*Acusan al alcalde de Acapulco de los delitos Contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ejercicio Indebido del Servicio Público y Desempeño Irregular de la Función Pública

*Señalan una sistemática violación a las leyes al designar mandos policíacos sin certificar

Los integrantes de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra el alcalde de Acapulco, Jesús Evodio Velázquez Aguirre por la sistemática violación a la Ley en que ha incurrido al nombrar mandos policíacos sin certificar.

Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Magdalena Camacho Díaz, se presentaron este martes a la Subdelegación de la PGR en Acapulco para interponer la denuncia por el delito Contra el Funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Desempeño Irregular de la Función Pública en contra del presidente municipal.

En el escrito que presentaron consideran que con las designaciones violó las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en su artículo 139 fracción IV sanciona hasta con ocho años de prisión a quien asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada.

En la denuncia firmada además por el diputado Silvano Blanco de Aquino, también destacan violaciones a la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y a la Ley Orgánica del Municipio Libre

Como parte de los hechos que los integrantes de la sexagésima primera legislatura al Congreso del Estado de Guerrero relatan en la demanda presentada ante el Ministerio Público de la Federación, citaron los nombramientos de Francisco Sandoval Vázquez como secretario de Seguridad; de Manuel Flores Sonduk como director de la Policía Turística y posteriormente como encargado de la Secretaría; el de Israel González Nava como coordinador de Movilidad y Transporte; y el de Christian Manuel Patiño Bello como director operativo de la Policía Vial.

Además de haber reincorporado a sus funciones a los 667 elementos de los diversos cuerpos de la  Policía Municipal que no aprobaron los exámenes de control y confianza, en las evaluaciones hechas por los centros federales en el año de 2014, y por tanto no obtuvieron la certificación.

En el caso de Francisco Sandoval, señalan que su nombramiento derivó de una “dolosa y maquinada omisión” de parte de Evodio Velázquez, quien entregó el 6 de noviembre a los ediles un oficio del 26 de agosto de 2015  en el que éste había aprobado los controles de confianza para lograr su ratificación por el Cabildo, cuando el 15 de octubre el Consejo Estatal de Seguridad Pública ya le había informado mediante otro oficio que dicha aprobación quedaba sin efecto.

El oficio es el número 1948 firmado por la encargada de la dirección general del centro estatal de evaluación y control de confianza, Adriana Carolina Avilés Martínez, quien informó al alcalde que Sandoval Vázquez presentó certificados de estudio sin validez y que la no aprobación de su certificación es inapelable; documento que fue recibido por el encargado del despacho del consejo de seguridad pública municipal, Arturo Lima Gómez.

“Luego entonces, esa omisión dolosa y maquinada, dado que ocultó la existencia del oficio citado en el párrafo que antecede, provocó que los ediles de las diversas fracciones políticas, aprobaron por unanimidad el acuerdo económico que presentó el presidente municipal Evodio Velázquez, relativo a la propuesta de Francisco Sandoval Vázquez como secretario de Seguridad Pública del Municipio, el 6 de noviembre de 2015”, se lee en la denuncia.

De igual manera, los legisladores de MC señalan que a Israel González Nava lo nombró coordinador de Movilidad y Transporte sin haber presentado y aprobado los exámenes de control y confianza y mucho menos estar certificado; al igual  que a  Manuel Flores Sonduk al frente de la Turística y posteriormente como encargado de la Secretaría, en las mismas circunstancias.

En el caso del director operativo de la Policía Vial, Christian Manuel Patiño Bello, se le contrató aun cuando no aprobó los exámenes de control y confianza que le fueron practicados por los centros de evaluación federales, designados por el consejo Estatal de Seguridad Publica, el día 13 de junio de 2014.

Pero además por instrucciones del presidente municipal los 667 elementos de los diversos cuerpos de la  Policía Municipal, que no aprobaron los exámenes de control y confianza, en las evaluaciones hechas por los centros federales en el año de 2014, y por tanto no obtuvieron la certificación, fueron regresados a desempeñar sus labores de Seguridad Pública, aún cuando la ley General del sistema Nacional de Seguridad Pública obliga a separar del servicio a quienes no obtengan el certificado.

“A nosotros los diputados ciudadanos, nos corresponde ser vigilantes de que se cumplan cabalmente todas las leyes en materia de seguridad pública, y hacer  la denuncia como es el caso, cuando autoridades como el presidente municipal de Acapulco, viola de forma constante, reiterada o sistemática la ley, en su afán de designar en los cargos de mayor responsabilidad en seguridad pública, a personal que no está certificado, no reúne los requisitos que señala la ley de la materia, no han presentado los exámenes de control y confianza, y en algunos casos hasta los han reprobado”, señala finalmente la querella.