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Ciudad de México, a 19 de abril de 2020.- Comparado con la serie de constantes descalificaciones para Reforma, El Universal, El Financiero y Televisa entre otros, y sus reporteros, a quienes llama fifís, conservadores, neoliberales y demás adjetivos, la frase “Javier Alatorre es mi amigo”, y el posterior apercibimiento público para la empresa TV Azteca, suenan más a una estrategia de contención de daños que a un distanciamiento afectivo entre el Jefe del Estado Mexicano y el dueño de la televisora, la segunda más importante del país, y de varias empresas de cobertura nacional como Banco Azteca y Elektra.

El sacrilegio que realizó Javier Alatorre, vapuleado desde el viernes y la mañana del sábado por las “benditas redes sociales”, pero apapachado por el presidente de la República, fue suplantar al verdadero autor del mensaje y, como mensajero, quitar el foco de la afirmación hecha por el gobernador de Baja California Jaime Bonilla, para atraer la atención hacia él.

De tal forma que, contrario a lo que parece, tal acción registrada en el noticiario estelar del Canal 13 de TV Azteca, habla de una comunión total entre el empresario Salinas Pliego y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el apercibimiento de la Secretaría de Gobernación ayer por la tarde, puede ser considerado como un “ardid” publicitario para demostrar el enojo o molestia del gobierno con el “ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”.

Sin embargo, el fondo de toda esta trama es otro. El verdadero foco está en Baja California, y ahí seguirá si el Jefe del Poder Ejecutivo no dialoga con su amigo Jaime Bonilla, aquel que retó a todo el sistema político y judicial y se apuntó para alargar su periodo constitucional por tres años más para llevarlo de dos a cinco, y que muchos analistas vieron como una estrategia que le puede convenir al presidente, quien ha dicho que no se reelegirá, pero que podría ampliar su mandato si lograra ganar de calle las elecciones federales del próximo año.

Todo comenzó porque, pese a los llamados de los médicos del IMSS en Tijuana por la falta de insumos para poder atender a los pacientes probablemente infectados por Covid-19, no les hacían caso y un médico acudió a su amigo, el actor y comediante Eugenio Derbez, quien realizó un video que transmitió la noche del domingo, dando a conocer el grito desesperado del grupo de médicos.

Cuatro horas después, Desiree Sagarnaga Durante, delegada del IMSS en Baja California, pidió a Eugenio Derbez no difundir noticias falsas o fake news. También en un video le dijo: ““Su información es falsa, le quiero pedir un favor, no difunda noticias falsas, nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas y hacer este mensaje, pues me está tomando el tiempo que tendría que estar usando para pacientes que lo necesitan, que me necesitan”.

Entonces entró en escena el gobernador Jaime Bonilla, quien durante la transmisión del reporte sobre cómo se encontraba ese día la contención de la pandemia en Baja California, pidió a su secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, que le dijera cómo estaban las cosas, porque él había comentado ya en reuniones de trabajo que su preocupación y el talón de Aquiles para enfrentar la crisis sanitaria iba a ser el IMSS porque había “mucho desprendimiento” (de la delegada) y relató que “los mismos médicos que tiene el hospital general, los tiene también el Seguro Social y ahora vemos que están cayendo como moscas”.

Y dijo muy claro: “Siento yo que el problema del Seguro Social afectó a la salud del estado”. Para después referirse al caso Eugenio Derbez: “Tenemos que esos señalamientos, muchos de ellos son ciertos. Tal vez algunos no son precisos, pero el fondo es cierto y sí, ha habido descuido en el Seguro Social, por lo menos aquí en Baja California”.

Pero este viernes, nuevamente el gobernador emanado del partido del presidente, Morena, arremetió, ahora en contra de los números que cada noche da la Secretaría de Salud del Gobierno federal, al que acusó de dosificar las cifras sobre muertos por Covid-19.

Pérez Rico le informó al gobernador que durante la rueda de prensa de López-Gatell el jueves, reportó 31 muertos en Baja California, cuando en realidad se tenían 65, es decir que omitió 34. Y el viernes la Secretaría de Salud federal reportó 33 fallecidos cuando los números reportados por la dependencia estatal eran 72 (ocultó 39), es decir, que de un día a otro hubo 7 personas más que perdieron la vida y de ellas sólo fueron reportadas en el registro nacional dos.

“Y si nosotros reportamos 72, pues se me hace raro que haya tanta diferencia, tenemos casi el doble de personas que han sucumbido. ¿Por qué? Aquí tenemos la confirmación de que esos murieron. Entonces quiere decir que se está dosificando la información o que no la están diciendo, y quisiera que eso me lo explicaran en México. ¿Y me dices que es el mismo caso para todos? ¿Eso quiere decir que esos 486 –los dados a conocer de los fallecidos a nivel nacional-- no es real?”.

Y continuó: “Les voy a exigir que den información verídica de Baja California. ¡No pueden dosificarla! Qué peligro es (no dar las cifras reales), porque nosotros estamos en tiempo real. ¿De qué sirve que publiquemos lo que es y en México publiquen otro número? Eso a mí no me gusta. Para empezar, no están diciendo la verdad y pues ¿por qué no decirla? Hay que investigar, y esos 486 (muertos a nivel nacional hasta el jueves) no es real”.

Esta declaración de Bonilla es la causante de todo el entramado que se dio después y que terminó con el llamado de Javier Alatorre cuando dijo: “Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el #Covid_19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”.

Incluso ayer sábado las cifras ya fueron más cercanas a la realidad mostrada por Bonilla y de un día para otro, el número de los fallecidos para la SS federal se elevó a 68, cuatro menos que los reportados por el Gobierno de Baja California el viernes, pero sin ser los correctos porque registró 13 menos al día de ayer, porque el equipo de Jaime Bonilla dio a conocer que la suma de fallecidos hasta su corte del sábado llegó a 81.

El empresario tijuanense y gobernador de Baja California, volvió a recargar ayer sobre los números de López-Gatell: “Aquí la clave es: hay que informar, porque al presidente de México, porque lo conozco muy bien, le choca la mentira, o sea, realmente no se están diciendo las cosas como están”.

Y gracias a la intervención de Javier Alatorre, esto que debería ser un caso de escándalo a nivel nacional de probable ocultamiento de cifras como ocurrió en Baja California, y también en China, no se convirtió en eso y, por lo contrario, se transformó en un acto de soberbia del presentador de noticias y su jefe, Ricardo Salinas Pliego, relacionado con los adeudos y deseos del empresario televisivo de mantener la actividad en sus tiendas y sucursales bancarias.

La jugosa “donación altruista” de materiales hospitalarios para atención del Covid-19 que exhibió una docena de diputados locales de Morena, fue muy bien recibida por directivos y personal médico de diversos hospitales del estado, que se habían quejado de la falta de apoyo del gobierno federal morenista; pero está resultando ya un tema incómodo para el delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, debido a la falta de transparencia en la adquisición de los insumos “donados”, que se sospecha fueron sustraídos de los envíos hechos a Guerrero por instituciones de Salud federal, o fueron adquiridos desviando recursos públicos del Congreso local, según diversas denuncias.

El tema no es menor a la luz de las múltiples protestas que han llevado a cabo médicos, enfermeras y trabajadores de apoyo de clínicas y hospitales públicos en el estado, debido a que carecen de equipo de protección y de los insumos necesarios para atender a los enfermos de Coronavirus que llegan cada vez en mayor número para su atención urgente.

La queja no sólo ha cundido en Guerrero, sino en todo el país, debido al tardío y muy deficiente equipamiento con que ha respondido el gobierno de Andrés López Obrador, quien por un lado recortó por segundo año consecutivo el presupuesto del sector Salud, despidió personal, y ahora se niega a invertir los recursos necesarios para equipos y materiales que protejan al personal médico y que garanticen una atención adecuada a los enfermos, cuyo número está creciendo ya de manera acelerada.

Ante esa situación, han sido el gobierno estatal –que adecuó el presupuesto de este año para atender la emergencia-, y diputados locales del PRI, PAN, PRD, MC y PVEM quienes han aportado de sus salarios los recursos para equipar a algunos hospitales, y reparar respiradores y monitores que estaban en desuso. Sin olvidar que es el gobierno federal responsable de esas adquisiciones, debido a que concentra el presupuesto de todos los estados para hacer las llamadas “compras consolidadas”.

Lo malo es que los materiales enviados desde el gobierno federal a los estados sigue siendo escaso y de muy mala calidad –según queja de los médicos-, lo que supone un riesgo para médicos y enfermeras, entre quienes ha habido ya múltiples contagios y decesos en el país.

Y ante las quejas, la respuesta de AMLO ha sido la de aumentar los presupuestos para la construcción de obras no prioritarias, como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, a un costo superior a los 400 mil millones de pesos, sin que se conozca la cifra real de los recursos que finalmente el presidente dice haber asignado para fortalecer la infraestructura hospitalaria y atender la epidemia…

¿De dónde sacaron los diputados de Morena sus “donaciones” y de dónde salieron los recursos…?

En ese contexto, llama la atención el boletín oficial emitido en el Congreso local a nombre de los 12 diputados adictos al delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros –quien maneja las finanzas del Poder Legislativo a través de su tesorero, Netzahualcóyotl Bustamante, que regresó al puesto luego de que a fines del año pasado fue cesado por el anterior coordinador morenista, Antonio Helguera, por corrupción-, que presumieron en grupo y luego cada uno en lo personal promocionando la entrega en diversos hospitales de sus distritos con fines de promoción político-electoral.

Los insumos entregados por los morenistas no fueron pocos: 1,350 mascarillas N95 -a un costo de entre 100 y 400 pesos, según proveedor, debido a la sobredemanda, que implica un gasto de hasta 540 mil pesos-, 2,296 overoles especiales, impermeables, cajas acrílicas de intubación, cubrebocas tricapa, gel antibacterial, jabón líquido y guantes protectores, entre otros.

Pero se les olvidó declarar de dónde sacaron los materiales –hay una gran escasez y tardanza en las entregas- o de dónde provino el dinero invertido –varios millones de pesos-. No se sabe el monto total de la compra ni se exhibieron facturas, ni se aclaró si los diputados hicieron una colecta de sus propios sueldos –improbable, debido al monto-, o tomaron dinero de los “ahorros” que el año pasado se perdieron en manos de funcionarios y diputados de Morena por entre 30 y 50 millones de pesos. Más lo que se está acumulando este año.

Por lo que según denuncias, se presume que, de haberse hecho la compra directamente, se hizo con recursos públicos desviados del presupuesto del Congreso local –ya lo han hecho desde el año pasado en diversos rubros-, para favorecer las aspiraciones políticas futuras de los 12 diputados adictos a Amílcar Sandoval, que dispone a su antojo de los recursos del Legislativo. Y obviamente dejaron fuera a los otros 11 diputados morenistas que no obedecen al delegado federal.

Aunque también se sospecha que los insumos hayan sido sustraídos de las remesas de equipos y materiales enviados por el gobierno de AMLO a los hospitales bajo control federal en el estado, por empleados de Sandoval Ballesteros, quien maneja la delegación federal con total hermetismo.

No olvidar que ese tipo de robos ya han sido denunciados. Como en el caso de la sobrina del senador morenista Félix Salgado Macedonio, administradora de un hospital en la CDMX, a quien se acusó de robar toda clase de insumos, que luego Félix vino a entregar a Guerrero, como si fueran aportación suya.

Los samaritanos morenistas sospechosos de participar en esa operación de desvío de recursos, son, según el boletín oficial, y de acuerdo a las denuncias: Jesús Villanueva Vega, Luis Enrique Ríos Saucedo, Norma Otilia Hernández Martínez, Mariana García Guillén, Nilsan Hilario Mendoza, Moisés Reyes Sandoval, Blanca Celene Armenta Piza, Perla Xóchitl García Silva, Yoloczin Domínguez Serna, Marco Antonio Cabada Arias, Arturo Martínez Núñez y Carlos Cruz López.

Los malos manejos morenistas y la corrupción de sus legisladores y funcionarios son ya ampliamente conocidos. Y ante un nuevo caso de falta de transparencia, la “donación altruista” de Sandoval y de sus peones en el Congreso queda, como en otros casos de desaparición de recursos públicos, bajo sospecha de fraude…

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Foto: Latitud Megalópolis