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EXTIENDE ASTUDILLO 5 NUEVOS NOMBRAMIENTOS; MARIO MORENO VA A SEDESOL.

Las campañas electorales y hasta la necesidad de hacer algunos relevos en el gabinete estatal, el gobernador Héctor Astudillo extendió 5 nombramientos en las Secretarías de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de la Juventud, Secretaría de Asuntos Indígenas y en la subsecretaría de Finanzas. 

A la Sedesol entra Mario Moreno Arcos, un priista de amplia experiencia, destacado operador político del PRI, que en todas sus contiendas por algún puesto popular, ha resultado triunfador, como son los dos casos en que compitió por la presidencia municipal, una vez por una diputación local, y otras dos por la diputación federal del distrito 07, que incluye a los municipios del Centro del estado, con cabecera en Chilpancingo. 

Recientemente se desempeñó como delegado del ISSSTE en el estado, donde logró en poco tiempo que estuvo en ese lugar introducir ventajas importantes para los derechohabientes, para quienes se abrieron miles de créditos de corto plazo, por cerca de 2 mil millones de pesos, una gestión que no se había visto anteriormente en ese organismo de asistencia social. 

Por su amplio contacto con la ciudadanía de todo el estado, MMA podrá cumplir con una exitosa gestión al frente de esa dependencia del gobierno estatal, si se le proporcionan los apoyos necesarios para realmente cumplir una gestión destacada. 

En esa dependencia estatal, Mario Moreno podrá fortalecer sus lazos buenas relaciones con amplios grupos de los guerrerenses que requieren de apoyos diversos, lo que habrá de refrendar su posicionamiento ante los guerrerenses, que le permitirá plantear nuevas proyecciones políticas en el mediano plazo, sobre todo cuando se vengan las nuevas elecciones en el año de 2021, cuando tenga que elegirse al sucesor del titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero. 

En los nuevos nombramientos que decidió el gobernador Astudillo, Alan Ramírez Hernández, va a la Secretaría del Medio ambiente; Javier Rojas Benito, secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas; Luis Aguirre Justo, secretario de la Juventud, y Jaime Ramírez Solís, entra a la subsecretaría de Administración, en el lugar que dejó Tulio Pérez Calvo. 

Las renuncias que dieron lugar a estas designaciones fueron las de Alicia Zamora Villalva, en Sedesol; Karen Castrejón Trujillo, en Semaren; de Gilberto Solano en Asuntos Indígenas, y de Humberto Díaz, en la Sejuve. 

ADVIERTE SEGOB AL OBISPO DE CHILPANCINGO QUE EL GOBIERNO NO NEGOCIA CON CRIMINALES.

La Secretaría de Gobernación advirtió que la aplicación de la ley no se negocia con los criminales, como pretende hacerlo el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien ha adoptado una actitud fuera de la ley al reunirse con supuestos cabecillas de grupos delincuenciales, algunos de los cuales podrían tener participación en los asesinatos de los precandidatos que se dieron en meses anteriores, además de las decenas o cientos de muertes de civiles de grupos contrarios. 

El titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, hizo ver que el Estado mexicano tiene la obligación de aplicar la ley con todo el rigor necesario a quienes generan la violencia, además de estar obligado a buscarlos, aprehenderlos y someterlos a la justicia, para que paguen por los crímenes que han cometido en el estado de Guerrero, que suman cientos de casos. 

Planteó Navarrete, entrevistado después de un evento público, que el gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley de ninguna manera y que no existe ninguna posibilidad de que eso ocurra, porque no es un caso que esté a discusión, ya que “las leyes se acatan y se cumplen”. 

Realmente no es posible que el obispo Rangel, quien ha mostrado una conducta fuera de lo que le corresponde como ministro religioso, no tiene porqué andar buscando a los delincuentes para reunirse con ellos, dialogar y aparentemente ofrecer que no se les aplicará la ley a cambio de que no sigan matando candidatos en las regiones peligrosas del estado. 

El funcionario federal, responsable del combate a la delincuencia y de evitar que los ministros religiosos no intervengan en asuntos que son competencia exclusiva del gobierno, advirtió que han llevado este caso a la Conferencia del Episcopado Mexicano y con el arzobispo primado de México, para analizar la situación del obispo de Chilpancingo y decidir qué medidas deben aplicarse para evitar que intervenga en cuestiones que le son totalmente ajenas. 

No sería extraño que las autoridades religiosas de México y hasta del Vaticano decidan remover a este obispo que anda haciendo tratos con los mayores delincuentes que han causado tanto daño en el estado de Guerrero. 

REGISTRA EL PRI A SUS PRIMEROS CANDIDATOS LAS DIPUTACIONES LOCALES. 

Por solicitud de la dirigencia estatal del PRI, fue registrado un primer bloque de candidatos a diputados locales por la vía de mayoría relativa, entre los que están César Armenta Adame, del distrito 01, y ex secretario particular del gobernador Astudillo; Ricardo Moreno Arcos, al distrito 02, para regresar al Congreso del estado por medio de una elección, ya que en la actualidad ocupaba una diputación plurinominal. 

Hasta ahora, el priismo sólo registró a 11 de sus candidatos a diputados locales, de los que suman 28 que deben ganar en las urnas su curul, además de las 18 plurinominales, que se entregan a los partidos por la mayor cantidad de votos obtenidos. 

Otras propuestas priistas son la de Omar Jalil Flores Majul, quién buscará la curul del distrito 21, mientras que Abel Montúfar Mendoza competirá en el distrito 17, de Tierra Caliente. 

En el Distrito 04 se registró a María Edilma Galeana Mellín; en el 11 va Graciela González Carlino; en el 15 contenderá Alejandro Contreras Velazco; mientras que en el 23, de Huitzuco, va Héctor Ocampo Arcos; por el 26, Rosa Reyes Bello; en el 27, Rosalinda Mata Salcedo y por el 28, Nicolás Diego Herrera, alcalde con licencia de Alcozauca. 

El PRI estatal espera mantener la mayoría de las diputaciones locales, como ocurre en la actualidad, aunque la competencia va a ser bastante complicada y ahora son tres alianzas las que pelearán la mayoría de las diputaciones, como es el caso de la que encabeza el PRI, la del Frente del PRD-PAN y el de Morena. 

Habrá que ver de cuál cuero salen más correas. 

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Si realmente intenta colocarse en una posición competitiva, el candidato del Frente PRD-MC-PAN para la alcaldía de Acapulco, Joaquín Badillo, necesita emprender estrategias que lo desmarquen de la imagen de corrupción e incumplimientos del gobierno acapulqueño, y lo alejen de la percepción de padrinazgo aguirrista que aceptó orgullosamente sin calcular el saldo negativo acumulado por el ex gobernador a raíz de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

El problema para Badillo Escamilla es que sus estrategas lo han llevado a hacer lo contrario. Si existe un manual que fije los pasos para perder una elección, el candidato frentista lo sigue al pie de la letra.

El reconocimiento otorgado por Badillo a Evodio Velázquez permite que su campaña electoral sea endosada con los señalamientos de corrupción y deficiencias operativas que han distinguido al actual gobierno municipal. Resulta extraño que un candidato joven con discurso renovador permita que lo asocien en automático con la incapacidad para resolver el problema del agua potable, el surgimiento de nuevos personajes encumbrados económicamente después de su paso por cargos municipales, la inoperatividad contra la corrupción en Tránsito municipal y la falta de transparencia que ha distinguido a la administración de Evodio Velázquez.

El mensaje inicial de todo candidato intenta generar la percepción de una propuesta fresca y confiable, por lo que la cercanía entre él y el alcalde que presumió Jacko Badillo prendió los focos rojos en sectores ciudadanos y profesionistas observadores del desempeño municipal.

De hecho, los estrategas del propio candidato presidencial priista José Antonio Meade, quien debe su postulación a la designación del presidente Peña Nieto, han sido reiterativos en su recomendación de mantener una separación entre la imagen del abanderado tricolor y la figura del jefe del gobierno federal, ante los negativos asignados al gobierno peñanietista.

La decisión de transitar por una ruta en sociedad con la administración municipal en funciones, es que además de asumir las culpas del gobierno en turno el candidato perredista aleja de su propuesta al voto ciudadano indeciso en un contexto social que reclama la alternancia en todos los niveles de gobierno.

Después de todo, en los últimos procesos electorales para renovar ayuntamiento en Acapulco se ha registrado esa tendencia: en el 2008 los ciudadanos eligieron al PRI para rechazar los errores del perredismo encabezado por Félix Salgado Macedonio; en 2012 los acapulqueños eligieron un cambio y optaron por la alternativa de Movimiento Ciudadano; en 2015 el voto porteño decidió que la administración local quedara bajo la responsabilidad perredista, lo que revela un comportamiento electoral de renovación cada tres años y si a ello se le suma la percepción de que proponen darnos más de lo mismo otro trienio, pues adiós pretensiones perredistas.

Lo peor para Jacko Badillo es que la alianza partidista sobre la que se postuló, solo existe en sentido figurativo.

Al final de cuentas, el Frente PRD-MC-PAN se mantuvo en Acapulco por instrucciones y acuerdos entre las dirigencias nacionales de esos institutos, pero en la práctica la estructura de Movimiento Ciudadano lleva otra ruta alejada de la coalición Jacko-Evodio, mientras que el PAN registra la rebeldía de su militancia fiel luego de que el dirigente estatal panista negoció los espacios destinados a ese partido dentro de la planilla municipal, para figuras que nada tienen que ver con el blanquiazul.

En este escenario, lo más lógico es que Joaquín Badillo inicie el replanteamiento de estrategias con el fin de armar una campaña electoral atractiva, pero en lugar de ello el candidato frentista decidió aumentar los riesgos políticos y sumó a su itinerario la sombra de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.

Su presentación como muchacho tutelado por su padrino Ángel Aguirre Rivero, al lado de integrantes de la corriente perredista Izquierda Progresista de Guerrero, (IPG), lejos de ser un mensaje que fortalezca su candidatura genera incertidumbre y desconfianza en el electorado.

Después de todo, cualquier personaje que ocupe una candidatura tan importante en Guerrero, no puede pasar desapercibido que Ángel Aguirre Rivero fue destituido como consecuencia de la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa; posteriormente vino la pérdida de la gubernatura que los perredistas habían ocupado ya en dos periodos, por el impacto de la desaparición en Iguala y ante el estilo monárquico con el Aguirre gobernó la entidad privilegiando a familiares y amigos con amplios beneficios económicos, y recientemente fue obligado a renunciar a sus pretensiones de ser candidato a diputado federal, por la advertencia de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, de empañar toda su campaña electoral obstruyendo sus actividades proselitistas.

En el fondo, Joaquín Badillo debe escoger su camino político a partir de decidir si mantiene la sociedad Jacko-Evodio-Aguirre, o como buen empresario depura los pasivos que lo conducen a una quiebra general.