El PRD no ha terminado de entender porque perdió la gubernatura y la mayoría del Congreso local de Guerrero en el 2015. Inmersos en la rebatinga por candidaturas a cargos de elección, los dirigentes perredistas optaron por mantener un modelo desgastado políticamente antes que someterse a un proceso renovador que los regrese a las preferencias electorales que ostentaron durante una década.
Después de perder el control político de la entidad hace tres años, los perredistas relegaron la necesidad de someterse a un ejercicio autocrítico que les permitiera reconstruirse estructuralmente y alejarse de la sospecha de las alianzas que mantienen con grupos criminales.
Por tanto, en la actual campaña carecen de una voz autorizada para responder a los testimonios publicados en medios de comunicación sobre la vinculación entre el narco y algunos candidatos a alcaldes y diputados.
En este sentido, lo peor es que un grupo de líderes tribales del PRD expusieron la versión de que durante el proceso de negociación de candidaturas en el partido del sol azteca, las postulaciones en diversos distritos y municipios se reservaban para el grupo MÑ. Cuando un dirigente pidió información sobre quienes representaban a esa nueva corriente perredista, recibió la inmediata recomendación de no hacer preguntas al respecto.
En realidad, se trata de un escenario en el que no se puede generalizar que en todo el PRD prevalezcan relaciones sospechosas, pero mediáticamente cualquier indicio de infección contamina a todo el cuerpo partidista.
Por lo pronto a los perredistas se les agotó el tiempo para modificar esa imagen: si en realidad pretendían recobrar la confianza de los guerrerenses, hubieran dado los primeros pasos desde sus órganos de gobierno con la adecuación de estatutos y procedimientos que establecieran candados contra presuntas narcocandidaturas.
El problema para el PRD es que a raíz de su derrota en 2015 perdió figuras de liderazgo, y no hubo personaje que asumiera la tarea de la reconstrucción interna. El único intento de retomar el control del partido fue del alcalde Evodio Velázquez Aguirre, pero los escándalos de corrupción y deficiencias acumuladas en la prestación de servicios municipales, le impidieron erigirse en el jefe moral del perredismo guerrerense.
En el fondo, más que un asunto de lavado de imagen se trata de un replanteamiento sobre la dirección operativa del partido.
De ahí que cuando reapareció públicamente el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y se declaró asesor de un grupo de candidatos perredistas, entre ellos el candidato a alcalde de Acapulco, Joaquín Badillo Escamilla, no todos los perredistas celebraron el regreso del político costachiquense.
Después de todo, el desfonde del gobierno de Aguirre Rivero es el detonante de la caída del sol azteca.
La circunstancia de que durante su administración grupos criminales controlaban policías municipales y estatales, con el presunto conocimiento de funcionarios del gabinete aguirrista, según las recientes revelaciones aportadas por el FBI norteamericano, deja en claro que a los perredistas no les conviene en lo más mínimo que se les asocie con el ex mandatario.
Actualmente, en Guerrero prevalece la percepción de que el crimen organizado pretende pasar de los acuerdos con ciertos alcaldes, al control político de las regiones, ya que de lograrlo no nada más tendrá bajo su mando a policías municipales, sino también contará con acceso a estrategias oficiales de seguridad y dispondrá de margen ilimitado en la orientación de masas sociales.
Indiscutiblemente, la presencia de Ángel Aguirre en la campaña perredista manda un mensaje de que al PRD no le interesa alejarse de la ruta que lo descarriló.
Al final de cuentas, al PRD parece no preocuparle la percepción de que durante el aguirrismo se crearon las condiciones para colocar el aparato de seguridad pública al servicio del narco.
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