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Mientras en el estado de Veracruz, la polémica crece ante una cada vez más certera huida del gobernador priísta Javier Duarte de Ochoa, ante su eventual detención y consignación penal por desvíos de recursos federales que alcanzarían más de 50 mil millones de pesos, en Guerrero el gobernador tricolor, Héctor Astudillo Flores, proyecta una evidente opacidad en el manejo de sus finanzas públicas. Pero curiosamente, hasta hoy ningún ex gobernante guerrerense se ha visto envuelto en un escándalo por desvíos millonarios de los presupuestos, parecido al caso Javier Duarte. Ni padecido prisión corporal. Y eso revela cuando menos dos cosas: o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) minimiza los peculados de los gobernantes guerrerenses y llegan a un arreglo partidista soterrado. O en su defecto, existen acuerdos políticos inconfesables que se encargarían de reafirmar que en Guerrero, no hay corrupción en la función pública. Lo cual se convierte en una broma de muy mal gusto. Hay que ir por partes para entenderlo mejor.

OPACIDAD GUBERNAMENTAL.- La actual administración estatal presidida por el priísta Héctor Astudillo, se ha conducido con visible opacidad financiera en cuando menos dos pistas:

1.- Los dos bloques antagónicos del magisterio disidente agrupado en la Ceteg, liderados por Ramos Reyes Guerrero y Antonia Morales Vélez, llegaron a una acuerdo con el gobernador Héctor Astudillo. Desde luego, no fue gratuito. En corrillos políticos trascendió que Ramos Reyes habría cedido a levantar su plantón en la avenida Ruffo Figueroa, tras casi dos años de mantenerlo, por cantidades que irían desde los 20, hasta los 50 millones de pesos. Pudo ser menos. Lo mismo ocurrió con el plantón en el zócalo capitalino que fue levantado ayer martes por las huestes de Antonia Morales. Pero como desde el gobierno estatal no se revelan ese tipo de “negociaciones financieras”, el gobernador Astudillo le abre paso irremediable a la especulación. Desde luego, con beneficios para su apretado círculo de poder. Porque ellos pondrán la cifra que quieran. Y facturarla como parte del gasto corriente. De esta forma, nadie sospecha de los desvíos de recursos. Beneficios para la disidencia magisterial y para el propio gobierno estatal. Y ambos, felices y contentos.

2.- La Auditoría General del Estado (AGE), presidida por Alfonso Damián Peralta, no tiene presión de nadie. Y así, el ex edil de Iguala y actual senador de la república, Esteban Albarrán Mendoza, huyó de su responsabilidad y nadie supo en qué estado financiero dejó a dicha alcaldía. Ni siquiera el actual edil suplente, Herón Delgado Castañeda, se atreve a decir cómo la encontró. Y eso se llama complicidad. En Chilpancingo, la nómina del ayuntamiento está saturada de familiares del alcalde Marco Antonio Leyva –su esposa Martha García Morales, cobra como presidenta del DIF municipal y también como delegada administrativa de la Sagarpa-, y de su próximo secretario de Finanzas, Héctor Avilés. Nadie explica las razones por las que la alcaldía capitalina no tiene dinero para construir un relleno sanitario que acabe con el problema de la basura, pero el alcalde mantiene comodinamente, una nómina inflada. Hay una visible y oculta corrupción y desvíos de recursos  en los dineros de la comuna, en los que nadie quiere escarbar. Sospechosamente, la AGE no sanciona a ningún alcalde. Y el gobernador deja simplemente, que las cosas corran. El punto es que durante el mensaje que dará con motivo de su Primer Informe de Gobierno el próximo 26 de octubre, no podrá presumir de transparencia en su administración, sino de opacidad. Porque se resiste por todos los medios, a eliminar las conductas nocivas de la sustracción ilegal pero tolerada, de los recursos públicos. Y así, las pisadas de Javier Duarte, se oyen muy fuertes en Guerrero.

HOJEADAS DE PÁGINAS...El gobernador Héctor Astudillo, no descalificó la reaparición del ex gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero. Pero apenas se dio la vuelta, su secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, reveló que los desvíos financieros de Aguirre alcanzan los 5 mil millones de pesos, tan solo en 2013. Un rudo golpe político con guante de seda. ¿Acaso espera Astudillo, que el efecto Javier Duarte, alcance de cuerpo completo al ex mandatario estatal del PRD? ¿Se atreverá Peña Nieto a seguirle el juego al mandatario estatal tricolor? ¿O es parte de la estrategia política priísta para inhibir su participación en la elección de julio de 2018?

Las policías comunitarias copan al Estado por todos sus flancos. Y ante este evidente exceso, la autoridad estatal no reacciona. Lo único que se atreve a decidir, consiste en mandar al subsecretario de Finanzas, Tulio Samuel Pérez Calvo y al asesor del gobernador, César Flores Maldonado, a desfilar con los comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en el aniversario 21 de su fundación. Algo que no se atreve a concretar con otras policías comunitarias, como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). O el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Confirmando así, que la CRAC se encuentra por el momento, en paz con el gobernador Héctor Astudillo Flores. Un hecho es emblemático al respecto: la liberación en marzo de este año, de la coordinadora de la CRAC en el municipio de Olinalá, Nestora Salgado. Sin embargo, UPOEG y FUSDEG parecen actuar bajo sus propias reglas. Y el Estado no puede con ellas.

UPOEG y FUSDEG: SIN CONTROL.- Ante la cercanía del Primer Informe de Gobierno, las Policías Comunitarias se hicieron notar de distintas formas:

1.- El Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), se activó notoriamente a raíz del homicidio de su comandante Julio Alarcón Astudillo, ocurrido en la capital el pasado domingo. Y bloquearon por seis horas la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, en demanda de una justicia que sencillamente, no llega ni aplica. Ni el Fiscal Xavier Olea Peláez, ni el al alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, ni el propio gobernador Héctor Astudillo, pudieron hacer algo para desbloquear esa vía. Y dejaron que la protesta se ahogara con el paso de las horas. Pero el riesgo de una tragedia mayor está latente por la evidente ausencia de sensibilidad de las autoridades respectivas. La cercanía de su primer informe de actividades, debió mover con prisa al propio mandatario estatal. Pero declinó hacerlo. En su propio detrimento.

2.- El gobernador le ha pedido reiteradamente a través de los medios de comunicación a su Fiscal, Xavier Olea, que investigue la posible relación del Fusdeg con el crimen organizado. Pero la petición se equipara con una lógica perversamente inducida. Porque Olea Peláez hace cómo que no oye. O no acata deliberadamente la instrucción. El asunto es que la relación entre las comisarías de El Ocotito y Petaquillas, atraviesan por su punto más candente y riesgoso, sin que exista un réferi que controle adecuadamente, su peligrosa operatividad.

3.- Mientras el Fusdeg amaga a sus adversarios y estos se movilizan para contraatacar, ante la mirada impertérrita de las autoridades municipales y estatales, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), liderada por Bruno Plácido Valerio, también emprende acciones fuera de la Ley. La más reciente fue la liberación de Félix Rosas Rodríguez, un líder campesino y dirigente magisterial del municipio de Tecoanapa, que había sido detenido y acusado de tentativa de homicidio. Curiosamente, la operación de la UPOEG se reduce a los municipios de Ayutla de Los Libres, Tecoanapa, Cruz Grande, San Marcos, Cuautepec y Copala. Pero fue expulsada del valle de El Ocotito justamente, por el Fusdeg. Pese a ello, la UPOEG se atrevió a meterse a la sierra de Heliodoro Castillo, donde su participación ha sido polémica. De hecho, el propio Bruno Plácido, asumió en marzo de 2013, que su organización era ya un cuarto orden de gobierno: “ya dejamos de ser un proceso de autodefensa, a partir de ahora vamos a conformarnos como un cuarto orden de gobierno”. Como se ve, las Policías Comunitarias también juegan su propia cancha. Pero el árbitro no sabe ni puede, fijar las reglas del juego. Y por ese resquicio se le está escapando no solo la credibilidad, sino la gobernabilidad.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Como cuota política del ex edil de Acapulco y actual desempleado político, Manuel Añorve Baños, la directora de Comunicación Social del gobierno del Estado, Erika Lührs Cortés, ya cerró su ciclo. Con magros y deficientes resultados. Y debe irse para abrir paso a las nuevas generaciones de comunicadores. Trasciende que uno de los que está llamado a suplirla, es el actual jefe de prensa del Congreso local, Jaime García Moreno. A ver si es cierto.