Por Emilio Bustos Aguilar    Foto: https://polemon.mx/

*De que, en política, a nivel nacional vienen nuevos tiempos, ni quien lo dude.

Al parecer el cambio de consejeros en el INE así lo presagia y, eso, es magnífica señal porque es evidente que previamente no son aleccionados y muchísimo menos maiceados como en época prícaica recién pasada. Si a lo anterior añadimos que el ex intocable y tocayazo Lozoya se encuentra a disposición de las autoridades en seguro depósito provisto de magnífico y sonoro bajo quinto presto a ordenar a su ronco pecho entonar melodías al gusto de la Fiscalía General de la República a fin de que pronto encuentre camaradas que al hacerle compañía hagan menos tediosa su estancia y  el pueblo de México conozca aspectos que ni en sueños creía que hubieran tenido lugar con la muy marcada participación de sus elegidos para guiar su destino a mejores estadios de bienestar y en realidad fue artera y vilmente traicionado como lo estamos comprobando: un ex de gobernación solicitando amparo hasta para el hijo, otros caballeros de la copetuda nobleza peñanietista en busca de protector amparo en España porque sienten que el agua inunda sus aparejos etc., y como el tema proporcionará suficiente tela de donde cortar por ahora aquí hacemos un alto.

Según noticias septiembre es el mes indicado para romper las hostilidades electorales, razón que explica cierta agitación en los partidos políticos dispuestos a dar la pelea por gubernaturas, diputaciones y presidencias municipales. A este respecto es evidente cierto nerviosismo en el otrora poderoso PRI a causa de las melodías de Lozoya, porque el INE y Gobernación pueden configurar la comisión de graves delitos electorales que podrían dar lugar a la cancelación de su registro como Partido Político, cosa que sería muy lamentable por lo que ese partido significa en la historia política de nuestro país.

De acuerdo con el título de esta colaboración el próximo evento electoral permitirá comparar el ayer y hoy del proceso para encargar a los más destacados el destino político de los pueblos. El método conocido como de “usos y costumbres” es vestigio del antiguo procedimiento indígena aplicado en la administración pública y que la nueva cultura y la tecnología, muy a pesar de algunas etnias, ha vuelto obsoleto.

Este veterano servidor, por su incurable manía investigadora logró saber que llegados los tiempos para renovar autoridades a tamborazos el pueblo era convocado y en sesión pública, democráticamente, eran electas las nuevas autoridades.

Para que marchara adecuadamente el programa en mente del nuevo cabildo precisaba aplicar impuestos por lo que los congresos locales autorizaron El bando de policía y buen gobierno y La Ley de Arbitrios; ciertamente la recaudación del pago de licencias, multas y otros ingresos en mucho permitieron hacer obras de  beneficio social, porque en algo dejó de precisarse la participación física y económica de la gente pero como la cosecha de mujeres nunca se acaba la explosión demográfica y otros factores complicaron el trabajo de los que tenían la responsabilidad como autoridades del destino público; esta problemática la complicó el hecho real de que desde el juez de barrio, el jefe de manzana, los elementos encargados del orden y la seguridad pública, los regidores y el presidente municipal no percibían ingresos, todo su trabajo a favor de la comunidad era honorario.

Con el tiempo, con justa razón, nadie quería este tipo de encomiendas que implicaba desatender su casa y el patrimonio para atender reyertas familiares o sociales que la parte perdedora, en algunos casos, cobraba al dejar el cargo a veces con resultados trágicos. Pero no hay mal que dure cien años.

En 1982 llegó Miguel de la Madrid Hurtado a la Presidencia de la República que promovió reformar el artículo 15 Constitucional.

Ésta muy necesaria reforma se logró con destellos dorados porque por insignificante que sea la presidencia municipal para algunos aspirantes a redentores es oro molido.