Chilpancingo, Gro., 17 de julio de 2017.- Con el propósito de brindar a los indígenas una defensa en la contestación de una demanda cuando éstos hayan firmado un título de crédito sin saber el contenido y alcance del mismo, la Comisión de Hacienda analiza una propuesta de adición a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que será puesta a consideración del Congreso de la Unión.

En la iniciativa se señala que actualmente existe un gran abuso de personas que prestan dinero con intereses elevados, aprovechándose de la necesidad de sus deudores porque los hacen firmar en blanco un título de crédito o pagaré. Este problema adquiere una mayor magnitud cuando el suscriptor del pagaré no habla ni entiende el idioma español y en muchas de las ocasiones las deudas no existen.

Dice que aprovechándose de la falta de comunicación de quienes hablan una lengua originaria y sin entender o hablar el idioma español, los hacen firmar sin que éstos adviertan las consecuencias de carácter judicial.

También refiere que al hablar sólo la lengua originaria, los indígenas se vuelven un blanco fácil para los oportunistas y defraudadores, que aprovechándose de esta condición realizan actos u operaciones mercantiles, haciendo firmar documentos sin que en muchas ocasiones entiendan el contenido del título de crédito, ni mucho menos comprendan las obligaciones de índole mercantil que trae consigo la firma de un pagaré.

Manifiesta que desafortunadamente para quien suscribe un pagaré no existen defensas y excepciones para contradecir el contenido y firma de éste, y los juicios ejecutivos mercantiles tienen un gran éxito cuando la firma que se estampa es cierta, lo que significa que si un indígena firma un pagaré sin comprender el significado y alcance de su acción, estaría condenado al pago de una deuda que en muchas de las ocasiones no existen.

Asegura que la norma en la materia no prevé alguna defensa o excepción que se refiera a la falta del entendimiento en el idioma que se suscribe, por lo que resulta necesario adicionar una fracción al numeral 8 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Esto, sin lugar a dudas, daría mayores argumentos de defensa para los hermanos indígenas que son llevados a juicio ejecutivo mercantil.

Por esta situación, la propuesta es que los indígenas que no hablen el español y estén en una situación de haber firmado un título de crédito sin saber el contenido o alcance del mismo, cuenten con una defensa para ser ejercitada en la contestación de la demanda, lo que le daría la posibilidad de acreditar lo engañoso del acto mercantil.

Cabe mencionar que una vez aprobado el dictamen, se propondría a consideración del Congreso de la Unión para que continúe con el procedimiento legislativo correspondiente.