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  Por Javier Chávez Araxca                                                              Foto: https://politica.expansion.mx/ 

El reciente asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, en Tijuana, movilizó ayer a periodistas de gran parte del país. Ella es una más en la enorme lista de compañeros cuyas vidas han sido arrebatadas sin que haya una reacción contundente de los gobiernos estatales y del gobierno federal, porque la impunidad predomina combinada con el desdén de la sociedad que a menudo sataniza nuestro oficio y reacciona con altas dosis de escarnio.

Como advierte mi compañera periodista Graciela Machuca Martínez –integrante de nuestra Asociación Civil Periodistas del Caribe–, son “20 años de luto del gremio y a nuestro gobierno de México poco le importa la vida y la integridad física de quienes ejercemos el periodismo, porque sus políticas públicas y acciones de gobierno son inservibles.

Se han vuelto práctica común los ataques mortíferos contra periodistas a partir del gobierno del panista Vicente Fox Quesada, violencia que no disminuyó con Felipe Calderón Hinojosa y con el priista Enrique Peña Nieto. Con el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido el ritmo de asesinatos sin que en los estados y a nivel presidencial impulsen una estrategia de protección contra el gremio más agredido y desangrado en el cumplimiento de su deber.

Escribe Graciela Machuca que en el último año del sexenio de Felipe Calderón el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual creó el Mecanismo para darnos protección bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación. Expone que “de manera errática empezó a funcionar dicho Mecanismo de Protección durante los últimos meses del gobierno calderonista, y a pesar de que desde 2012 contaba con presupuesto éste se pudo ejercer hasta fines de 2013.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto el presupuesto fue disminuyendo porque no se tuvo el mínimo interés en reforzarlo con una normatividad que atendiese los requerimientos de la víctimas y no las directrices de la glacial burocracia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Y con la autodenominada Cuarta Transformación el gobierno federal deja de poner atención no solo a la operación de este Mecanismo de Protección, sino a la agenda de libertad de expresión, derecho a la información y derechos de periodistas, a tal grado que el fideicomiso que financia las medidas de protección fue desparecido por el Congreso de la Unión, al igual que otros fideicomisos vitales para el desarrollo social del país”, expone Graciela Machuca.

Precisa que “las cifras de asesinatos de periodistas en el país durante los últimos 20 años han ido en aumento y cada institución u organismo civil las presenta con sus motivaciones y metodologías de documentación, pero según estimaciones conservadoras ya superamos las 300 víctimas y la impunidad rebasa el 90 por ciento, esto con base en estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Esto describe Graciela Machuca:

“El gremio periodístico, al igual que las personas defensoras de derechos humanos y familiares de las víctimas creímos que el Presidente López Obrador tendría la voluntad política y destreza ausentes en sus antecesores del PAN y del PRI, pero quedó la esperanza marchita porque no solo se ha mantenido la violencia, sino desde la Presidencia se ha mantenido una incesante campaña de acoso y estigmatización en contra del gremio periodístico y contra las personas defensoras de Derechos Humanos que no le siguen el juego al poder, alentando entre sus fanáticos los ataques contra la prensa que no lambisconea al gobierno federal”.

“La tarde del 23 de enero fue asesinada la periodista María de Lourdes Maldonado López al recibir un disparo en la cabeza afuera de su casa en Tijuana, Baja California. Se encontraba a bordo de su automóvil. Según el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), la víctima estaba inscrita desde 2021 en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Gobierno de Baja California y se convierte en la tercera periodista ejecutada en el país y la segunda en esa entidad en lo que va de 2022”.

“El organismo sindical detalló en un comunicado que la víctima había asistido en marzo de 2019 a la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador para pedirle su apoyo ante un juicio laboral que había iniciado contra el ahora exgobernador de la entidad, Jaime Bonilla –dueño de la empresa para la cual trabajaba– y para denunciar que su vida se encontraba en peligro.

"Vengo aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida porque se trata de un pleito que tengo seis años con él", expresó en esa ocasión Lourdes Maldonado. La reportera y conductora de programas de radio había ganado hace una semana el litigio laboral, por lo que la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó un embargo comercial para garantizar el pago del adeudo salarial y de prestaciones”.

Cuestionado este lunes en su conferencia matutina sobre el asesinato de la periodista, López Obrador respondió con evasivas y no se atrevió a fijar una postura contundente, obligada en un gobierno federal que ha dejado pasar estos asesinatos que se siguen acumulando.

En Quintana Roo fue incinerada nuestra Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el prejuicio infantil de que era una “Ley Borge”. El daño para nuestro gremio fue terrible, ya que en este gobierno de Carlos Joaquín González destruyeron nuestro refugio anticiclónico en pleno huracán de categoría máxima, ya con periodistas asesinados.

Todos los partidos se han cruzado de brazos en el Congreso local y de nada ha servido el arribo de la 4T con Morena al frente, ya que comparten el acentuado desdén hacia nuestro gremio desprotegido en todos los flancos, comenzando por el laboral.

Los integrantes de Periodistas del Caribe exigimos una reacción inteligente y de amplio alcance de los tres órdenes de gobierno para que nuestro gremio en los hechos sea protegido para desempeñar su labor, combatiendo y acabando con la impunidad que alienta estos frecuentes ataques de cobardes sueltos en las calles y al servicio de poderosos hasta ahora intocables.

Javier Chávez Araxca

Presidente de Periodistas del Caribe A.C.

*Los dos proyectiles, aparentemente balísticos, recorrieron más de 300 kilómetros antes de caer al mar.

Vuelven los malos viejos tiempos. Aquellos de 2017, en los que Corea del Norte efectuaba pruebas de misil a ritmo casi semanal. Este lunes, el régimen de Pyongyang ha disparado lo que parecen ser dos nuevos misiles balísticos de corto alcance desde los alrededores del aeropuerto Sunan de la capital, el cuarto lanzamiento en lo que va de año y con el que busca -como los tres primeros- desarrollar sus nuevas tecnologías de armamento y aumentar la presión sobre Estados Unidos.

Los dos proyectiles, disparados poco antes de las 09.00 hora coreana (01.00 hora peninsular española) apenas tres días después de otro lanzamiento doble -aquel llevado a cabo desde un tren-, tuvieron un recorrido de unos 380 kilómetros y alcanzaron una altura de unos 42 kilómetros en un vuelo en dirección noreste, antes de caer sobre el mar, según el Estado Mayor surcoreano.

El ministerio de Defensa de Japón, por su parte, ha calculado que los misiles recorrieron una distancia de 300 kilómetros y llegaron a una altura de 50 kilómetros en una “trayectoria balística normal”.

La Casa Azul, la sede de la presidencia de Corea del Sur, calificó el nuevo lanzamiento de “muy lamentable” y convocó una reunión de urgencia de su consejo de seguridad nacional en Seúl.

Desde el comienzo del año Corea del Norte ha llevado a cabo otras tres pruebas de misiles, un ritmo que no se veía desde los peores tiempos de 2017, cuando las tensiones con Estados Unidos amenazaron con desatar un conflicto violento. Pero en noviembre de aquel año el líder supremo norcoreano Kim Jong Un declaró completado el programa de armamento nuclear de su país. En 2018 se abrió un proceso de deshielo con Seúl y se inició una etapa de negociaciones con Estados Unidos, dentro de la que Pyongyang declaró una moratoria en sus lanzamientos.

La serie de cumbres que Kim mantuvo con el entonces presidente estadounidense Donald Trump toparon con un estrepitoso fracaso en Hanoi en febrero de 2019. Desde entonces el proceso ha languidecido, sin que la nueva Administración de Joe Biden haya dado grandes señales de interés en retomarlo.

Sin indicios de recuperación de las negociaciones, el líder supremo norcoreano dio órdenes el año pasado de desarrollar nuevo armamento de tecnología punta, una prioridad que se recogió en el nuevo plan quinquenal (2021-2015). En septiembre del año pasado Pyongyang llevó a cabo su primera prueba de un misil hipersónico, una tecnología con la que hasta el momento solo cuentan Estados Unidos, Rusia y China y que permite que los cohetes alcancen velocidades cinco veces superiores a la del sonido y puedan maniobrar en su trayectoria tras el disparo. Los dos primeros lanzamientos de este año también han sido de misiles hipersónicos, según los medios estatales norcoreanos. Seúl asegura que se trata de tecnología aún muy rudimentaria y que sus sistemas antimisiles están en condiciones de neutralizar esos cohetes si se dispararan contra su territorio.

El tercer lanzamiento en lo que va de este año llegó el viernes, dos misiles de corta distancia que se dispararon desde un tren en las cercanías de la frontera con China. Esa prueba llegó un día después de que Washington impusiera nuevas sanciones contra funcionarios norcoreanos implicados en el programa de armamento de ese país. Pocas horas antes del disparo, Corea del Norte había amenazado con una respuesta “más fuerte” a esos castigos, que consideró una “provocación”.

La nueva racha de pruebas, bien desde un tren o bien de misiles hipersónicos, indica que Corea del Norte “busca mejorar su tecnología y sus capacidades operativas para llevar a cabo lanzamientos secretos, con el fin de que otros países tengan problemas para detectar los indicios de que se prepara un disparo”, ha indicado el ministro japonés de Defensa, Nobuo Kishi, en una rueda de prensa. “No se puede hacer caso omiso del notable desarrollo de la tecnología de misiles de Corea del Norte, por el bien de la seguridad de Japón y del resto de la región”, ha añadido.

El nuevo y frenético impulso a la tecnología de armamento llega cuando el propio Kim ha reconocido dificultades en el suministro alimenticio, causadas por una combinación de las sanciones internacionales, desastres meteorológicos y el hermético cierre de las fronteras para proteger de la COVID a la empobrecida nación.

Precisamente, este fin de semana un tren de mercancías norcoreano cruzó la frontera sobre el río Yalu y entró en China, según informó la agencia surcoreana Yonhap, en lo que podría significar la reactivación del comercio entre Corea del Norte y su gigante vecino, de donde procedía el 90% de los productos que importaba el régimen de Pyongyang.

Texto y foto: https://www.grupormultimedio.com/