Un primer balance después de la jornada electoral que arrojó a Morena como fuerza política arrasante, permite apreciar con mayor claridad que el proceso electoral en Guerrero ni fue una fiesta democrática como se apresuraron a celebrarlo los políticos, ni los triunfadores, al menos en la contienda por ayuntamientos y diputaciones federales y locales, pueden ostentar calidad moral para asumirse como representantes populares después de que la mayoría de ellos ni siquiera campaña, compromisos o propuestas hicieron.
Antes que alimentar la euforia por lograr una transición política sin violencia, las voces oficiales y partidistas deben revisar el antecedente de más de treinta asesinatos de candidatos y precandidatos a cargos de elección registrados en esta entidad antes y durante el proceso electoral 2018.
Por lo pronto, a los aspirantes en general les quedó claro que en lo sucesivo su registro para competir por un cargo popular no lo deben hacer en primer instancia en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, sino ante los operadores del crimen organizado que definieron en todas las regiones del estado quien competía y quién no.
Después de todo, en Chilapa, Coyuca de Catalán, Petatlán, Taxco de Alarcón y Zumpango quedó constancia de ello. En esas localidades hubo operación abierta de grupos delincuenciales para remover candidatos y en Coyuca de Catalán y Petatlán ejecutaron a los aspirantes a la alcaldía, Abel Montufar Mendoza y Javier Rodríguez, respectivamente, sin miramientos.
En todo caso, la supuesta fiesta democrática es apenas el velo que cubre el rostro de la impunidad que entintó todas las etapas del proceso electoral. En el desfogue de la celebración, el avasallamiento del crimen organizado quedó olvidado por ganadores y perdedores.
El problema es que hasta ahora ninguno de los diputados o alcaldes electos ha incluido en su discurso alusión alguna al tema de la violencia en los comicios. Los diputados de Morena que obtuvieron mayoría legislativa con 16 escaños en el Congreso local y nueve en el federal, han eliminado sistemáticamente el tema en sus agendas discursivas sin entender que gran parte del rechazo que los votantes emitieron hacia el PRI surge precisamente del desentendimiento con que la clase política priista trató el asunto de la inseguridad.
Esa circunstancia no es extrañarse pues la mayoría de los funcionarios electos de Morena, no todos pero si un elevado porcentaje, ni siquiera esperaba el triunfo y su única expectativa se sostenía sobre el beneficio que pudieran obtener del efecto López Obrador, el cual en 2006 y 2012 obsequió decenas de diputaciones federales y senadurías a los perredistas.
Casos como el de Rosario Merlín, quien sus únicos días de campaña fueron cuando acompañó a López Obrador en las visitas que realizó a Guerrero, merecen un espacio en la galería de lo absurdo: Merlín no siquiera se separó del cargo de directora de la escuela primaria Club de Leones durante el proceso electoral. Pagó a un grupo de colaboradores para que manejaran su imagen en redes sociales, pero nunca se presentó en una comunidad del noveno distrito electoral federal, para exponer propuestas y compromisos políticos que le atrajeran votos.
Lo mismo hizo en 2012 y el resultado fue similar: diputada federal sin hacer campaña, por lo tanto su paso por la Cámara baja fue inocuo e improductivo. Nunca tuvo participación en tribuna y mucho menos generó iniciativas que beneficiáran a los votantes de su distrito, la zona suburbana y rural de Acapulco.
En realidad, Rosario Merlín es arquetipo del fenómeno morenista en Guerrero, compuesto por candidatos designados por dedazo que no tuvieron tiempo de estructurar una propuesta ideológica innovadora y se quedaron con lo que aprendieron en las esferas derecho-izquierdistas del PRD.
Buena parte de los candidatos electos de Morena en Guerrero son desprendimientos políticos del PRD, por lo tanto representan el regreso de una clase partidista que ya transitó por la función pública sin cumplir las expectativas que en el pasado reciente generaron.
De ahí que en sus primeras declaraciones como triunfadores destaque el vacío sobre los principales retos del estado y la nación. No tienen idea por donde comenzar a desenredar los efectos de la desigualdad social y el debilitamiento de los factores de productividad. Menos para entender a descifrar las claves de la incapacidad oficial para defender a la sociedad.
Ahí radica la gravedad de suponer que todo se resume a una fiesta democrática; López Obrador contará con una mayoría legislativa suficiente para definir el rumbo económico y político del país, pero el riesgo se localiza en que los integrantes de esta mayoría carezcan de idea sobre la dimensión del giro y los alcances de resultados.
En el fondo, la elección de los nuevos diputados federales de Morena en Guerrero no es revolucionaria, ni histórica, mucho menos reformadora. En realidad es el regreso de la generación de perredistas que ya le falló a los guerrerenses.
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