Con apenas catorce días en la Fiscalía General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, ya enfrenta la tortuosa etapa de padrinazgos que desde diferentes posiciones de poder pretenden que no haya cambios en la conducción de la institución, ante el riesgo de perder espacios en el organigrama de una dependencia paralizada por el tráfico de favores políticos en la conformación de su estructura burocrática.
Por lo pronto, el nuevo fiscal ya dio su primer manotazo en la complicada misión de reorganizar una institución que le fue entregada en el más completo desorden en asuntos administrativos y operativos, al lograr la renuncia de José Antonio Bonilla Uribe a la Vice fiscalía de Investigación.
La permanencia de Bonilla Uribe en la FGE representaba la prolongación del mando del ex fiscal Xavier Olea en un área fundamental a la hora de entregar resultados. De ahí que la salida de este personaje se interprete como un acierto positivo en la complicada misión de devolver funcionalidad a la institución.
El problema es que mientras Zuriel de los Santos dedica tiempo a los trabajos de reconstrucción de imagen y operatividad, en las entrañas de la FGE se tejen acuerdos para conservar privilegios y mantener grados de influencia.
Hasta ahora no hay un solo funcionario menor o de primer nivel que haya cumplido el compromiso institucional que distingue a los priistas, de colocar la renuncia sobre el escritorio del nuevo titular cuando se registran cambios en la conducción de cualquier dependencia.
El viernes pasado, mientras el Fiscal celebraba un encuentro con el cuerpo de cónsules en Acapulco, en la que los diplomáticos expusieron opiniones sobre lo que esperan ciudadanos extranjeros que acuden a la FGE, el Vice fiscal de Prevención y Seguimiento, el chiapaneco Alejandro Santos González comunicaba a un grupo de colaboradores haber recibido ya la notificación de su ratificación en el cargo, cuando en realidad ya le fue solicitada su renuncia desde la semana pasada y dicha oficina está sometida al proceso de evaluación aplicado en todas las áreas de la fiscalía por instrucciones del titular.
En la misma situación se encuentra Esteban Maldonado, director de la Policía Ministerial, quien afirma que los mandos del ejército que lo recomendaron ya le dijeron que en su caso no hay problema para su continuidad al frente de esa instancia investigadora.
El titular de la Fiscalía Regional en Acapulco, Ricardo Quevedo Astudillo se cuenta también entre quienes han acudido a solicitar la bendición de sus padrinos en los últimos días, aunque esta oficina aparece como una de las instancias con mayores vicios administrativos, corrupción en atención ciudadana y desatención hacia víctimas de delitos.
Las expectativas que generó el cambio de fiscal revelaron una tendencia de que esta sustitución fue buena y recayó en un joven abogado del que se espera imprima modificaciones sustanciales a la FGE. Pero en los hechos este objetivo solo podrá materializarse si se le permite crear una estructura de trabajo con profesionales confiables.
De nada servirá la sustitución de Xavier Olea si no se remueve el estilo apático e inoperante de la dependencia.
De hecho, en los espacios de litigio y centros de estudios del derecho se tiene la certeza de que las pifias y yerros de Xavier Olea no eran atribuibles solo a él, sino también fueron producto de una maquinaria burocrática obsoleta que controla espacios clave de la FGE.
Seguramente una evaluación a fondo en cada una de las áreas de la fiscalía revelaría datos preocupantes y riesgosos sobre el interés real por el que los funcionarios de esa dependencia oponen tanta resistencia para dejar el cargo.
En este contexto, el periodo de tomar grandes decisiones para modificar de fondo, no solo de fachada, a la FGE es hoy. La serie de reuniones que el fiscal de los Santos ha tenido con representantes de la sociedad civil, funcionarios de los tres niveles de gobierno y legisladores, contiene un mensaje de que se requiere una suma de voluntades desde los tres poderes del Estado para obtener resultados positivos.
Después de todo, la responsabilidad mancomunada del Ejecutivo y legislativo para tutelar cambios en la Fiscalía, no termina con la designación de un nuevo fiscal. En realidad el compromiso es constitucional y refiere a una obligación permanente de supervisar y calificar a la institución.
Al final de cuentas, nunca como ahora Guerrero había contado con tantas circunstancias a favor para meter la barredora a fondo en la fiscalía, a menos que los padrinos se localicen en donde se toman las decisiones importantes.
