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La fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, presentó una iniciativa para adicionar al Código Penal el “acoso sexual callejero” e imponer de 50 a 200 días de trabajo a favor de la comunidad y de 100 a 200 días de multa.

El acoso sexual callejero es todo acto de naturaleza o connotación sexual o de contacto físico cometido en contra de una persona en lugares públicos o de acceso público, sin que el acosador y la acosada mantengan relación entre sí, dicha acción produce en la víctima intimidación, hostilidad, frustración, vulnerabilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo.

A nombre de la fracción del PRD, la diputada Yuridia Melchor Ocampo señaló que en la actualidad la violencia sexual es penada y no tolerada en otras situaciones como el acoso laboral y violación, pero el acoso sexual callejero aún no está tipificado como un delito en el Código Penal federal ni en el de los estados.

“Es necesario que la legislación defina el acoso sexual callejero como una conducta reprochable, antijurídica y sancionable porque son actos que violentan los derechos humanos y fundamentalmente la dignidad”, refirió la legisladora.

La pena será aumentada hasta en un 50% cuando el delito se cometa contra menores de edad, adultos mayores, personas discapacitadas, personas cuya movilidad se encuentre reducida o aquellas que se encuentren en estado de intoxicación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación. 

La erradicación de embarazos no deseados en adolescentes, del acoso escolar, del trabajo infantil, de la violencia hacia el menor, la alienación parental, la prohibición del matrimonio en los menores de edad, son parte de los ejes rectores del programa Infancia con Enfoque de Derechos Humanos.

Así se dio a conocer en el encuentro que se realizó con los diputados integrantes de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y personal de la Dirección Jurídica y Protección de la Infancia del DIF Guerrero, en donde se plantearon las medidas para proteger a los menores en la entidad, como parte del Sistema de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Las legisladoras Beatriz Alarcón Adame y Yuridia Melchor Sánchez, coincidieron en señalar que continuarán impulsando foros con los tres niveles de gobierno y con organismos internaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

La presidenta de la Comisión Legislativa, Beatriz Alarcón Adame, refirió que es necesario realizar las adecuaciones a las leyes locales con las federales y los tratados internacionales para contar con lineamientos legales que salvaguarden los derechos de los infantes, por lo que propuso generar acciones y políticas públicas necesarias para el objetivo.

Por su parte, el director de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia del DIF Guerrero, Manuel Saavedra Chávez, dio a conocer que este jueves, 14 de julio, arranca el programa en mención. 

La Comisión Especial de diputados encargada de expedir la convocatoria y dictaminar sobre las candidaturas que se presenten para el otorgamiento de la Presea “Sentimientos de la Nación”, convocó a presentar las propuestas de quienes juzguen dignos de recibir y portar dicho reconocimiento.

Dicha Presea se entrega el 13 de septiembre de cada año en sesión pública y solemne en la Catedral de “La “Asunción de María” con la asistencia de los tres poderes del Estado, para conmemorar el Primer Congreso de Anáhuac.

Y para ser portador de este alto reconocimiento que otorga el Poder Legislativo de Guerrero, se toma en cuenta al ciudadano nacional o extranjero que tenga cercanía a los principios del Primer Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación como son la lucha por la paz, la democracia, la defensa de los derechos humanos y en general los más altos valores de la humanidad.

Las propuestas se recibirán a partir de esta fecha y hasta el viernes 22 de julio, en las instalaciones del Congreso del Estado, a la presidenta de la Comisión Especial de la Presea “Sentimientos de la Nación”, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, para que la Comisión realice el registro y previa discusión y análisis de los méritos de los ciudadanos propuestos emita el dictamen al Pleno para su discusión y aprobación, en su caso.

Toda propuesta será acompañada de los datos biográficos de la candidata o candidato, así como una exposición detallada en la que se funde y motiven las razones por las cuales se le considere merecedor de tal alta condecoración, así como proporcionar los datos donde se pueda localizar, teléfono y dirección.

La Comisión Especial está conformada por los diputados Flor Añorve Ocampo, Erika Alcaraz Sosa, Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, Ricardo Mejía Berdeja, Fredy García Guevara, Iván Pachuca Domínguez y María de Jesús Cisneros Martínez.  

A partir de esta fecha se reciben dichas propuestas, para ello, los legisladores convocan a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación, de los Estados y del distrito Federal, a los partidos y asociaciones políticas, sindicatos, universidades e instituciones de enseñanza superior, asociaciones y organizaciones civiles, colegios, agrupaciones de profesionistas, medios de comunicación y ciudadanía en general.

PROPONE DIPUTADO DUARTE MEJORAR REGULACIÓN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

El diputado isidro Duarte Cabrera considera necesario realizar un estudio y análisis del funcionamiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y que se hagan las adecuaciones necesarias para generar mayor certidumbre en la administración de la justicia burocrática.

Esto, porque la situación financiera de los municipios es preocupante ya que las aportaciones y participaciones federales son insuficientes para atender la demanda ciudadana y por otro lado, la situación se complica por la obligación de pago de deudas que se generan cada trienio por los llamados laudos laborales. 

Explicó que existen casos en los que por un sólo laudo laboral se tiene la obligación de pagar hasta 100 millones de pesos, lo que merma de manera considerable las finanzas públicas de los ayuntamientos, sin dejar de pasar que estas situaciones también se dan también en el Poder Ejecutivo. 

Explicó que anterior a la reforma de 2012 de la Ley Federal del Trabajo se establecía que el empleado tenía derecho a percibir salarios caídos desde el momento del despido hasta el total de los mismos, lo que generó malos manejos entre la parte demandante o trabajador con el personal del Tribunal quienes de manera dolosa dejaban que los juicios se fueran alargando para que los salarios fueran incrementándose. 

El legislador, refirió que en esta intervención ha tenido mucha responsabilidad al Secretaría General del Tribunal, que es quien retarda o agiliza los acuerdos de ejecución lo que genera que la deuda se eleve considerablemente en detrimentos de las finanzas públicas, por lo que es necesario que se atienda esta situación y en su momento se cambie la estructura del Tribunal. 

El legislador aseguró que se tienen que establecer acciones concretas y decididas por lo que es necesario que el gobierno estatal y los municipios busquen mecanismos para enfrentar tal situación, explorando, en todo momento, no endeudar más a los municipios, pero a su vez, generar acciones que creen las condiciones para enfrentar en lo futuro este tipo de problemática. 

Por eso, pidió, en un Acuerdo Parlamentario que aprobó el Pleno, exhortar al Ejecutivo Estatal que instruya al Secretario de Gobierno que realice un estudio y análisis de la situación en que se encuentra funcionando el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y de ser necesario realicen las adecuaciones para generar mayor certidumbre en la administración de la justicia burocrática.

Asimismo, que instruya a los titulares de la Secretarías de Administración y Finanzas, y de Planeación y Desarrollo Regional, para que de manera coordinada con los 81 Ayuntamientos establezcan los mecanismos que generen las acciones para enfrentar los adeudos que se tienen con motivo de laudos laborales.

Y a los 81 ayuntamientos que realicen el estudio y balance de sus finanzas públicas, así como de las cantidades que por motivo de laudos laborales adeudan, para que, en coordinación con las Secretarías de Administración y Finanzas, y de Planeación y Desarrollo Regional mecanismos que generen las acciones para enfrentar los adeudos por laudos laborales.