Miguel Ángel Arrieta

Si hasta ahora la atención a la pandemia mundial que ya comenzó a cobrar víctimas en Guerrero ha generado miedo y desconcierto en el estado, esta percepción derivada de la crisis sanitaria y la crisis económica, podría ser desproporcionadamente mínima en comparación con la crisis que se viene al iniciar el proceso de normalización de la actividad productiva.

De hecho, la elevada afectación a la economía motivada por la pandemia del coronavirus no ha sido visualizada en toda su dimensión por el efecto lógico de la  preocupación social inmediata, pero un dato que debe alertar por lo pronto sobre la gravedad pronosticada para después del coronavirus, es el reconocimiento de la Secretaría de Hacienda a la complicada situación que se avecina, después de que desde enero pasado el presidente López Obrador decía que la economía mexicana estaba blindada ante cualquier crisis y que disponíamos de un “peso fortachón”.

Lo peor es que el impacto financiero encontró al país en una situación de alta vulnerabilidad, debido a la desatención de López Obrador a las tendencias de los mercados internacionales y la ausencia de voluntad presidencial para recomponer la relación gobierno-empresarios y establecer una economía mixta saludable.

En realidad, el costo de los desaciertos en programas financieros sumado al colapso del coronavirus y la caída en los precios internacionales del petróleo, a quien más va a lesionar es a los estados con menor asignación presupuestal y mayor carga de rezagos sociales, entre los que destaca, obviamente, Guerrero.

Invariablemente, se aprecia un escenario de circunstancias propias de los momentos que anteceden a los ajustes presupuestales federales.

Y la reducción de las participaciones fiscales a los estados se proyectará directamente contra financiamiento a la infraestructura educativa, disminuirá recursos al desarrollo urbano, minará el de por sí ya lastimado crecimiento agrario y cancelará programas asistenciales locales. Las universidades públicas también sufrirán afectación financiera y los ayuntamientos por consecuencia.

El panorama previsto indica que Guerrero apenas comienza a cruzar un laberinto de limitaciones económicas y expectativas inciertas. Viene un desastre sanitario, una crisis financiera pública-privada y un desplome de proyectos de inversión en toda su geografía.

En el fondo, el cierre  de playas acordado por los tres niveles de gobierno para disminuir los riesgos de contagio del Covid-19, debería ser interpretado como el foco rojo desde el que merecen observarse los tiempos difíciles que se aproximan: más allá de cualquier significado, el impacto económico por la prohibición de ingresar a las playas es de proporciones económicas incalculables.

La paralización de la franja costera no solo afecta a restauranteros, comerciantes fijos y ambulantes, prestadores de servicios turísticos, hoteleros y trabajadores; el cierre de playas constituye el rompimiento de la principal  cadena productiva de sobrevivencia de la entidad.

Con la aplicación de esta medida la columna vertebral de ingresos financieros a Guerrero se fractura y paraliza la economía del estado, pero la medida se justifica para que no vuelva a suceder lo que le ocurrió al gobierno federal que se la pasó más de un mes resistiéndose a aceptar la gravedad de la pandemia y cuando se dio cuenta tuvo que declarar bajo fuertes presiones sociales la emergencia sanitaria.

De ahí que el paquete de diez medidas económicas decretadas por el Gobernador Astudillo Flores para mitigar la afectación de la crisis económica del Covid-19 en Guerrero, haya sido recibido como una dosis de oxigeno por empresarios y grupos ciudadanos.

Lo recomendable ahora es que el gobierno estatal y los ayuntamientos deberían comenzar la integración de un equipo de especialistas capaces de analizar los escenarios previsibles que se presenten cuando amaine la crisis sanitaria.

La lógica oficial en situaciones de desastre, indica que lo prioritario es activar una estrategia de comunicación social enfocada a orientar a la sociedad desde espacios de opinión que incentiven la solidaridad social y el tema humanista de la crisis.

Aunque el término humanismo debe manejarse con inteligencia didáctica: humanismo no es precisamente cobijar financieramente a toda la planta laboral y sectores productivos, incluido el de la denominada economía informal.

Después de todo ningún gobierno de ningún país o estado de la República tiene capacidad financiera para alimentar un sistema paternalista de alcances extremos.

En todo caso, lo conveniente es disponer de los fondos financieros que administra el gobierno federal para casos de emergencia nacional, para asistir temporalmente las necesidades más básicas de los sectores ciudadanos más afectados.

La operatividad de este tema requiere de manos de cirujano, ya que ante los crecientes reclamos de grupos de la economía informal; -ambulantes, taxistas y prestadores de servicios turísticos no asalariados-, hay quienes se manifiestan a favor de esa petición pero también surgen voces que desaprueban la misma, ya que consideran improcedente que, por ejemplo, los ayuntamientos y gobiernos estatales y federal tengan que sostener económicamente al comercio ambulante que nunca ha pagado impuestos ni contribución hacendaria alguna a las arcas oficiales, mientras que a quienes siempre han cumplido sus cuotas fiscales se les esté negando la prórroga en el pago de impuestos y cobertura de servicios de agua y luz eléctrica.

Al final de cuentas, prevalecen elementos de que el recomienzo de la vida después de la pandemia nunca vuelva a ser igual.