Si la ceremonia de instalación de la 61 legislatura guerrerense celebrada el domingo pasado, sirviera de referente para entender cómo las diversas fuerzas partidistas en esta entidad competirán y convivirán de aquí al proceso electoral del 2018, el resultado arroja signos de una oposición desdibujada y extraviada ante el regreso de un priismo apegado a controles centralistas y decidido a arrebatar gradualmente los reducidos espacios de gobierno que conservaron los supuestos promotores de la izquierda estatal.

El problema para la oposición en Guerrero, sea de izquierda o derecha, es que los dirigentes partidistas parecen no salir de ese letargo aturdidor que les generó la tragedia del 26 de septiembre del año pasado en Iguala, mejor conocida como la fecha en la que desaparecieron los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, y se empeñan en mantener un discurso pleno de cinismo en el que exigen castigo y esclarecimiento de tan lamentables hechos cuando fueron ellos quienes crearon las condiciones y alentaron conductas para que esta entidad se convirtiera en escenario de tan sangriento suceso.

Al menos en los discursos para fijar sus respectivas posiciones legislativas, los diputados representantes de PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, coincidieron en hablar del caso Iguala-Ayotzinapa como si fueran ajenos a la tragedia. Desde la tribuna legislativa, los representantes de esos partidos de izquierda prácticamente se rasgaron las vestiduras al exigir la aplicación de la justicia contra los culpables de la desaparición de los 43 estudiantes.

El caso llega a tal extremo que a la diputada local Rosa Coral Falcón, quien habló a nombre del PRD, la dominó un ataque de amnesia pues en su intervención omitió recordar que los datos recopilados sobre la tragedia de Iguala revelan que el crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue perpetrado por órdenes del alcalde perredista José Luis Abarca, quien llegó a ese cargo protegido y promovido por el ahora diputado local Sabastián de la Rosa, hoy líder de la bancada perredista en el Congreso estatal y quien con movimientos de cabeza aprobaba lo dicho por su compañera al fijar la posición del partido del sol azteca.

Tampoco mencionó la diputada que otros de los protectores de José Luis Abarca es Jesús Zambrano, quien se desempeñaba como presidente nacional del PRD cuando ocurrió la tragedia de Iguala, y al final de cuentas su partido lo premió con una diputación federal plurinominal y lo propuso para presidir la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados federales, cargó que actualmente ejerce.

En el fondo, el discurso coincidente expresado por los diputados de oposición es parte de un lavado de imagen aplicado con mayor acento desde el PRD para apostar a la desmemoria colectiva de los guerrerenses. Y confían en que a través de dicha estrategia puedan remontar de aquí al 2018 el descrédito en el que actualmente se mantiene el Partido de la Revolución Democrática.

Sin embargo la realidad supera ese propósito. Mientras los perredistas se afanan en deslindarse gradualmente de la tragedia de Iguala, el jueves pasado el doctor Rafael Aguirre Rivero, hermano del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero, salió del estado huyendo ante la información de que la PGR logró la reactivación de la orden de aprehensión girada contra él como consecuencia de las investigaciones por manejo ilegal de recursos económicos públicos durante la gestión de su hermano como gobernador.

Este caso obviamente relaciona también al partido Movimiento Ciudadano con la corrupción generada durante el gobierno aguirrista, ya que Rafael Aguirre Rivero se desempeñó durante el gobierno municipal de Luis Walton Aburto, como coordinador gneral de Asesores de la presidencia de Acapulco. Cargo que por cierto, asumirá en tres semanas Everardo García Mondragón, ex secretario particular de Ángel Aguirre y uno de los principales operadores políticos del grupo encabezado por el mandatario defenestrado.

Esta serie de datos permiten observar en Guerrero un escenario político reducido para la oposición durante los próximos tres años, particularmente si la izquierda se empeña en su intento de confundir los lamentables acontecimientos del caso Iguala-Ayotzinapa.

En todo caso, a los perredistas les convendría más revivir su esencia de partido abanderado con las causas antisistémicas generadoras de la desigualdad social que le permitieron crecer históricamente. Pero pocos de sus dirigentes le apuesta a esa opción, pues regresar a la lucha social equivale a rechazar los amplios privilegios de burgueses que actualmente ostentan.

El camino de retorno a los orígenes cuando asumían la protesta social y el sacrificio colectivo para defender a los más necesitados, es imposible para los líderes de la izquierda guerrerense. Al final de cuentas, los próceres de la izquierda quedaron atrapados en el laberinto de sus residencias, camionetas de lujo, cuentas bancarias abultadas, ranchos y edecanes.