El video causó sorpresa. Despertó el morbo y la duda. Porque nunca antes se había ventilado tan ruidosamente en los medios de comunicación, el asunto del involucramiento de la Policía Municipal Preventiva de Chilpancingo, en tareas de “levantamiento” de personas. La secuencia de imágenes exhibidas en el noticiero En Punto de Denisse Marker, la noche del jueves 18 de enero pasado, mostraba a los gendarmes en plena faena delictiva. El referente era inesquivable: desde el 4 de enero, al menos 7 jóvenes desaparecieron en la capital. Y se endosó estas desapariciones a la Policía Preventiva. Tres días después de la publicación de ese video atribuido a las cámaras del Centro de Cómputo Control y Comando (C-4), el secretario de seguridad pública municipal, Esteban Espinosa Montoya, presentó su renuncia. De ahí se lee lo demás.

C-4 Y C-5: UTILIDAD POLÍTICA.- El lunes 9 de mayo de 2016, elementos del Ejército mexicano tomaron el control de los C-4 en Chilpancingo, Iguala y Acapulco. Su misión concreta era realizar labores de vigilancia, en función de que autoridades de Seguridad Pública Estatal, habían señalado en varias ocasiones, que esas oficinas estaban infiltradas y desde ahí se daba información a los grupos del crimen organizado. La secuencia de hechos es propia de falacias, simulaciones y engaños sistematizados:

1.- Hasta antes de tomarse esa decisión, el C-4 era manejado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a cargo en esa fecha, de Daniel Pano Cruz, del grupo político del ex gobernador René Juárez Cisneros. En un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, se justificaba la incursión del Ejército en tareas de vigilancia: “Los C-4 están siendo transferidos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, organismo que en un plazo no mayor de 6 meses deberá reclutar y capacitar personal con el perfil adecuado que permita desempeñarse con mayor acierto en estas áreas sumamente sensibles para la seguridad pública del Estado”. El punto sin embargo, es que la violencia y la inseguridad, se incrementaron drásticamente. No solo todo el 2016, sino que creció en forma alarmante durante todo el 2017. De nada sirvió que el Ejército vigilara a través de las cámaras del C-4.

2.- Un año después –el 22 de mayo de 2017-, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), devolvió a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el control de los C-4. El vocero, Roberto Álvarez Heredia, asumió que “ahora son atendidos por personal que tiene debidamente aprobados sus exámenes de control y confianza”. Pero el crimen se tornó imparable. Desde entonces, nada se supo de los resultados arrojados por el C-4. Hasta que surgió el escándalo de los policías preventivos en los inicios de este año. Y la renuncia de Esteban Espinoza Montoya. Lo cual metió mucho ruido. ¿Por qué si el C-4 está bajo control de la juarezcisnerista, Nibia Solis Peralta –esposa de Daniel Pano-, se utilizaron esas cámaras para exhibir y motivar la renuncia a su cargo, de un miembro de ese grupo político? ¿Se utiliza el C-4 más con fines políticos que de verdadera vigilancia al delito?

3.- El gobernador Héctor Astudillo, acaba de hacer un anuncio ruidoso en materia de seguridad pública: la construcción en Acapulco, de un Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5). En acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Pero se olvidó meter a revisión y dar los pormenores de la casi nula funcionalidad de los C-4. Y en esta vertiente, los C-5 ya no serán confiables para el ciudadano común. Por más tecnología de punta y ruido mediático con que se vendan.

HOJEADAS DE PÁGINAS…En el Congreso local, la Comisión de Gobierno quedó acéfala, tras la licencia de la diputada tricolor, Flor Añorve Ocampo, quien irá a la competencia por la alcaldía de Taxco. El relevo es un misterio. Pero se filtra una terna de priístas: el añorvista Samuel Reséndiz Peñaloza, el figueroísta, Cuauhtémoc Salgado Romero, y la astudillista, Beatriz Alarcón Adame.