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QUE SE MODIFIQUE LA LEY DE TÍTULOS Y OPERACIONES DEMANDAN DIPUTADOS DE GUERRERO

Categoría: Congreso de Gro. Publicado: 19 Julio 2017
Escrito por Com.Soc. del H. Congreso de Gro.
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Chilpancingo, Gro., 17 de julio de 2017.- Con el propósito de brindar a los indígenas una defensa en la contestación de una demanda cuando éstos hayan firmado un título de crédito sin saber el contenido y alcance del mismo, la Comisión de Hacienda analiza una propuesta de adición a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que será puesta a consideración del Congreso de la Unión.

En la iniciativa se señala que actualmente existe un gran abuso de personas que prestan dinero con intereses elevados, aprovechándose de la necesidad de sus deudores porque los hacen firmar en blanco un título de crédito o pagaré. Este problema adquiere una mayor magnitud cuando el suscriptor del pagaré no habla ni entiende el idioma español y en muchas de las ocasiones las deudas no existen.

Dice que aprovechándose de la falta de comunicación de quienes hablan una lengua originaria y sin entender o hablar el idioma español, los hacen firmar sin que éstos adviertan las consecuencias de carácter judicial.

También refiere que al hablar sólo la lengua originaria, los indígenas se vuelven un blanco fácil para los oportunistas y defraudadores, que aprovechándose de esta condición realizan actos u operaciones mercantiles, haciendo firmar documentos sin que en muchas ocasiones entiendan el contenido del título de crédito, ni mucho menos comprendan las obligaciones de índole mercantil que trae consigo la firma de un pagaré.

Manifiesta que desafortunadamente para quien suscribe un pagaré no existen defensas y excepciones para contradecir el contenido y firma de éste, y los juicios ejecutivos mercantiles tienen un gran éxito cuando la firma que se estampa es cierta, lo que significa que si un indígena firma un pagaré sin comprender el significado y alcance de su acción, estaría condenado al pago de una deuda que en muchas de las ocasiones no existen.

Asegura que la norma en la materia no prevé alguna defensa o excepción que se refiera a la falta del entendimiento en el idioma que se suscribe, por lo que resulta necesario adicionar una fracción al numeral 8 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Esto, sin lugar a dudas, daría mayores argumentos de defensa para los hermanos indígenas que son llevados a juicio ejecutivo mercantil.

Por esta situación, la propuesta es que los indígenas que no hablen el español y estén en una situación de haber firmado un título de crédito sin saber el contenido o alcance del mismo, cuenten con una defensa para ser ejercitada en la contestación de la demanda, lo que le daría la posibilidad de acreditar lo engañoso del acto mercantil.

Cabe mencionar que una vez aprobado el dictamen, se propondría a consideración del Congreso de la Unión para que continúe con el procedimiento legislativo correspondiente. 

 

El Congreso local del estado de Guerrero da entrada a juicio político contra el Fiscal Olea

Categoría: Congreso de Gro. Publicado: 18 Julio 2017
Escrito por Com.Soc. del H. Congreso de Gro.
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*Ratifica denuncia penal ante la PGR Ricardo Mejía Berdeja

Chilpancingo, Guerrero a 18 de julio de 2017.- El Congreso local dio entrada hoy a la denuncia de juicio de responsabilidad política contra el Fiscal General del Estado de Guerrero, Javier Ignacio Olea Peláez por el perjuicio a los intereses públicos fundamentales y su buen desempeño ocasionado con motivo de las omisiones reiteradas en el cumplimiento de sus obligaciones.

Durante la sesión del martes, el pleno de la legislatura fue informada de la recepción y trámite de la denuncia de juicio político interpuesta por los diputados de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja y Silvano Blanco Deaquino, así como de los ciudadanos Victoriano Sánchez Carbajal y Julia Alonso.

Antes del inicio de la sesión, el diputado Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja acudió a las instalaciones de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República para ratificar la denuncia penal contra el Fiscal por violar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública luego de que mantiene en activo a elementos que no aprobaron los exámenes de control y confianza, delito tipificado por el artículo 139, fracción IV, de la ley mencionada y por delitos contra la administración de justicia establecidos en el Código Penal federal.

Ricardo Mejía reiteró que es un delito mantener un personal no certificado haciendo funciones de policía, perito o ministerio público y precisamente éste delito, además, afecta al debido proceso, ya que las actuaciones de este personal no certificado pueden ser señalados por los inculpados echando por la borda los procesos penales.

Por último, durante el desarrollo de la sesión, Mejía Berdeja presentó un punto de acuerdo que exhorta a que la carretera Tlapa-Chilpancingo sea atendida de forma prioritaria por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes toda vez que esta carretera está catalogada como la más peligrosa de la entidad, además de que en fechas recientes sufrió un deslave que provocó que se perdiera una parte considerable del camino, provocando que la comunicación entra las comunidades se viera interrumpida por un largo periodo.

 

 

Diputados locales condenaron enérgicamente los hechos ocurridos al interior del CERESO de Acapulco

Categoría: Congreso de Gro. Publicado: 12 Julio 2017
Escrito por Com.Soc. del H. Congreso de Gro.
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Chilpancingo, Gro., 11 de julio de 2017.- Diputados locales condenaron enérgicamente los hechos ocurridos al interior del CERESO de Acapulco y exhortaron al Ejecutivo estatal para que instruya al secretario de Seguridad Pública y solicite al fiscal general del estado y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, que investiguen, recaben y procesen la información y se finquen las responsabilidades en contra de quienes resulten responsables.

Lo anterior a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que señaló que dado los hechos violentos donde perdió la vida un número considerable de personas internas del Centro de Reinserción Social de Acapulco, es necesario que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas implemente medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención, para que posteriormente aplique las medidas de reparación integral a la que tuvieran derecho las víctimas.

Por ello propuso exhortar al Ejecutivo estatal para que instruya a la Comisión Ejecutiva para que conforme a sus facultades, otorgue medidas de ayuda inmediata a los familiares de las víctimas de los hechos ocurridos en dicho lugar.

También que el Ejecutivo estatal instruya a la Secretaría de Seguridad Pública para que a la brevedad implemente medidas necesarias para que los Centros de Reinserción Social, en especial el de Acapulco, cumplan con los requerimientos establecidos en los lineamientos y recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

Los legisladores solicitaron también a las autoridades mencionadas que remitan oportunamente al Congreso un informe detallado sobre la atención a víctimas, seguimiento y tratamiento de los hechos.

Sobre el mismo tema, se turnó a la Junta de Coordinación Política un Acuerdo propuesto por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, donde solicita la anuencia del Ejecutivo estatal para que comparezca ante el Pleno el secretario de Seguridad Pública y el subsecretario del Sistema Penitenciario, e informen sobre los hechos ocurridos el 7 de julio en el penal de Las Cruces de Acapulco, donde perdieron la vida 28 reos, así como la situación administrativa y jurídica que guardan los demás centros penitenciarios de la entidad.

Asimismo, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano planteó llamar a comparecer ante la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Seguridad Pública a los secretarios general de Gobierno y de Seguridad Pública para que expliquen la situación que guardan los Centros Penitenciarios del estado y la medidas para atender los informes y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los hechos de violencia ocurridos en el Penal de la Cruces. 

Acuerdos 

En otros asuntos, a propuesta de la Comisión de Protección Civil, se exhortó a los ayuntamientos para que como lo establece la Ley General y local en materia de Protección Civil, atienda las contingencias, incendios y desastres naturales que se presenten.

La diputada Eloísa Hernández Valle planteó exhortar al Ejecutivo federal para que por su conducto se requiera al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que se resuelva el conflicto laboral y falta de operación optima de la Ciudad de las Mujeres en el municipio de Tlapa.

En otros asuntos, la diputada Maluisa Vargas Mejía propuso exhortar a los ayuntamientos de Acapulco, Acatepec, Ahuacuotzingo, Alpoyeca, Atlamajalcingo, Atlixtac, Atoyac, Ayutla, Azoyú, Cocula, Copala, Copalillo, Cuajinicuilapa, Cualac, Cuetzala, Cutzamala, Chilapa, Chilpancingo, Florencio Villarreal, General Canuto A. Neri, Huamuxtitlán, Iguala, Igualapa, Ixcateopan, José Joaquín de Herrera, Juan R. Escudero, Juchitán, Malinaltepec, Mártir de Cuilapan, Mochitlán, Olinalá, Pedro Ascencio de Alquisiras, Petatlán, Pilcaya, San Luis Acatlán, San Miguel Totolapan, Taxco, Tecoanapa, Teloloapan, Tlacoapa, Tlalchapa, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas, Zihuatanejo y Zitlala, para que aprueben el decreto de adición a la Constitución Política local, para que el Congreso esté en condiciones de proceder a la declaración señalada.

La diputada Yuridia Melchor Sánchez propuso exhortar al Ejecutivo federal para que instruya al secretario de Salud que se amplíen los recursos del ejercicio fiscal 2017 del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, por lo menos a la cantidad que se convino en el año pasado, para garantizar la prestación de los servicios de salud a las comunidades afectadas por la disminución presupuestaria.

Intervenciones 

Sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos indígenas y afromexicanos, propuesta por organizaciones sociales, el diputado Ricardo Mejía Berdeja hizo un reconocimiento a sus homólogos y a los grupos sociales por promover una iniciativa que garantiza la vigilancia de los derechos de los pueblos indígenas. 

La diputada María de Jesús Cisneros Martínez hizo por su parte un llamado a sus compañeros a seguir trabajando a favor de ese grupo vulnerable.

 

MODIFICAN FECHA DE COMPARECENCIA DEL DIRECTOR DE CAPAMA

Categoría: Congreso de Gro. Publicado: 13 Julio 2017
Escrito por Com.Soc. del H. Congreso de Gro.
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Chilpancingo, Gro., 13 de julio de 2017.- El pleno del Congreso del Estado aprobó modificar la fecha de comparecencia ante comisiones del director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA), Javier Chona Gutiérrez, para el próximo miércoles 19 de julio de este año.

Dicha comparecencia estaba programada para este viernes 14 de julio, para que el director del organismo informe a los legisladores sobre las cargas residuales que se han vertido en diferentes puntos de la bahía de Acapulco, las condiciones en que se encuentra la infraestructura hidráulica del municipio, así como la situación financiera con que opera la CAPAMA.

Sin embargo, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, se consideró pertinente otorgar unos días más al director del organismo y a los diputados participantes, para que se tenga la suficiente información que amerite una sesión de comparecencia con resultados que otorguen beneficios a los habitantes de Acapulco.

Por ello, será el próximo miércoles 19 de julio de 2017 cuando se realice la comparecencia del funcionario ante la Comisión Ordinaria de Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos, a las 10 de la mañana en la sala legislativa “José Francisco Ruiz Massieu”.

La comisión legislativa de Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos está integrada por los diputados Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, Flor Añorve Ocampo, Eloísa Hernández Valle, Héctor Vicario Castrejón y Ernesto Fidel González Pérez.

 

ABOGA SEBASTIÁN DE LA ROSA POR LA RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

Categoría: Congreso de Gro. Publicado: 10 Julio 2017
Escrito por Com.Soc. del H. Congreso de Gro.
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Chilpancingo, Gro., 10 de julio de 2017.-  El diputado Sebastián de la Rosa Peláez presentó dos iniciativas de reformas para establecer que la terna para elegir a magistrados sea propuesta por el Pleno del propio Tribunal, y la designación y ratificación de servidores públicos sea a cargo del Congreso del Estado, acorde a las responsabilidades que dicte el cargo.

Las reformas son a la Constitución Política local y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el objetivo de construir un esquema de distribución de facultades que fortalezca el equilibrio entre los poderes públicos y, a su vez, abonar al camino hacia la transparencia y participación de la sociedad en los asuntos públicos, porque eso fortalecerá la  democracia en la entidad.

El legislador dijo que las iniciativas de reformas que presentó se deben a que existe un deterioro de la función pública, derivada de un proceso no adecuado en la designación, nombramiento o ratificación de los servidores públicos, porque no se define en función de su perfil profesional, aptitud y actitud, sino más bien corresponden a la correlación del poder público en turno.

Dijo que el nombramiento de los magistrados, a cargo del gobernador, niega explícitamente la división de poderes, convirtiéndose en una facultad meta-constitucional que es proclive a construir una relación de sujeción y supeditación de un poder a otro; por ello es que la terna debe proponerla el Pleno del propio Tribunal y ser designado por el Congreso local. 

Agregó que actualmente no existe un procedimiento que señale qué criterios debe tomar el Ejecutivo estatal para realizar la terna para el nombramiento de magistrados, y no prevén criterios de transparencia en cuanto a algún proceso de escrutinio entre quienes cursan la carrera judicial, o algún mecanismo de evaluación que permita valorar el perfil profesional, honorabilidad y compromiso del aspirante en su vida pública, incluso privada.

Tampoco existe una etapa de consulta ciudadana, ya sea entre los organismos gremiales u organizaciones sociales involucrados en la materia, de los cuales se puedan obtener observaciones, evaluaciones y recomendaciones pertinentes a considerar para el nombramiento.

“Las modificaciones a la Constitución Política Local y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo es para responder al reclamo ciudadano y para garantizar un ejercicio de la función pública que responda a las necesidades que vive nuestra entidad”, puntualizó De la Rosa Peláez.

Las iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.

 

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