Hilario es originario del municipio de Atlamajalcingo del Monte, en la región Montaña de Guerrero.
Jojutla, Morelos, 26 de mayo de 2015.- Cada año desde el 2004 migra junto a su esposa y cinco hijas a Totolapan en el estado de Morelos, a laborar en la siembra y cosecha de jitomate, pepino y calabaza.
La temporada agrícola inicia en junio, pero desde comienzos de mayo, este guerrerense hablante del mixteco, arribó al albergue conocido como Unidad de Servicios Integrales, donde vivirá durante cinco meses.
Dice que prefiere viajar a Morelos que migrar a Sinaloa o Baja California, porque existen mejores condiciones laborales y de estancia para él y su familia. Cuando concluya la temporada agrícola volverá a su tierra.
Hilario es uno de los miles de jornaleros agrícolas migrantes de la Montaña de Guerrero que se desplazan a la vecina entidad a trabajar en la cosecha del jitomate y pepino de mayo a octubre, la caña de noviembre a mayo y el angú en el ciclo octubre-abril.
Los indígenas guerrerenses se emplean principalmente en los campos de cultivo de los municipios de Totolapan, Atlatlahucan, Cuautla, Yautepec, Ayala, Tlaltizapan, Jojutla y Puente de Ixtla, donde autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Morelos (Sedeso) y de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero (Semai), llevaron a cabo un recorrido para conocer las condiciones en que viven.
Los pocos jornaleros agrícolas que se encuentran en el albergue Emiliano Zapata del municipio de Tlaltizapan, se sienten intimidados por la presencia de los funcionarios, que llegaron a supervisar las condiciones del lugar.
Aunque la temporada para la zafra de la caña ya concluyó, el albergue con capacidad para 900 personas, continúa ocupado en un 30 por ciento por jornaleros que viven como refugiados en el lugar, a la espera de encontrar cualquier tipo de empleo que les permita subsistir mientras inicia el nuevo ciclo agrícola.
En condiciones precarias y sin ningún tipo de regulación, los trabajadores guerrerenses, originarios de los municipios de Acatepec, Chilapa y Zitlala, cohabitan durante la cosecha con otros de Puebla y Veracruz.
Mientras corren a sus cuartos a ocultarse para no ser fotografiados, ni contestar preguntas, los titulares de la Sedeso, Blanca Estela Almazo Rogel y de la Semai, Netzahualcóyotl Bustamante Santín, se entrevistan con un trabajador de la Confederación Nacional Campesina (CNC), a la que pertenece el albergue de Tlaltizapan, quien les informa que de la población total que se emplea en el campo agrícola, un 20 por ciento corresponde a mano de obra infantil.
Conforme los funcionarios recorren el lugar, que cuenta con baños y lavaderos en evidentes condiciones de insalubridad, algunos jornaleros salen de sus cuartos, pero sólo acceden a decir el lugar del que son originarios, mientras alimentan a sus gallinas, cocinan o lavan ropa. Estos migrantes manifiestan que no piensan retornar a Guerrero.
Debido a la falta de regulación que impera en este albergue, los funcionarios acordaron emprender acciones para su adecuado funcionamiento.
“Están dados todos los elementos para que se convierta en un foco rojo y como gobierno de Guerrero tenemos la mayor disposición de coadyuvar en la atención de este problema”, expresó el secretario Bustamante Santín a la titular de la Sedeso.
En este sentido, convinieron establecer una alianza estratégica entre ambos gobiernos para atender el tema de los jornaleros, a partir de focalizar las comunidades en que se encuentra la población de Guerrero.
Durante la inspección en los albergues de Totolapan y Atlatlahucan, denominados Unidades de Servicios Integrales (USI) de la Sedesol federal, los jornaleros solicitaron el apoyo del gobierno para equiparlos con más literas, recibir el recurso que brindan para movilidad laboral y con proyectos para las mujeres.
En esos municipios, las instalaciones se mantienen en condiciones adecuadas para el alojamiento de los migrantes, con áreas de cocina, comedor, baños, cancha deportiva y sus respectivos reglamentos para el buen funcionamiento.
En contraste, en el municipio de Jojutla, el albergue La Okra ofrece las mejores condiciones para la atención y estancia de los jornaleros durante su empleo en los campos en que se cosecha el angú con calidad de exportación.
Son instalaciones propiedad de la empresa Río Grande Exportación de Morelos, que está libre de mano de obra infantil, que además cuenta con servicio de guardería, alimentación para los niños, internet, comedor, baños, canchas y su respectivo reglamento.
Miguel, originario de la localidad de Chaucingo, municipio de Olinalá, es el responsable del albergue La Okra.
Durante el recorrido para conocer las instalaciones, comentó que a este lugar arriban sobre todo jornaleros de Guerrero, y algunos de Oaxaca y Puebla. Dijo que todos se sujetan al reglamento del albergue, lo que permite que continúe funcionando en óptimas condiciones.
Guerrero y Oaxaca, los que más jornaleros expulsan.
Junto con Oaxaca, Guerrero ocupa los primeros lugares en expulsión de jornaleros. Cada año migran un promedio de 20 mil indígenas hacia Sinaloa, Baja California, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.
En el caso de Morelos, los ingenios azucareros de Cuautla y Zacatepec son los que emplean a la mayoría de jornaleros de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
Sin embargo, los migrantes apenas ganan mil 500 pesos semanales por familia, un promedio de 100 pesos por persona, con jornadas laborales de hasta 10 horas diarias.
En algunos casos la migración es circular. Una vez concluida la temporada de cosecha retornan a sus lugares de origen, que son Atlamajalcingo, Acatepec, Atlixtac, Copanatoyac, Tlapa, Chilapa, Zitlala y Olinalá, aunque muchos se van a otros municipios y en menor proporción se encuentran los que permanecen en el mismo lugar, en espera del siguiente ciclo agrícola.
El albergue del municipio de Tlaltizapan fue el que presentó deplorables condiciones de higiene y salud para los migrantes, por lo que las autoridades de la Sedeso de Morelos acordaron supervisar su debida regulación.
Al término del recorrido, los secretarios de ambas entidades programaron una próxima reunión de trabajo para dar seguimiento a las acciones que se lleven a cabo para mejorar las condiciones de este sector poblacional.
