El limitado éxito de la segunda Evaluación Docente en Guerrero –sólo acudió el 45% del total de convocados- puso de relieve una serie de contradicciones en el sector educativo que podrían derivar en futuros conflictos políticos para el gobierno de Héctor Astudillo Flores; mientras que para la SEP anticipa una dura serie de confrontaciones con las disidencias magisteriales en Michoacán, Chiapas y Oaxaca, donde se aplicarán evaluaciones también en las próximas semanas.

La escasa asistencia de los maestros de Guerrero notificados para ser sometidos a Evaluación ya se esperaba, debido al desgaste que el tema de la Reforma Educativa sigue provocando en los estados. Demostrando que ni la zanahoria del aumento salarial ni la advertencia del despido a los que no se presentaran fueron argumentos suficientes para motivar a un magisterio en el que siguen presentes la desinformación por un lado, y el descontento político y gremial interno por otro, atizado no tanto por las nuevas reglas para la obtención de plazas, promociones, cambios o cargos de dirección, sino por el desaseo con que se han aplicado en Guerrero, donde el año pasado el gobierno interino le apostó a la corrupción y a la manipulación de todos los programas y acciones en el Sector Educativo, a niveles de escándalo.

Y porque gran parte de esa herencia maldita se ha tenido que asumir en el actual gobierno, a muy alto costo financiero, y sin que haya un deslinde público ni se castigue a los abusadores –algunos de los cuales se mantienen en puestos de nivel subsecretaría-. Por lo que no es extraño que entre el magisterio sea vox populi la versión de que “aquí no habrá despidos, a menos que se quiera una revuelta política en serio”.

De manera que si los exámenes del fin de semana se interpretaran como una suerte de referéndum sobre el grado de penetración y consenso de los gobiernos federal y estatal en el sector educativo, su calificación sería de 4.5, tomando en cuenta que su credibilidad se ha visto afectada por la caída tremenda de la imagen política del régimen de Peña en Guerrero, más la incesante violencia que desgasta al estado, a las corporaciones de seguridad y a los ayuntamientos, todo en el mismo paquete. 

Y si a eso se suma el descontento producido en la opinión pública y en los docentes institucionales por el trato de seda que dan las autoridades a disidentes de la CETEG para otorgarles canonjías y garantizarles impunidad por todos sus abusos y delitos, entonces queda en el imaginario colectivo un espacio de muy poca credibilidad a la amenaza de que los rebeldes serán despedidos…

A más evaluados disminuiría el riesgo a futuro…

En ese contexto, la tímida asistencia de docentes a la Evaluación -557 el viernes, 513 el sábado, sumando 1,090, que representan el 45% de los 2,410 notificados por la SEP-, se puede explicar tanto por el hostigamiento interno de dirigentes cetegistas a los maestros de las delegaciones sindicales que dominan –sobre todo en Acapulco-; así como por la omisión de las delegaciones institucionales de promocionar las bondades de la Evaluación en sí –donde tampoco operaron los enviados de Aurelio Nuño-.

De modo que al final, los 1,320 maestros que no se presentaron a la Evaluación serán un problema no sólo laboral, sino político y de inestabilidad principalmente para el gobierno de Guerrero en cualquier escenario: 

Si son cesados, armarán junto a grupos como la CNTE-CETEG y otros membretes una serie de movilizaciones agresivas para tratar de echar abajo los ceses, tanto de los afectados como del texto de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Pero si no se aplica la ley para castigar a los rebeldes que desairaron la Evaluación –o si se echa para abajo por las protestas-, se provocará un desgaste político y gremial que irá mucho más lejos que el mero descrédito de las autoridades federales y estatales. Porque afectará hondamente el rol que jueguen en el futuro tanto el SNTE como los grupos disidentes, con posible ganancia para el que desempeñe una mejor defensa del derecho a la permanencia laboral. 

(Nada más imagínese si lo llegara a lograr la CETEG, pues se levantaría como el gran foco opositor capaz de doblegar al gobierno, lo que supondría un golpe terrible para la credibilidad general del astudillismo ante la sociedad). Por lo que el propio SNTE podría conducir esa lucha, debido a sus implicaciones laborales y políticas.

En ambos escenarios estará en juego el futuro político personal del titular de la SEP, Aurelio Nuño, el funcionario mimado del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y si a Guerrero se le suma un potencial escenario de rebeldía por los ceses en Oaxaca, Michoacán y Chiapas, la crisis sería federal, pero los platos rotos los pagarán los estados, sobre todo ante la inminencia del proceso electoral en Oaxaca, donde la Sección 22 sigue en pie de guerra, y es el referente de la CNTE en todo el país, y más que en el DF, prefieren concentrarse en guerritas por cada entidad.

Así es que mucho deberá trabajar el gobierno de Héctor Astudillo en la previsión de posibles daños políticos generados por la Evaluación en los próximos meses. 

Aunque ya se sabe que el mandatario conoce muy bien las presiones disidentes, pues las vivió como diputado local en el proceso de aprobar en el estado la Reforma Educativa hace varios meses, durante la que supo salir airoso e incluso chamaquear a los rabiosos cetegistas que pretendieron imponerle condiciones humillantes al Congreso local…

Permisionarios deben pagar gastos médicos de accidentados…

El sábado pasado, cuando un camión urbano de la línea Maxi Rutas de Acapulco sufrió una volcadura porque el chofer iba jugando carreras con otro camionero, tanto el gobernador Héctor Astudillo Flores como el alcalde porteño, Evodio Velázquez Aguirre y el secretario estatal de Salud, Carlos de la Peña Pintos, acudieron en auxilio de los 45 heridos, para garantizarles una adecuada atención médica y hacerse cargo de los gastos de hospitalización, medicamentos y lo que resulte.

La acción habla muy bien de la sensibilidad política y personal de los gobernantes y del funcionario, ya que actuaron con gran oportunidad y generaron un inestimable mensaje de cómo sí es posible estar pendiente del bienestar de la población incluso ante casos de accidentes… y de negligencia de los responsables del desaguisado.

Sin embargo, sería una inestimable lección que las autoridades actúen también con firmeza ante los concesionarios y el chofer implicados en el accidente, que en contraparte se hicieron tontos y han pretendido omitir cualquier responsabilidad. Por lo que es necesario que al final, la cuenta de los gastos aportados desde el primer momento por los gobiernos, sean cubiertos a su vez por los transportistas –siempre intocables-, y que les sea imputada la responsabilidad legal del hecho, para que se haga justicia efectiva, e impedir que sigan siendo impunes ante toda acción correctiva del gobierno. ¿O no…?

Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.