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Por Emiliano Mateo Carrillo Carrasco

Para hacer frente al problema, en los últimos años se aprobaron cambios legales con el fin de aumentar penas y crear nuevos tipos penales, se reformó el sistema procesal penal y se legisló en ámbitos como el de justicia para adolescentes, sistema penitenciario, delincuencia organizada o coordinación en materia de seguridad pública. La seguridad e impunidad a la falta de compromiso de servicio y una burocracia sujeta a los actos de los mandos mayores sin rumbo  de competencia, hay dos aspectos de ver la realidad  ante la criminalidad (impregnada en el poder y en servidores públicos que los protegen O/Y  están intimidados  por su vida y esos mandos incapaces de dar protección  a sus servidores a los ciudadanos ordinarios.

Las autoridades demuestran incapacidad y negligencia para enfrentar y castigar a la delincuencia, los carteles regionales de la distribución de drogas y explotación  humana  en el mercado de prostitución. La disminuida capacidad de respuesta institucional ilustra la ineptitud ante la magnitud del reto que deben atender.

 La impunidad es un fenómeno en expansión. La inseguridad ocupa el primer lugar en las preocupaciones de la sociedad  que vive día a día en la incertidumbre de la inseguridad y el cobro de rentas a los comercios. A pesar de todos estos cambios, la criminalidad no ha cedido y la percepción de inseguridad se ha incrementado, deteriorando la calidad de vida de los mexicanos. Repetir las mismas estrategias podría agravar la de por sí delicada situación en muchos estados y ciudades del país.

El problema de la seguridad pública se ha convertido en la principal preocupación de los mexicanos. El incremento en la incidencia delictiva en general, la tasa de homicidios y el aumento de los delitos patrimoniales, han dañado la percepción que tienen los ciudadanos sobre la seguridad en sus ciudades, colonias y comunidades, dañando a su vez la convivencia cotidiana y a las afectaciones de la perdidas d sus salarios de una clase desprotegida las más vulnerable de la delincuencia, en trasuntes, casas habitación, estudiantes, en el transporte.

 Se aprobaron cambios legales con el fin de aumentar penas y crear nuevos tipos penales, se reformó el sistema procesal penal y se legisló en ámbitos como el de justicia para adolescentes, sistema penitenciario, delincuencia organizada o coordinación en materia de seguridad pública. Factor multifactorial de la criminalidad no ha cedido y la percepción de inseguridad se ha incrementado, deteriorando la calidad de vida de los mexicanos.

El país requiere   de la fortaleza de los municipios  dependiendo a sus tipologías, en base a la participación  ciudadana que se involucren a las necesidades comunes de cada  municipio para su mejor entorno social económico y político: El Estado influye hasta en lo más íntimo de nuestras vidas privadas, la familia, la educación, la economía las relaciones laborales, las comunicaciones, etc.

EL MUNICIPIO primer nivel de gobierno   donde  tiene contacto con la población   y se desarrolla en relación al artículo 115 fracción VII, establece primero la policía preventiva estará al mando del presidente municipal y en ultimo pfo de esta fracción  señala : el ejecutivo federal tendrá el mando de la fuerza pública donde resida habitual mente o transitoriamente.

 La desaparición de los municipios por sus acciones de infiltraciones de la ilicitud, pues aplicar la atracción de la federación, aplicar este articulo y en establecer acciones  de Aplicación, para  evitar violaciones de las autonomías.   •     Articulo 115 fracciones IV. •            Además  la fracción III de este artículo  115 Enciso H).- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta constitución, policía preventiva municipal y transito; •Así como en lo relacionado en el Artículo 21 constitucional pfo 4 y 5 para la seguridad pública. La seguridad pública se ha convertido en la principal preocupación de los mexicanos. El incremento en la incidencia delictiva en general, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes y el aumento de los delitos patrimoniales, han dañado la percepción que tienen los ciudadanos sobre la seguridad en sus ciudades, colonias y comunidades, dañando a su vez la convivencia cotidiana.

Para hacer frente al problema, en los últimos años se aprobaron cambios legales con el fin de aumentar penas y crear nuevos tipos penales, se reformó el sistema procesal penal y se legisló en ámbitos como el de justicia para adolescentes, sistema penitenciario, delincuencia organizada o coordinación en materia de seguridad pública.

La criminalidad no ha cedido y la percepción de inseguridad se ha incrementado, deteriorando la calidad de vida de los mexicanos. Repetir las mismas estrategias podría agravar la de por sí delicada situación en muchos estados y ciudades del país. En este sentido, la política de paz y seguridad del actual Gobierno de México gira en torno a cuatro grandes ejes; a) Una sólida estrategia anticorrupción, acompañada de políticas de desarrollo social y económico que fortalezcan el tejido social; b) La creación de la Guardia Nacional que busca combatir los delitos más graves y al mismo tiempo ser subsidiaria con los gobiernos estatales y municipales, considerando las limitaciones en los estados de fuerza con los que cuentan; c) El fortalecimiento de las policías estatales y municipales para que paulatinamente asuman a plenitud sus funciones y facultades y se articulen con las fiscalías sean más eficaces y eficientes a la investigación y persecución de los delitos.

El artículo 115 constitucional –que establece que los municipios tendrán entre las funciones y servicios públicos a su cargo, la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito– no distingue entre aquellos con menor o mayor población, o con mayores o menores capacidades de gobierno.

 La realidad de un Estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos. El fundamento primario del régimen jurídico de la seguridad pública en el artículo 21 de nuestra Ley Fundamental.

 “la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública”. Municipios  y estados son dos actores del federalismo con una relación peculiar de dependencia en aspectos centrales, al mismo tiempo que gozan de autonomía tutelados constitucionalmente.

·        https://informativonacional.com.mx/conmemoran-el-62-aniversario-del-dia-del-abogado-en-puebla-e3TYye3jAye3w.html

·        https://informativonacional.com.mx/organizaciones-de-abogados-del-estado-de-mexico-se-reunieron-en-el-municipio-de-amecameca-e3TYye3TQ1NA.html

·        https://www.facebook.com/EnNezaRadio97.3fm/videos/5663545457023626/

Por Juan Antelmo García Castro

Como es del dominio público, en estos momentos no son excelentes las relaciones entre el gobierno federal y el clero mexicano, debido a la exigencia de Obispos y sacerdotes por todo lo largo y ancho del país, para que el presidente Andrés Manuel López Obrador modifique su estrategia populista de “abrazos, no balazos”, contra la violencia, quien muy molesto les reviró: “¿Qué quieren los sacerdotes? ¿Qué resolvamos los problemas con más violencia? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron con Calderón de esa manera?, ¿Por qué esa hipocresía?...

Pero también en estas tierras del Sur es evidente el escaso o nulo trato amable que se brindan el gobierno estatal con la grey católica, como se demuestra con los señalamientos vertidos por el Obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, quien asegura que la entidad guerrerense vive una situación tensa y grupos armados “son autoridad en varios municipios”; incluso, el Consejo Interreligioso de Guerrero pidió al gobierno de Evelyn Salgado Pineda garantías de seguridad para la comunidad católica, después del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua…

En ese contexto, el Obispo José de Jesús González considera que los abrazos “ya no alcanzan para cubrir a las víctimas de tantos balazos que hay en México”, calificando como una simulación dicha política impulsada por el Gobierno Federal…

Por otra parte, el clérigo Filiberto Velázquez se quejó que el gobierno estatal ha orquestado una campaña de persecución en su contra, derivado de su lucha en defensa de los derechos humanos, principalmente de personas que le piden apoyo y solidaridad, relatando que por acompañar en su protesta “a pobladores de San Jerónimo Palantla (el pasado 27 de julio), para exigir a la Fiscalía General del Estado eficiencia en su trabajo de búsqueda del señor José Abundio Bolaños Calvario”, desaparecido desde el 29 de mayo, la Secretaría General de Gobierno informó a la diócesis Chilpancingo-Chilapa que se actuará contra el cura Filiberto Velázquez por el delito de homicidio, bajo la temeraria acusación de que la manifestación en que participó el sacerdote provocó mortal accidente en la Autopista del Sol…

Bajo ese clima de represión y amenazas por parte del gobierno estatal, a través del Secretario General de Gobierno, el clérigo denunció que el miércoles 13 de julio agentes de la policía ministerial, armados y prepotentes se introdujeron en el albergue que dirige y que se ubica frente al Hospital General de Chilpancingo, interrogando arbitraria e ilegalmente al personal administrativo, exigiendo les proporcionaran el horario en que se presenta a laborar y las características del vehículo automotor que conduce…

Por lo anterior, el sacerdote Filiberto Velázquez hace un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “para que realice acciones de impartir justicia en la comunidad de San Jerónimo Palantla, donde se han registrado actos graves de violencia, que se localice con vida al señor José Abundio Bolaños Calvario y que cese el hostigamiento contra defensores de Derechos Humanos”.