El Estado sigue siendo incapaz de impartir justicia, proteger a las víctimas, reparar el daño y garantizar la no repetición.
Tiene razón el ombudsman Luis Raúl González Pérez, no se ha aprendido la lección de la barbarie de Ayotzinapa, si bien él se refería esencialmente a los hechos de Tierra Blanca, Veracruz y la nueva desaparición de jóvenes, lo cierto que en Guerrero, entidad donde se dieron los fatídicos hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, esto es todavía más evidente.
Una de las razones por las que se consumó la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fue por la grave infiltración de la policía municipal (desde luego, sin descartar la omisión o complicidad de otras fuerzas de seguridad), coludida y al servicio de la delincuencia bajo el amparo del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca. Esta fuerza preventiva municipal con elementos no certificados en control de confianza y la otra batería de exámenes, fue la que puso en manos de los criminales a los jóvenes después de agredirlos y asesinar a algunos de ellos. No se puede explicar esta atrocidad sin esta policía municipal.
Pues bien, después de estos hechos que han conmocionado al país y al mundo, en varios municipios del estado de Guerrero, como en otras partes de la República, se sigue contando con policías municipales con mandos reprobados en control de confianza al igual que los policías, uno de estos casos críticos es Acapulco y su alcalde. Lo decimos a tiempo porque al igual que Abarca, el presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, auspicia, tolera y defiende a una policía infiltrada y no certificada.
Ante datos contundentes como contar con todos los mandos policiacos sin certificar (el secretario de seguridad pública, el coordinador de movilidad, el director operativo de las policía vial y el director de la policía turística, entre otros), sin los exámenes aprobatorios de control de confianza, con acciones de franca ilegalidad como enviar a las calles como policías a cuando menos 667 elementos que reprobaron los exámenes de control de confianza, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, se atrinchera en la impunidad y solicita el apoyo de los chuchos, (los mismos que aprobaron todas las reformas del PRI y el Pacto Por México) para seguir manteniendo a una policía corrupta, no certificada e infiltrada.
La actitud del gobierno municipal de designar mandos policiacos no certificados y poner a trabajar a policías reprobados en control de confianza, es notoriamente ilegal:
Viola el artículo 21 de la constitución federal que establece la certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; el artículo 33 de la ley orgánica del municipio libre que señala que antes de aprobar el Ayuntamiento los nombramientos de jefes policiacos deben verificar que dichos responsables y sus principales colaboradores estén certificados, lo que no ocurrió en el caso del coordinador de Movilidad y responsable de las policía vial, ni ocurre en el caso del director operativo de la policía vial, ni ocurrió con el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sandoval (quien además exhibió un certificado de estudios falso y el alcalde sabía y lo omitió dolosamente al Cabildo de Acapulco) ni acontece con quien lo sustituyó como jefe de la seguridad del puerto.
También se violó la ley 281 de seguridad pública del estado y diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se sigue cometiendo el delito de desempeño irregular del servicio público, consagrado en el artículo 272 del código penal del Estado.
Evodio Velazquez ha dicho muchas mentiras para tratar de ocultar su resistencia férrea al mando único y sostener una policía infiltrada y no certificada, envolviéndose con falsedad en la bandera del artículo 115 constitucional, o echándole la culpa a sus subordinados por sus faltas recurrentes, cuando atrás de su negativa, pudieran haber cuando menos 4 posibles razones:
- Compromisos y pactos de campaña con delincuentes y grupos de poder.
- Por amenazas de los grupos delincuenciales, sin que lo hayan denunciado.
- Por los recursos del Fondo de Seguridad Pública (antes Subsemun)
- Por negarse a la certificación policial.
La defensa y protección de los derechos humanos es relativamente joven, a pesar de que los avances a nivel internacional tienen años en profundo desarrollo. México ha firmado diversos tratados internacionales en la materia, sin embargo, los grandes avances en la materia han sido impulsados no por el Estado, sino por el trabajo organizado y sistemático de diversas organizaciones de la sociedad civil que, desde diferentes ámbitos, han dado impulso y acompañamiento que han detonado profundos avances, mismos que se consagraron con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011.
A pesar de los logros, la razón de ser de muchas de esas organizaciones continúa existiendo: En México se violan constantemente los derechos humanos. Más grave aún: En México no se aprende de las graves violaciones y la estrategia para resolverlas es apostar al olvido. Pero en un país en donde las tragedias ocurren todos los días, olvidar resulta imposible.
Apenas en septiembre de 2014 la desaparición de 43 normalistas dio cuenta de la barbarie que se vive en nuestro país, en donde en múltiples regiones existen fuertes nexos de complicidad y corrupción entre los gobiernos y los grupos delincuenciales.
Pero no fue lo único que quedó claro. Tal como sucediera antes en Tlatelolco, Aguas Blancas, Acteal, Tlatlaya y Chalchihuapan; quedó claro que el Estado sigue siendo incapaz de impartir justicia, proteger a las víctimas, reparar el daño y garantizar que los hechos no se repitan.
En Acapulco, que fue recientemente catalogada como la cuarta ciudad más violenta del mundo, conforme al Consejo Ciudadana para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, han ocurrido cerca de 70 homicidios en lo que va del año, a lo que se debe sumar la muerte de un taxista, tres jóvenes y un herido, todos muertos hace dos días.
En días pasados desaparecieron cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz. Sobre este caso los familiares de los jóvenes difundieron un video de dos minutos y medio, en donde se muestra a una camioneta que pasó antes de las 11 de la mañana sobre una carretera. Posteriormente, esa misma camioneta se ve escoltando al vehículo que llevaba a los jóvenes hoy desaparecidos y que -a decir de lo notificado por las autoridades a los familiares-, ya era conducido por un efectivo.
Tal como podemos verlo, la situación nacional y en particular en algunas regiones sigue siendo compleja y, a pesar de lo ocurrido en Ayotzinapa, en la mayoría de los estados siguen sin existir garantías para salvaguardar los derechos de las personas.
Sin duda alguna, quienes han aprendido más con estos terribles acontecimientos han sido las víctimas, las organizaciones y algunos sectores más amplios de la sociedad civil que han tomado un mayor grado de conciencia sobre la compleja situación económica, política, social y de seguridad que enfrentamos en nuestro país.
Una sociedad informada, sin el respaldo de instancias de gobierno que actúen para evitar la comisión de los mismos delitos que se repiten una, otra y otra vez, seguirá siendo víctima de la violencia y la impunidad.
Tiene razón el ombudsman nacional, no se ha aprendido la lección de Ayotzinapa y en estos momentos pueden estarse incubando otros Abarcas en los municipios, como en el caso de Acapulco. Por eso alzamos la voz a tiempo.
