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Noé Mondragón Norato

El embrollo con efectos políticos altamente dañinos para proyectos de poder, no está a salvo. No al menos, para el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, que comienza a percibir cual vulnerable se ha vuelto frente a la férrea defensa del salario hecha por algunos trabajadores universitarios que todavía salvaguardan la más elemental de las dignidades: la de no someterse calladamente a los designios del patrón. El timbrado de la nómina para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) cobre la ampliación sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) lo atrapó con los dedos en la puerta. Y hay puntos que lo van a desgastar más en los próximos meses.

PLUSVALÍAS DAÑADAS. – Durante su primer tramo como rector, Saldaña presumía sus logros gestionados ante las autoridades federales, la SEP y el Conacyt. Todo eso le ayudó a reelegirse sin contrincante e imponiéndose a las voces inconformes que demandaron su derecho legítimo a participar en la contienda electoral, pero sin lograrlo. Tiranizando la elección, fue ungido para un segundo periodo. Las aguas no se movieron demasiado. A poco más de ocho meses de abandonar la rectoría, empujó una crisis que lo tiene pegado contra las cuerdas: el timbrado de la nómina. De ahí se lee lo demás:

1.- El SAT ya cobra el ISR aplicado al salario base. Pero ahora pretende aplicarlo a las prestaciones como la prima de antigüedad y el aguinaldo. Una aberración en materia fiscal, dado que el trabajador universitario se queda desprotegido y reduce drásticamente su poder de compra. El punto es que los trabajadores inconformes con la eventual aplicación de dicho impuesto, dejaron muy mal parado al rector. En la facultad de Derecho, propusieron legislar en materia fiscal para eliminar la aplicación de los impuestos a los salarios de los trabajadores universitarios de todo el país. Lo anterior confirma que el rector Saldaña nunca se preocupó por empujar una reforma fiscal que beneficiara a quienes lo encumbraron como rector. Quiso llevar la fiesta en paz tanto con los legisladores federales como con los locales. Porque cualquier indicio de presión en ese sentido, implicaba en consecuencia, la revisión a fondo de sus finanzas y de la aplicación del presupuesto universitario. Lo mejor era dejarse llevar por las inercias. Es decir, el rector le dio prioridad a «cuidad su imagen», que al compromiso de solidaridad y atención con la base laboral.

2.- La delegación sindical de rectoría evidenció también, las contradicciones y hasta el desconocimiento de la Ley Orgánica de la UAGro, la Constitución Política del país y la Ley Federal del Trabajo por parte del rector. Porque el cobro del ISR fue aprobado por el Consejo Universitario, el cual no cuenta con personalidad jurídica ni financiera, como para deliberar sobre si se debía o no, aplicar dicho impuesto. Y por ese motivo, dicha delegación conminó al dirigente del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, a promover un juicio de amparo ante la autoridad federal competente y depositarlo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tal y como lo estipula el Contrato Colectivo de Trabajo. El fin es que, si se aplica el ISR, el importe del descuento se reintegre de inmediato al trabajador.

3.- Con la pandemia encima, Javier Saldaña calculó que no habría mayor problema al timbrar la nómina al SAT. Sin embargo y para efectos políticos personales, la medida lo dejó mal parado no solo a él, sino a su corriente el Fredeuag, que seguramente, impulsará a uno de sus cuadros a la rectoría para la elección de marzo de 2021. Pero con el repudio anticipado de la base laboral para otorgarle un voto a ciegas como lo hizo con el proyecto que hoy colapsa. Además, el actual inquilino de la rectoría busca afanosamente convertirse en candidato a gobernador para la elección del 6 de junio de 2021. Pero la eventual aplicación del ISR confirmaría también lo endeble de su capacidad gestora y de negociación política. No sería confiable para los guerrerenses como hipotético gobernante. Su plusvalía política rodó. Y esta vez, hasta el fondo del abismo.

HOJEADAS DE PÁGINAS… Mientras el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez celebra que la transmisión del Covid-19 disminuyera en buena medida durante el mes de junio en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo amenaza con regresar a rojo el semáforo y parar de nuevo las actividades. ¿A quien de los dos se le debe creer? ¿A quién conviene paralizar de nuevo las actividades en la entidad? ¿Acaso «el incremento» de nuevos contagios es para justificar aplicaciones millonarias del presupuesto público en la presumible «contención» de la pandemia?

 Por Juan Manuel Millán

 “Cuento con el mejor perfil para dirigir a la CAPAMA”, atajó la señora Adela unas semanas antes de resultar electa como alcaldesa de Acapulco.

 En las telarañas de su mente se encontraba atrapado el nombre de un anciano como el priista Mario Pintos Soberanis que, según ella, tenía la fórmula para sanear al organismo operador del agua potable, en el cual la alcaldesa, es la presidenta del Consejo de Administración y la principal responsable del buen o mal manejo técnico y financiero de la CAPAMA.

En cada reunión de dicho Consejo Administrativo, Adela se informa de cuál es el rumbo de la paramunicipal y en teoría no tendrían por qué ser sorpresivos los cortes en el servicio de energía eléctrica, que a su vez dejan sin agua potable a la mayoría de la población en tiempos de la peor pandemia de COVID-19

En su momento Adela rechazó toda posibilidad de que en su gobierno la CAPAMA pasara a ser operada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), como en ocurrió cuando el huracán Pauline dejó azolvados los pozos Raney en la cuenca de la Sabana, deterioró la planta potabilizadora en El Cayaco y prácticamente dejó destruido todo el sistema Papagayo I y II

Antes del Pauline, la CAPAMA venía arrastrando el legado de aviación que dejó en la nómina del organismo Manuel Añorve, Jesús Velázquez y Fermín Alvarado, con un escuadrón de líderes seccionales que en total sumaban cerca de 2,300 “empleados”, cuando otros organismo para atender a un municipio del tamaño de Acapulco, requerían de mil 200 a mil 400 trabajadores. Como diputada local, Adela sabía todo eso y más.

Cuando la administración municipal de Zeferino Torreblanca, su gobierno intentó explorar la posibilidad de que la CAPAMA fuera operada por un organismo mixto (con el 51 por ciento de la inversión del gobierno y el 49 por ciento de la iniciativa privada), bajo la rectoría del gobierno, como ocurría en países como CUBA, operada por la empresa privada de Aguas de Barcelona. O como el gobierno de izquierda de la CDMX al frente de Cuauhtémoc Cárdenas en donde también participaba la iniciativa privada.

 Pero Adela fue la única opositora como Síndica en aquel Cabildo y contagió con su negativa a los integrantes del Congreso Local. Simplemente todo quedó en buenos propósitos y Adela se carcajeó de que no resultó la propuesta zeferinista para sanear al organismo operador.

Como presidente del Consejo de Administración de la CAPAMA, Zeferino ordenó disminuir de 2 mil 300 trabajadores la nómina a un total de 1,490 al término de su gestión, pero Adela se niega a decir cuántos trabajadores recibió en la CAPAMA y cuántos tiene actualmente.

En el gobierno de López Rosas le apostó a darle continuidad a la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales, como lo había hecho Zeferino, teniendo como directivo general a uno de los mejores ingenieros que ha tenido CAPAMA, como Gerardo Sierra Ulloa y a un excelente director técnico como Jesús Flores Guevara. A este último López Rosas lo nombró su director en la paramunicipal,

Antes y después de ganar la presidencia municipal, Adela Román recibió toda la información sobre la situación de CAPAMA a cargo del actual aspirante a la gubernatura Alberto López Rosas y aprovechó para recomendar a Adela a uno de los más brillantes hombres de su gabinete, el ingeniero Jesús Flores Guevara, pero en las telarañas de la mente de Adela se encontraba bien atrapado el nombre del anciano priista Mario Pintos, con quien al final tuvo un serio diferendo.

Posteriormente a López Rosas llegó Félix Salgado al Consejo de Administración de CAPAMA, senador y aspirante a la gubernatura de Guerrero; el hombre de moral distraída que llenó las oficinas de un ramillete de señoritas que nada sabían de asuntos técnicos pero iban con todo por el goce y disfrute de la caja chica. Y eso también lo supo Adela, pero sin embargo siguió permitiendo que en su administración imperara la promiscuidad.

Vinieron al Consejo de Administración de la CAPAMA, los otros 3 aspirantes a la gubernatura: los añorvistas, los waltonistas y los evodios y los buenos y malos resultado de esas administraciones, también los conoció Adela; por lo tanto, que no se haga la pillada.

 Ya como presidenta del Consejo de Administración de la CAPAMA, la señora Adela conoció la programación de pagos a la Comisión Federal de Electricidad y no hizo lo posible por cumplirlos. Por el contrario, se hizo la víctima dejando que la CFE cortara el fluido eléctrico hasta dejar varias veces sin agua a las colonias, incapacidad e ineptitud que ahora llama sabotaje y pillaje.

 La gran mentira oficial

El 25 de junio la señora Adela se encontraba muy emocionada porque unas encuestas (caseras) de dudosa procedencia, la ubicaban, una de ellas como fuerte aspirante a la gubernatura. Y la otra encuesta patito aprobaba con un alto porcentaje a su gobierno.

Esa misma fecha, Adela, como Presidenta del Consejo de Administración de la CAPAMA, dio indicaciones a su secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez para que saliera él a dar la cara ante la evidente contaminación de la bahía, difundida en las redes sociales, con un fuerte impacto en el ámbito internacional.

Ernesto Manzano junto con Norma Arroyo Domínguez, directora de la CNA en Guerrero; Arturo Palma Carro, titular de CAPASEG; Leonel Galindo González, director de CAPAMA; Guadalupe Rivas Pérez, directora de Ecología Municipal y Cuauhtémoc Gayosso Pérez, coordinador de Protección Civil y Bomberos, salieron a desmentir lo que era evidente para millones de personas que quieren y visitan con frecuencia al puerto de Acapulco (se les olvidó invitar a la PROFEPA y a la COFEPRIS)

Evidentemente se trata de un delito ambiental que se castiga con multa y cárcel y si la justicia se aplica correctamente, la alcaldesa de Acapulco y presidenta del Consejo de Administración de CAPAMA, Adela Román Ocampo, es la principal responsable. El presidente Andrés Manuel López Obrador debe dar muestras de que en el municipio de Acapulco el lema de no mentir, no robar y no traicionar, no ha quedado en letra muerta.

El titular de CAPAMA, Leonel Galindo, a quien une una estrecha amistad con la alcaldesa, salió a decir que los cerros de Acapulco se estaban lavando y lo que escurría era lodo, mientras que el resto de los funcionarios avalaron la mentira. Ninguno quiso aceptar el colapso del marginal principal de drenaje que tiene su área de rebombeo cerca de la playa Icacos.

Adela anuncia el despido del personal directivo de CAPAMA y de la titular de Ecología Municipal, pero queda como intocable su Secretario General (el coordinador de la mentira oficial) Ernesto Manzano.

Y a todo esto: ¿Cuántas vidas humanas ha cobrado la falta de agua en las colonias en medio de la pandemia de COVID-19 y por la estúpida medida del hoy no circula?

Es una pregunta que simplemente nunca tendrá una respuesta, porque se trata también de otro acto de negligencia criminal por parte de la principal autoridad en el municipio, que representa lo más retardatario de la llamada Cuarta Transformación en Guerrero.