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(fOTO: trasfondoinformativo.blogspot.com)

En el PRI la corrupción suele ser cíclica. Y luego de los millonarios desfalcos y peculados practicados en dependencias públicas, abrevan de ellos sus anteriores saqueadores para obtener beneficios políticos. Parece una novela dantesca. Pero esa es la triste historia que hoy se repite en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), que ha sido eternamente robada y hoy enfrenta complicados déficits financieros. Basta con pulsar los antecedentes para entender como el cinismo de unos cuantos, se convierte en olvido deliberado. Y termina transformado en arma política.

FERMÍN: AMNESIA CÍNICA.- El dirigente municipal del PRI, Fermín Alvarado Arroyo, está desatado. Su consigna política parece muy clara: pegarle con todo al edil perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre. Y evalúa que puede hacerlo a través de un asunto que personalmente ya conoce muy bien: la crisis financiera de la Capama. Hay que ir por partes para entenderlo mejor:

1.- De entrada, a Fermín se le olvidó que fue uno de los principales saqueadores de esa paramunicipal porteña. Y por esa razón, siendo titular de la Capama en el periodo municipal de Juan Salgado Tenorio –y cuando gobernaba interinamente Ángel Aguirre Rivero-, el edil se vio forzado a exigirle su renuncia ante las evidencias de algunos desfalcos millonarios, la cual se concretó el 23 de abril de 1997. Sin embargo, varios de sus familiares entablaron juicios laborales contra la paramunicipal. Y ganaron. El ex edil perredista Zeferino Torreblanca, afirmó en octubre de 2002 –sin dar nombres-, que “políticos que dirigieron la Capama ganaron un millonario juicio laboral porque desde la dirección de la paramunicipal  se manejó a las autoridades laborales para que el laudo fuera favorable”.

2.- La Capama atravesó por otra de sus crisis financieras más severas en 2007, cuando gobernaba la comuna porteña el perredista Félix Salgado Macedonio. La crisis llegó al extremo de propiciar la renuncia del entonces director de esa paramunicipal, Miguel Ángel Castro Salas. Un año después, el PRD perdería la alcaldía frente al PRI. Es decir, Fermín Alvarado conoce los intestinos de la Capama. Y por esa razón la estaría utilizando como parte de su estrategia política personal paras generar desgastes contra sus adversarios políticos. De muestra, un botón: en junio de 2014 y siendo delegado federal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló que la paramunicipal ocupaba el segundo lugar en quejas ante dicha dependencia. Trataba de algún modo, de encontrarle el punto vulnerable a la administración presidida entonces, por su verdugo electoral en la elección de julio de 2012, Luis Walton Aburto. Pero otra vez, su partido se quedó en el camino.

3.- Un punto es digno de considerarse en este contexto: mientras el gobernador Héctor Astudillo Flores, hizo una tregua política con el alcalde perredista, Evodio Velázquez Aguirre, la jauría política de Manuel Añorve, se desató contra el edil del PRD. Comenzando por el propio Fermín Alvarado, quien desenterró el hacha de guerra desde su arribo como dirigente del PRI porteño. Hasta el dirigente estatal del PRI, José Parcero López, una pieza de indiscutible pertenencia política a los establos tanto de Manlio Fabio Beltrones, como del propio Añorve. Es decir, la batalla política de Evodio con el gobernador se atemperó. Pero eso no significaba que Añorve haría lo mismo, dado que su ambición política se centra en tres posiciones de poder claves para la pelea por el gobierno estatal en 2021: la dirigencia estatal del PRI; su nominación como candidato al Senado en el primer lugar de la fórmula tricolor derivado de lo anterior; y la alcaldía de Acapulco para la misma elección de julio de 2018, empujando a su esposa, Julieta Fernández Márquez. Es el fondo de la disputa y la polémica por la Capama.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Como si no fuera suficiente con la ausencia de servicios derivados de su ineficacia, el alcalde priísta de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, abre avenidas principales y prolonga los trabajos en esas obras, causando más que reconocimiento, irritación y malestar. Y luego, uno de sus guaruras golpea a la reportera, Beatriz García. Y la policía municipal le encadena a una silla al director del subsidio para la seguridad de los municipios, Efraín Zúñiga Cortés, acusándolo de desviar recursos. Con todo, el edil y su séquito de regidores y síndicos, se auto elogian y premian. ¿Quieren el Congreso local y el mandatario estatal, más evidencias para botarlo de la alcaldía?

En la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 286, que regula el funcionamiento del Congreso local, no se consideran  las “reuniones explicativas” promovidas por parte de un determinado alcalde, con el fin de que sean los diputados locales quienes resuelvan el problema que plantea. De hecho, no está dentro de sus atribuciones. En el artículo 8 fracción 30 de dicha Ley, se plantea en todo caso, que el Congreso puede “hacer comparecer a los Presidentes Municipales a efecto de informar sobre la marcha general de la administración y sobre cualquier asunto relacionado con ésta”. Y ya en la comparecencia, el funcionario municipal expone un breve informe de esa problemática y los diputados locales formulan preguntas a través de sus respectivas fracciones parlamentarias y representaciones de partidos.

Al final, el pleno del Congreso local emite una opinión respecto de esa comparecencia. Pero no le endereza la plana ni se involucra con la resolución de ese asunto, pues se entiende que para eso fue investida como autoridad municipal: para resolver problemas, no para hacerlos más grandes.

Sin embargo, esa desproporcionada idea fue la que intentó vender el alcalde priísta de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, cuando ayer se reunió con diputados locales. De ahí se abren las lecturas.

ERROR DE PROCEDIMIENTO.- Justo cuando algunas voces dentro del Congreso local consideraban llamarlo a comparecer ante el abandono en que mantiene a la capital del Estado por la marcada ausencia de servicios, obras y seguridad pública, el edil priísta de Chilpancingo, mandó un oficio a la presidenta de la Comisión de Gobierno, Flor Añorve Ocampo, fechado el 6 de septiembre pasado, en el que expone “dar a conocer el proyecto denominado Centro Intermunicipal de Separación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos, que se pretende ejecutar en la comunidad de Metlalapa, municipio de Tixtla, Guerrero, con la intención de fortalecer la información, despejar dudas e intercambiar opiniones sobre él mismo”.

Pero al final, Leyva Mena demandó la creación de una Comisión de Intermediación legislativa, con el fin obvio de persuadir al edil perredista tixtleco, Hossein Nabor Guillén, para que permita tirar la basura de la capital, en ese relleno sanitario. De ahí se abre lo demás:

1.- A pesar de haber fungido ya como diputado local, Leyva Mena, reprobó a su paso por ese recinto. No solo porque alteró el procedimiento legislativo –que debía conocer-, sino porque pretende que sea el Congreso local el que resuelva un problema del cual careció de cabildeos, sensibilidad y oficio político para arreglarlo.

Es decir, no es un asunto de los diputados, sino estrictamente suyo. En todo caso, el siguiente y urgente paso del Congreso local, consiste en llamarlo a cuentas para revocarle el mandato ante su visible incompetencia como alcalde de una ciudad estratégica guerrerense, aquella donde se asientan los Poderes del Estado.

2.- De acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Congreso local está facultado para resolver los problemas de límites territoriales en los municipios. Pero no para imponerle a otro alcalde, decisiones que la autoridad municipal está obligada a defender justamente, como parte de la preservación de su territorio, de su personalidad jurídica y de su patrimonio propio.

En este sentido, el Congreso local no puede ordenar al alcalde perredista tixtleco, Hossein Nabor Guillén, que le permita tirar dentro del territorio ubicado en el municipio tixtleco, la basura generada en el municipio de Chilpancingo. Por elemental sentido común. La controversia tendría que pasar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Leyva Mena no tiene tiempo para eso. Ya se le acabó. Está reprobado también, como alcalde.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Justo cuando el gobernador Héctor Astudillo, anunció que en un mes, la violencia había disminuido hasta en un 30 por ciento en los cinco municipios más críticos de la entidad, los homicidios comenzaron a dispararse en Chilpancingo e Iguala. Es como si la delincuencia organizada le llevara la contraria en la coyuntura de su primer informe de gobierno. Los poderes fácticos juegan su propia cancha. Pero sobre todo, sus propios intereses.

(Foto: bajopalabra.com.mx)