Lo que está sucediendo ahora en el vecino estado de Michoacán, no es para nada diferente a lo que ocurrió hace varios meses atrás en el estado de Guerrero, cuando las fuerzas federales, atendiendo el llamado del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, acudieron a enfrentar a los grupos criminales que envolvieron en forma violenta y drástica la mayoría de los municipios y provocaron el surgimiento de los llamados grupos de autodefensa que ocuparon territorios rurales y urbanos que estaban en una situación de indefensión frente a quienes se dedicaban a la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, la violación de mujeres y la venta de estupefacientes en forma impune.

La aparición de los grupos de autodefensa o comunitarios en el estado de Michoacán fue provocado por cuestiones similares a las de Guerrero, donde los carteles de las drogas, obligaban a los productores y a los explotadores de minas o comerciantes de cualquier tipo y nivel e incluso a funcionarios públicos de los ayuntamientos y el gobierno estatal, a entregarles ciertas cantidades de dinero en forma mensual o de lo contrario sufrirían de actos violentos.

En Guerrero está sobradamente documentado que los empresarios de los principales municipios se quejaban de ser igualmente tratados por los criminales y extorsionados, con la complacencia y muchas de las veces, con la participación de las propias autoridades policiacas que permitían, coadyuvaban y operaban a favor del crimen organizado.

La respuesta del gobierno estatal fue siempre el que no estaban preparados para enfrentarlos y que solo con la participación de la federación podrían hacerle frente a este flagelo  que no solo consistíría en erradicar la producción y comercialización de drogas, sino frenar y desterrar los delitos del secuestro, extorsión, pago de piso y violación a mujeres que cometían y siguen cometidno las bandas de criminales.

Lo que había entonces en la entidad era a luces, un gobierno fallido, un gobernante que no tenía posibilidad de cumplir con su responsabilidad primigenia de otorgar seguridad pública y protección a los ciudadanos, acompañado de gobiernos municipales igualmente débiles e indefensos, pero sobre todo cooptados por los cárteles de las drogas.

El gobierno federal llegó a Guerrero en auxilio a la población y realizó una serie de acciones para descontaminar primero a las fuerzas policiales del estado y los ayuntamientos, los cuales por cierto, salieron mal calificados y por ende imposibilitados a ser parte de las nuevas corporaciones de seguridad pública.

La violencia desatada en las regiones de la tierra caliente, de la capital del estado, en la región de la costa chica y la montaña y en el municipio de Iguala y Acapulco, tuvieron sus etapas de contención y lograron disuadir a los cárteles de las drogas y evitar los enfrentamientos violentos, los cuales ahora se dan en diferente contexto y en lugares alejados de los centros urbanos.

La situación de Guerrero en el caso de su incapacidad para atender la demanda social,  no solo disminuyó sino que se agravó con la presencia de los fenómenos naturales que azotaron la región durante el pasado mes de Septiembre y que afectó seriamente a varias regiones y particularmente a municipios como Acapulco, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo, Coyuca de Benítez y Tixtla.

Los daños causados no han sido reparados y las familias damnificadas han sido poco menos que atendidas por los gobiernos federal y estatal, no digamos por las autoridades locales que fueron desde un principio hechas a un lado por la federación.

Durante los eventos realizados por los gobiernos federal y estatal para atender a los habitantes damnificados, una vez mas el gobernador Aguirre Rivero fue seriamente cuestionado por la ciudadanía que solicitó al mismísimo presidente de la República, Enrique Peña Nieto que la ayuda se canalizara a través de funcionarios federales pues no se tenía confianza en el gobierno estatal.

Una vez más, el gobierno local quedó expuesto ante la federación como una institución desacreditada, lo cual vino a agravarse con el pronunciamiento del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong al prometer a los ciudadanos de Acapulco una amplia investigación sobre los acontecimientos de la tormenta tropical Manuel que devastó varias comunidades aledañas a la zona de playas conocida como Acapulco Diamante y que fueron víctimas de las ambiciones desmedidas de funcionarios locales, estatales y federales que unidos otorgaron permisos y licencias de construcción y funcionamiento de casas habitación, establecimientos comerciales, decisiones que fueron los causantes de la  grave destrucción de la flora y fauna impactando negativamente la ecología y el medio ambiente del área.

Frente a este cuestionamiento, tanto el gobernador Aguirre como el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, oficiosamente ofrecieron su concurso para integrar los expediente y dar así con los culpables del desastre en la zona devastada por el fenómeno Manuel.

Sin embargo, la investigación quedó truncada al no entregar ni en tiempo ni en forma los documentos ofertados por ambos gobernantes a la federación y la promesa de entregar resultados por parte del gobierno federal y particularmente por el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong quedó en el limbo.

Las organizaciones civiles involucradas en esta demanda de esclarecimiento de los hechos, tampoco han realizado el trabajo que les corresponde como sociedad civil para presionar a las autoridades y demandar que se haga justicia y se corrijan las anomalías que existan todavía en el plan director urbano de Acapulco y particularmente para aquella zona afectada.

Tras el impasse de la tormenta, la inseguridad pública volvió a retomar su importancia en la entidad y cada dia mas grupos de autodefensas aparecían a lo largo y ancho de la entidad, lo cual provocó que el propio gobierno tratara de unificarlos y al fracasar en el intento, promovió ante el Congreso del estado una iniciativa de ley para constituir en el estado la figura de la policía rural, a fin de que esta nueva figura fuese atendida por grupos comunitarios o autodefensas, las cuales, una vez promulgada la ley mencionada, rechazaron tajantemente integrarse como policías rurales.

Ha sido no tradición sino una consecuencia, que las leyes que se emiten por parte del legislativo son siempre consecuencia de una demanda social y en esta ocasión no resultó así sino que fue consecuencia de una clara intención del gobierno estatal para cooptar a quienes se alzaron en armas contra la inseguridad pública y la presencia de criminales comunes u organizados en sus regiones que no eran ni son hasta ahora, combatidos por las autoridades locales ni estatal y en forma circunstancial son enfrentados por las autoridades federales.

En Guerrero, tras todos estos acontecimientos, el gobierno federal y particularmente el presidente Peña Nieto, llegó hasta la mismísima capital del estado para dar a conocer que en este año del 2014 se invertirán dentro del llamado Plan Nuevo Guerrero poco mas de 30 mil millones de pesos en diferentes obras, las mas, en infraestructura carretera y menos en obras sociales y para la reconstrucción de los municipios dañados por los pasados fenómenos naturales se entregarían poco más de 7 mmil millones de pesos.

Sin embargo, quedó claramente especificado que los recursos que serán invertidos en Guerrero van a ser manejados por la federación y no por el gobierno estatal, menos por los ayuntamientos, ya que existe ahora, una amplia desconfianza de la federación en la forma como en Guerrero los recursos públicos son utilizados y donde no existe la mas mínima praxis de transparencia y rendición de cuentas y si en cambio está clasificada la entidad como una de las tres con el mas alto grado de corrupción.

Con tal motivo, la federación desplegó en Guerrero a dos personajes para atender los asuntos de la seguridad pública y el desarrollo social que son nada menos que el comisionado nacional de seguridad pública federal, dependiente de la secretaría de Gobernación, Manuel Mondragón y Kalb y la secretaria de desarrollo social, Rosario Robles Berlanga.

Luego entonces, la entidad quedó intervenida y el gobernador Aguirre maniatado u debilitado para operar a sus anchas y para hacerse de recursos frescos para operar este año pre electoral.

Lo ocurrido en los últimos días en el estado con las autodefensas y la inseguridad pública—que será materia de otra reflexión—es reflejo de la ausencia de gobierno y de que la procuración de justicia no es mas que una entelequia ya que no tiene ni los equipos necesarios para investigar mucho menos los agentes preparados para llevar a cabo tales labores.

Esta es una realidad que duele y cala frente a una situación caótica que se vive en materia de la prevalencia del estado de derecho tal y como hace unas semanas calificó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al realizar en terreno una investigación a fondo sobre la operatividad de los grupos comunitarios y de autodefensa en Guerrero.

Lo que pasa en el vecino estado de Michoacán es cuantitativamente similar a lo de Guerrero, salvo la forma como el gobierno federal implementó su estrategia para combatir al crimen organizado y para regularizar a los grupos de autodefensa que estaban implementando ya, como grupos paramilitares, acciones efectivas contra el enemigo común que son los carteles de las drogas y los grupos que los estaban extorsionando.

Allá en Michoacán existe un comisionado plenipotenciario para decidir sobre seguridad y desarrollo. Su actuación ha resultado en poco tiempo efectiva y efectista, sin embargo, en Guerrero, los comisionados para la seguridad no han operado en la misma forma y no han frenado ni al crimen organizado quienes no han disminuido su accionar para la extorsión, la violación, el secuestro y la venta de drogas y por otro lado, la comisionada para el desarrollo social no ha logrado implementar con éxito ni siquiera la cruzada nacional contra el hambre, mucho menos la atención a los grupos de damnificados por las pasadas lluvias quienes todavía claman la presencia de la federación.

En Michoacán el gobierno también está intervenido. El gobernador Fausto Vallejo es solo un acompañante de la federación y nada puede opear con libertad, lo cual al igual que en Guerrero, para cada paso que deba de dar, debe solicitar permiso primero al gobierno federal.

Por eso causa hilaridad que el gobernador Aguirre diga que para frenar la violencia y la reproducción de grupos de autodefensa, no solicitará la intervención de la federación, cuando esta está ahí, en forma permanente, interviniendo y un ejemplo fehaciente y reciente es la presencia del comisionado nacional para la seguridad pública federal, Manuel Mondragón y Kalb quien el pasado viernes 31 de Enero estuvo presidiendo una reunión sobre el tema de Chilpancingo u quier fue no solo un mentís y un tapaboca para un gobrnante Aguirre quien no solo es un dependiente de la federación sino que vive  una creciente debilidad política e institucional como su homólogo Vallejo, lo que se puede visualizar desde ahora, precisamente a año y medio de las elecciones locales y la entrega del poder.

Periodista/Analista Político*

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