Noé Mondragón Norato

El embrollo con efectos políticos altamente dañinos para proyectos de poder, no está a salvo. No al menos, para el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, que comienza a percibir cual vulnerable se ha vuelto frente a la férrea defensa del salario hecha por algunos trabajadores universitarios que todavía salvaguardan la más elemental de las dignidades: la de no someterse calladamente a los designios del patrón. El timbrado de la nómina para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) cobre la ampliación sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) lo atrapó con los dedos en la puerta. Y hay puntos que lo van a desgastar más en los próximos meses.

PLUSVALÍAS DAÑADAS. – Durante su primer tramo como rector, Saldaña presumía sus logros gestionados ante las autoridades federales, la SEP y el Conacyt. Todo eso le ayudó a reelegirse sin contrincante e imponiéndose a las voces inconformes que demandaron su derecho legítimo a participar en la contienda electoral, pero sin lograrlo. Tiranizando la elección, fue ungido para un segundo periodo. Las aguas no se movieron demasiado. A poco más de ocho meses de abandonar la rectoría, empujó una crisis que lo tiene pegado contra las cuerdas: el timbrado de la nómina. De ahí se lee lo demás:

1.- El SAT ya cobra el ISR aplicado al salario base. Pero ahora pretende aplicarlo a las prestaciones como la prima de antigüedad y el aguinaldo. Una aberración en materia fiscal, dado que el trabajador universitario se queda desprotegido y reduce drásticamente su poder de compra. El punto es que los trabajadores inconformes con la eventual aplicación de dicho impuesto, dejaron muy mal parado al rector. En la facultad de Derecho, propusieron legislar en materia fiscal para eliminar la aplicación de los impuestos a los salarios de los trabajadores universitarios de todo el país. Lo anterior confirma que el rector Saldaña nunca se preocupó por empujar una reforma fiscal que beneficiara a quienes lo encumbraron como rector. Quiso llevar la fiesta en paz tanto con los legisladores federales como con los locales. Porque cualquier indicio de presión en ese sentido, implicaba en consecuencia, la revisión a fondo de sus finanzas y de la aplicación del presupuesto universitario. Lo mejor era dejarse llevar por las inercias. Es decir, el rector le dio prioridad a «cuidad su imagen», que al compromiso de solidaridad y atención con la base laboral.

2.- La delegación sindical de rectoría evidenció también, las contradicciones y hasta el desconocimiento de la Ley Orgánica de la UAGro, la Constitución Política del país y la Ley Federal del Trabajo por parte del rector. Porque el cobro del ISR fue aprobado por el Consejo Universitario, el cual no cuenta con personalidad jurídica ni financiera, como para deliberar sobre si se debía o no, aplicar dicho impuesto. Y por ese motivo, dicha delegación conminó al dirigente del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, a promover un juicio de amparo ante la autoridad federal competente y depositarlo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tal y como lo estipula el Contrato Colectivo de Trabajo. El fin es que, si se aplica el ISR, el importe del descuento se reintegre de inmediato al trabajador.

3.- Con la pandemia encima, Javier Saldaña calculó que no habría mayor problema al timbrar la nómina al SAT. Sin embargo y para efectos políticos personales, la medida lo dejó mal parado no solo a él, sino a su corriente el Fredeuag, que seguramente, impulsará a uno de sus cuadros a la rectoría para la elección de marzo de 2021. Pero con el repudio anticipado de la base laboral para otorgarle un voto a ciegas como lo hizo con el proyecto que hoy colapsa. Además, el actual inquilino de la rectoría busca afanosamente convertirse en candidato a gobernador para la elección del 6 de junio de 2021. Pero la eventual aplicación del ISR confirmaría también lo endeble de su capacidad gestora y de negociación política. No sería confiable para los guerrerenses como hipotético gobernante. Su plusvalía política rodó. Y esta vez, hasta el fondo del abismo.

HOJEADAS DE PÁGINAS… Mientras el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez celebra que la transmisión del Covid-19 disminuyera en buena medida durante el mes de junio en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo amenaza con regresar a rojo el semáforo y parar de nuevo las actividades. ¿A quien de los dos se le debe creer? ¿A quién conviene paralizar de nuevo las actividades en la entidad? ¿Acaso «el incremento» de nuevos contagios es para justificar aplicaciones millonarias del presupuesto público en la presumible «contención» de la pandemia?