playas conocida como Acapulco Diamante y que fueron víctimas de las ambiciones desmedidas de funcionarios locales, estatales y federales que unidos otorgaron permisos y licencias de construcción y funcionamiento de casas habitación, establecimientos comerciales, decisiones que fueron los causantes de la  grave destrucción de la flora y fauna impactando negativamente la ecología y el medio ambiente del área.

Frente a este cuestionamiento, tanto el gobernador Aguirre como el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, oficiosamente ofrecieron su concurso para integrar los expediente y dar así con los culpables del desastre en la zona devastada por el fenómeno Manuel.

Sin embargo, la investigación quedó truncada al no entregar ni en tiempo ni en forma los documentos ofertados por ambos gobernantes a la federación y la promesa de entregar resultados por parte del gobierno federal y particularmente por el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong quedó en el limbo.

Las organizaciones civiles involucradas en esta demanda de esclarecimiento de los hechos, tampoco han realizado el trabajo que les corresponde como sociedad civil para presionar a las autoridades y demandar que se haga justicia y se corrijan las anomalías que existan todavía en el plan director urbano de Acapulco y particularmente para aquella zona afectada.

Tras el impasse de la tormenta, la inseguridad pública volvió a retomar su importancia en la entidad y cada dia mas grupos de autodefensas aparecían a lo largo y ancho de la entidad, lo cual provocó que el propio gobierno tratara de unificarlos y al fracasar en el intento, promovió ante el Congreso del estado una iniciativa de ley para constituir en el estado la figura de la policía rural, a fin de que esta nueva figura fuese atendida por grupos comunitarios o autodefensas, las cuales, una vez promulgada la ley mencionada, rechazaron tajantemente integrarse como policías rurales.

Ha sido no tradición sino una consecuencia, que las leyes que se emiten por parte del legislativo son siempre consecuencia de una demanda social y en esta ocasión no resultó así sino que fue consecuencia de una clara intención del gobierno estatal para cooptar a quienes se alzaron en armas contra la inseguridad pública y la presencia de criminales comunes u organizados en sus regiones que no eran ni son hasta ahora, combatidos por las autoridades locales ni estatal y en forma circunstancial son enfrentados por las autoridades federales.

En Guerrero, tras todos estos acontecimientos, el gobierno federal y particularmente el presidente Peña Nieto, llegó hasta la mismísima capital del estado para dar a conocer que en este año del 2014 se invertirán dentro del llamado Plan Nuevo Guerrero poco mas de 30 mil millones de pesos en diferentes obras, las mas, en infraestructura carretera y menos en obras sociales y para la reconstrucción de los municipios dañados por los pasados fenómenos naturales se entregarían poco más de 7 mmil millones de pesos.

Sin embargo, quedó claramente especificado que los recursos que serán invertidos en Guerrero van a ser manejados por la federación y no por el gobierno estatal, menos por los ayuntamientos, ya que existe ahora, una amplia desconfianza de la federación en la forma como en Guerrero los recursos públicos son utilizados y donde no existe la mas mínima praxis de transparencia y rendición de cuentas y si en cambio está clasificada la entidad como una de las tres con el mas alto grado de corrupción.

Con tal motivo, la federación desplegó en Guerrero a dos personajes para atender los asuntos de la seguridad pública y el desarrollo social que son nada menos que el comisionado nacional de seguridad pública federal, dependiente de la secretaría de Gobernación, Manuel Mondragón y Kalb y la secretaria de desarrollo social, Rosario Robles Berlanga.

Luego entonces, la entidad quedó intervenida y el gobernador Aguirre maniatado u debilitado para operar a sus anchas y para hacerse de recursos frescos para operar este año pre electoral.

Lo ocurrido en los últimos días en el estado con las autodefensas y la inseguridad pública—que será materia de otra reflexión—es reflejo de la ausencia de gobierno y de que la procuración de justicia no es mas que una entelequia ya que no tiene ni los equipos necesarios para investigar mucho menos los agentes preparados para llevar a cabo tales labores.

Esta es una realidad que duele y cala frente a una situación caótica que se vive en materia de la prevalencia del estado de derecho tal y como hace unas semanas calificó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al realizar en terreno una investigación a fondo sobre la operatividad de los grupos comunitarios y de autodefensa en Guerrero.

Lo que pasa en el vecino estado de Michoacán es cuantitativamente similar a lo de Guerrero, salvo la forma como el gobierno federal implementó su estrategia para combatir al crimen organizado y para regularizar a los grupos de autodefensa que estaban implementando ya, como grupos paramilitares, acciones efectivas contra el enemigo común que son los carteles de las drogas y los grupos que los estaban extorsionando.

Allá en Michoacán existe un comisionado plenipotenciario para decidir sobre seguridad y desarrollo. Su actuación ha resultado en poco tiempo efectiva y efectista, sin embargo, en Guerrero, los comisionados para la seguridad no han operado en la misma forma y no han frenado ni al crimen organizado quienes no han disminuido su accionar para la extorsión, la violación, el secuestro y la venta de drogas y por otro lado, la comisionada para el desarrollo social no ha logrado implementar con éxito ni siquiera la cruzada nacional contra el hambre, mucho menos la atención a los grupos de damnificados por las pasadas lluvias quienes todavía claman la presencia de la federación.

En Michoacán el gobierno también está intervenido. El gobernador Fausto Vallejo es solo un acompañante de la federación y nada puede opear con libertad, lo cual al igual que en Guerrero, para cada paso que deba de dar, debe solicitar permiso primero al gobierno federal.

Por eso causa hilaridad que el gobernador Aguirre diga que para frenar la violencia y la reproducción de grupos de autodefensa, no solicitará la intervención de la federación, cuando esta está ahí, en forma permanente, interviniendo y un ejemplo fehaciente y reciente es la presencia del comisionado nacional para la seguridad pública federal, Manuel Mondragón y Kalb quien el pasado viernes 31 de Enero estuvo presidiendo una reunión sobre el tema de Chilpancingo u quier fue no solo un mentís y un tapaboca para un gobrnante Aguirre quien no solo es un dependiente de la federación sino que vive  una creciente debilidad política e institucional como su homólogo Vallejo, lo que se puede visualizar desde ahora, precisamente a año y medio de las elecciones locales y la entrega del poder.

Periodista/Analista Político*

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