El gobernador Ángel Aguirre Rivero carga la cruz de su propio viacrucis, forzado por la intransigencia del movimiento disidente magisterial, a consecuencia de una reforma constitucional federal, aprobada por las dos terceras partes del Congreso de la Unión, y que prácticamente le quitaría el poder a la CETEG de seguir negociando plazas y cargos educativos.
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