Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista (PVEM) en el Congreso de Guerrero, recibieron de representantes de diversas organizaciones defensoras de los derechos indígenas, una iniciativa para reconocer en la Constitución Política local los derechos indígenas y afro-mexicanos, tal como lo establecen los tratados internacionales. Los legisladores se comprometieron a analizar dicha iniciativa. En la gráfica, el coordinador del PVEM, Eduardo Cueva Ruiz, así como sus compañeras de partido Carmen Iliana Castillo Ávila y Rossana Agraz Ulloa. (Foto: Congreso local)

Chilpancingo, Gro., 07 de julio de 2017.-  El diputado Raymundo García Gutiérrez propuso reformas a la Constitución Política Federal para crear el Subsistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y Reeducación para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afro-mexicanos de México, como parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Actualmente, el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria es un espacio incluyente que busca coadyuvar en la solución de problemas en las comunidades indígenas; que propicia la renovación del derecho de los pueblos de las entidades federativas, a través de principios éticos que priorizan la dignidad, el respeto y la defensa de los pueblos originarios.

El legislador del PRD refirió que actualmente existe una heterogeneidad muy amplia respecto a las leyes estatales, y aunque existen esfuerzos como en Guerrero, que reconoce en su Ley 701 a la policía comunitaria, falta mucho por hacer, ya que existen otras entidades donde no está debidamente legislado el derecho que otorga la Constitución Política Federal a los pueblos y comunidades indígenas.

García Gutiérrez resaltó que crear el Subsistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y Reeducación para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afro-mexicanos de México será para reconocer a la policía comunitaria y los sistemas autónomos de justicia como cuerpos auxiliares de procuración de justicia, que beneficiará a más de once millones de mexicanos pertenecientes a 50 pueblos indígenas, en poco más de 36,380 localidades de 26 entidades federativas.

“Sin duda, los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanos son parte fundamental de nuestra nación, y darles la opción de, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, coadyuvar a un reto tan grande y básico como es la seguridad, sentará las bases para el desarrollo en México, y así poder combatir de mejor manera y de la mano de la sociedad ese flagelo en que se ha convertido la inseguridad”, enfatizó el legislador.

Dijo que otorgar la posibilidad formal a los pueblos y comunidades indígenas de establecer sus propios cuerpos policiacos, así como definir y aplicar sus propios sistemas de justicia acorde a sus usos y costumbres, debe de estar contenido integralmente en nuestra Carta Magna, para su debida protección, porque sólo a partir de ello se entenderá como un derecho que debe quedar establecido de manera formal en las leyes secundarias.