El Regional de la Costa: sitio web donde encontrarás las noticias más relevantes del Estado de Guerrero

Por Renato Consuegra

Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2024.- Este miércoles es casi probable que la mayoría del partido en el Gobierno y sus aliados en el Senado de la República logren derribar el último contrapeso a su gobierno y el Poder Judicial sume una grave derrota política y mediática, debido a que, como a otros contrapesos constitucionales e institucionales, les falló la comunicación con la parte más amplia de la sociedad, mediante la cual lograría equilibrar esa disputa de poder.

Desde la llamada Mañanera, el titular del Poder Ejecutivo repitió una vez más este sábado 7 de septiembre, como lo hizo desde febrero pasado, que el culpable de la impunidad es el Poder Judicial y que los opositores “están ahí, tratando de frenar esta reforma que es indispensable porque tenemos que acabar con la puerta giratoria”. El término “puerta giratoria” en el ámbito penal se utiliza para criticar un sistema en el que, debido a debilidades legales, corrupción, falta de recursos o de procesos adecuados, los acusados (incluso aquellos que han sido arrestados múltiples veces) logran salir en libertad, a menudo reincidiendo en conductas delictivas.

En medio del debate sobre la Reforma Judicial impulsada por el Poder Ejecutivo con apoyo del Legislativo, surge una pregunta crucial: ¿es el Poder Judicial el verdadero responsable de la falta de castigo a los presuntos delincuentes? El gobierno apunta en esa dirección. Ha señalado con dureza al Poder Judicial como el principal responsable de la impunidad en nuestro país, sugiriendo que una reforma profunda es la solución para combatir la impunidad.

El Poder Judicial se quedó estupefacto ante las acusaciones y prácticamente nunca dijo, desde sus diferentes aparatos de comunicación, que este enfoque pasa por alto un aspecto fundamental del sistema de justicia que desafortunadamente la mayoría de los mexicanos desconoce o confunde, ya que el aparato de justicia está dividido. Y que existe una gran y enorme responsabilidad del Ministerio Público, que forma parte del Poder Ejecutivo, en la recopilación y presentación de pruebas para que los jueces hagan el trabajo de castigar a los responsables de delitos.

El Poder Judicial, encargado de impartir justicia, no actúa en el vacío. Para que los jueces puedan emitir sentencias condenatorias, primero deben contar con pruebas sólidas y casos bien fundamentados. Aquí es donde entra en juego el Ministerio Público, cuya misión es investigar los delitos, reunir pruebas y presentarlas de manera clara y convincente ante el tribunal. Sin embargo, cuando este proceso falla, las consecuencias recaen injustamente sobre los jueces, salvo sus excepciones, que también las hay, más no son generalizadas.

El Ministerio Público tiene un rol crucial en el proceso penal, ya que es el responsable de garantizar que las pruebas se obtengan y se preserven de manera adecuada. Esto incluye seguir procedimientos rigurosos que aseguren la cadena de custodia de las evidencias, evitando así que sean cuestionadas o invalidadas en el juicio. Si el Ministerio Público incumple con su labor, los jueces se ven obligados a absolver a los acusados por falta de pruebas contundentes, lo que alimenta la percepción de impunidad.

Además, el Ministerio Público debe asegurarse de que el debido proceso se respete en todo momento. Esto implica que las investigaciones se realicen de manera imparcial y transparente, y que se respeten los derechos de los acusados. Cuando el debido proceso es violado, ya sea por detenciones arbitrarias o por la manipulación de pruebas, los jueces no tienen otra opción que desestimar los casos, independientemente de la culpabilidad del acusado.

Una decisión judicial que no se basa en criterios técnicos o en pruebas contundentes, sino en percepciones subjetivas o sin el debido respaldo probatorio, puede calificarse como una decisión arbitraria o una decisión discrecional. Mucho menos un juez puede tomar decisiones basadas en conjeturas o interpretaciones sin el respaldo adecuado de las pruebas presentadas, como muchas ocasiones se ha impulsado desde La Mañanera.

La Reforma Judicial que propone el Ejecutivo podría parecer, a primera vista, una medida necesaria para fortalecer la justicia en el país. No obstante, al centrarse únicamente en el Poder Judicial y omitir las deficiencias del Ministerio Público, esta reforma se convierte en una maniobra política para desviar la atención de las verdaderas causas de la impunidad. En lugar de reforzar la justicia, podría debilitar aún más al Poder Judicial, al hacerlo responsable de problemas que no están completamente bajo su control.

Es esencial entender que el Ministerio Público, como parte del Poder Ejecutivo, está directamente bajo la influencia de las políticas y recursos asignados por el gobierno. Si el Ejecutivo no proporciona los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y garantizar la capacitación continua de los fiscales, no importa cuántas reformas se implementen en el Poder Judicial; el problema de la impunidad persistirá.

Por lo tanto, cuando se habla de la falta de castigo a los presuntos delincuentes, no se puede ignorar la responsabilidad que recae sobre el Ministerio Público y, por ende, sobre el Poder Ejecutivo. Un sistema de justicia eficaz no se logra simplemente reformando un solo componente, sino asegurando que todos los actores involucrados cumplan con su función. El Ministerio Público debe ser fortalecido, dotado de recursos suficientes y supervisado para garantizar que las pruebas que presenta sean irrefutables.

La ciudadanía debe ser consciente de que la solución a la impunidad no reside únicamente en las reformas judiciales, sino en la eficiencia y transparencia del Ministerio Público. La presión pública debe dirigirse no sólo al Poder Judicial, sino también al Ejecutivo, para que asuma su responsabilidad en la lucha contra el crimen. Después de todo, los jueces pueden dictar sentencias justas solo si tienen todas las herramientas necesarias, y estas herramientas provienen, en gran medida, del trabajo que realiza el Ministerio Público.

En conclusión, la Reforma Judicial promovida por el Ejecutivo es un intento de debilitar al Poder Judicial en lugar de fortalecer el sistema de justicia en su conjunto. Para que los jueces puedan castigar efectivamente a los delincuentes de cualquier tipo de delito --sea penal, administrativo o financiero--, es imperativo que el Ministerio Público cumpla con su deber de manera eficaz. La verdadera solución a la impunidad no está en desviar la responsabilidad, sino en garantizar que todos los componentes del sistema de justicia, empezando por el Ministerio Público, funcionen en armonía y con los recursos necesarios para cumplir su misión.

En conclusión, es imprescindible que la ciudadanía y los medios de comunicación comprendan que la lucha contra la impunidad no depende únicamente de los jueces. El Ministerio Público, como brazo del Poder Ejecutivo, tiene una responsabilidad mayor en la investigación y presentación de pruebas. Para que los jueces puedan castigar a los delincuentes, primero deben recibir un caso bien fundamentado, lo que recae directamente en el Ministerio Público. Exigir justicia implica también demandar un Ministerio Público eficiente, capaz y comprometido, que permita al Poder Judicial actuar con todos los elementos necesarios para emitir una sentencia justa.

Por Salomón García Gálvez.

Por atender con prontitud, prudencia y certeza temas de la inseguridad, pero además por aplicar una política de sentido social y humano hacia sectores vulnerables, sin descuidar otros aspectos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, repuntó su grado de aceptación entre el pueblo de Guerrero, llegando hasta un 66.7%.

A escasos días para que rinda su tercer informe de trabajo, la mandataria guerrerense ha crecido de manera sostenida en el ánimo de la ciudadanía todo este año 2024. La encuestadora Demoscopia Digital, confirmó lo anterior al dar a conocer el Ranking de Gobernadores y su aprobación a nivel nacional.

El régimen de la Maestra Salgado Pineda, cercana y de territorio, está en sintonía con el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. El carácter afable y juventud, la consolidan como una de las mejores gobernadoras del país.

En materia de inseguridad la gobernadora Salgado Pineda ha estado atenta, atendiendo casos como el de Taxco, donde más de media docena de policías municipales fueron detenidos, por incurrir en varios delitos como desaparición de personas.

Cuatro policías son procesados por la autoridad competente, por incurrir en delitos penales, entre ellos secuestro. Un plagiado fue rescatado por la policía, y se localizó una fosa clandestina donde enterraban a víctimas. La policía estatal, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial se encargan de la seguridad en el municipio taxqueño.

La gobernadora Salgado Pineda, durante visitas a la Ciudad de México, se entrevista con empresarios a quienes ha convencido para que inviertan en Guerrero, principalmente en el Triángulo Dorado: Acapulco, Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo. Los proyectos derivan en empleos.

A casi un año que el huracán Otis devastó Acapulco, la mandataria estatal ha puesto todos sus esfuerzos para la recuperación del puerto, reactivando la economía. La última temporada vacacional registró una ocupación hotelera del 80%, pero además confirmó que el Abierto Mexicano de Tenis, se llevará a cabo en suelo guerrerense (zona dorada de Acapulco).

Y para mayor información a la opinión pública, la gobernadora de Guerrero se encuentra -en aceptación de la ciudadanía- por encima de sus homólogos del Estado de México, Nuevo León, Michoacán, Ciudad de México, Colima y Baja California Sur.

CONGRESO-JUCOPO: LA MONEDA ESTÀ EN EL AIRE.

Todavía no hay nada para nadie. La titularidad de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso Local, no está definida para nadie de los diputados de Morena, llámese hombre o mujer.

Lo dejarán hasta el último momento, en el límite; es decir, dentro de una semana, porque el día 13, será entregada la Presea Sentimientos de la Nación, y lo tiene que hacer el, o la titular de la Jucopo.

Para la titularidad de la Jucopo, han llegado dos finalistas: Citlalli Calixto Jiménez y Jesús Uriòstegui García; en tercer sitio, rezagado, se encuentra Jacinto González Varona; al parecer declina por la primera, trasciende en corrillos del Congreso. La moneda está en el aire.

La decisión de quién será el, o la elegida, tendrá que tener el visto bueno de los que mandan en Guerrero, en términos de poder, pero también desde la Ciudad de México podrían dar el visto bueno y luz verde; así estilan jefes morenistas desde Palacio Nacional, en varias entidades del país.

Quién de plano tiene “bola negra” en la Cdmx, pero también es visto como un paria, es el prepotente y arrogante diputado Pablo Amílcar Sandoval, sin posibilidades ni fuerza política capaz de disputarles -a Citlalli y Jesús- la titularidad de la Jucopo. Se quedó sin agarraderas políticas.

Los 22 diputados de Morena, a Pablo Amílcar, lo mastican, pero no lo tragan. Ya fue titular de la Jucopo en la antepasada Legislatura, donde sólo exhibió grisura y mediocridad. Está en sintonía con Jacinto González, por lo soberbio.

Por cierto, el diputado “Chinto”, ya se siente “gobernador” (del estado de ebriedad) pues anda bien resguardado -en medio de dos patrullas de la Guardia Nacional-, más otro vehículo con guaruras a bordo. Se la creyó al senador Toro.

¿Cuánto le cuesta al erario público, derrochar tanto dinero para resguardar la seguridad del peleonero diputado González Varona, quien parece chivo en cristalería?... Punto.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.