*Buenos resultados del primer periodo legislativo estatal.*Buscarán pueblos mantener su propia policía.

Las tres cabezas de los principales grupos políticos del estado, Ángel Aguirre Rivero, René Juárez Cisneros y Rubén Figueroa Alcocer, se reunieron en Casa Guerrero para repartirse las delegaciones de las dependencias federales.

 

Son tres ex mandatarios priistas, aunque el actual gobernador AAR es ahora militante perredista, pero la decena de nombres que se manejan es únicamente de priistas que están en la banca porque, en muchos casos perdieron las elecciones recientes en las que participaron o se les terminaron las chambas con el cambio de gobierno federal y del Poder Legislativo.

En la relación que se difunde extraoficialmente no hay ningún perredista, porque se asegura que la mayoría de  ellos tienen empleo en al  gobierno estatal que ganaron en la elección correspondiente.

Se asegura, según los trascendidos, que Aguirre Rivero se queda con las delegaciones de la SCT y Conagua, para Celestino Bailón, ex colaborador de Manuel Añorve, y para Álvaro Burgos, ex alcalde de Taxco, quien perdió la elección por la diputación federal. Los dos son priistas.

Rubén Figueroa recicla a su fiel escudero, Héctor Vicario, quien quedará en Sedesol, una de las delegaciones más disputadas, luego de perder por segunda ocasión la elección en el Distrito 06.

René Juárez colocó a su secretario José Manuel Armenta en el IMSS y a su amigo  Ernesto Rodríguez Escalona, en Fonatur.

Hasta Manuel Añorve, que tantos problemas dejó en Acapulco, con una deuda enorme y claros signos de corrupción, pudo meter a su ex tesorero, José Luis Ávila, en la delegación de Economía.

La caciquita Aceadeth Rocha, que perdió todo en las elecciones recientes, la ubican en la delegación de la Comisión de Pueblos Indígenas, aunque se ha caracterizado por ser enemiga y explotadora de esos grupos en la Costa Chica.

Muchos otros se quedaron fuera, como Héctor Astudillo, que fue coordinador estatal de la campaña de Peña Nieto, aunque perdieron la elección; Socorro Mondragón que coordinó a las mujeres para EPN, igual no logró nada.

Hubo otros coordinadores regionales y de sectores de la campaña presidencial que esperaban algo, pero hasta ahora no lo logran, aunque todavía quedan dependencias en las que podrían alcanzar una subdelegación, pero necesitan el apoyo del trío formado por el gobernador y los dos ex gobernadores, para que ellos los propongan.

Es obvio que al ex gobernador Zeferino Torreblanca ni siquiera lo tomaron en cuenta, aunque la culpa es suya, porque intentó combatir al nuevo gobierno, sin ver que toda su fuerza se había evaporado al dejar la gubernatura y por ser uno de los peores opositores a que Aguirre llegara a esa posición.

Políticamente, Zeferino dejó de existir en Guerrero. Él se lo ganó.

BUENOS RESULTADOS DEL PRIMER PERIODO LEGISLATIVO ESTATAL. —El pasado 15 de enero concluyó el primer periodo legislativo ordinario de la 60 Legislatura de Guerrero, que encabeza el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Bernardo Ortega Jiménez.

En esta legislatura, dominada ampliamente por el PRD se lograron buenos avances y una producción satisfactoria, si se toma en cuenta que se dictaminaron 67 leyes y se aprobaron 89 decretos, además de que se lograron 62 acuerdos entre las bancadas, se emitieron 38 exhortos y 7 adhesiones; se atendieron 14 denuncias, cuatro de ellas por juicio político y recibieron 31 solicitudes.

No se presentaron mayores problemas entre las bancadas, aunque hubo algunas fricciones entre la del PRD y la del PRI, porque estos reclamaban posiciones en la estructura de ese Poder, pero los números no los favorecieron. Los priistas sólo vieron pasar las decisiones, ya que la Ley Orgánica faculta a la fracción mayoritaria para decidir y ocupar todos los puestos de la estructura directiva del Congreso.

Aunque los priistas colaboraron con el buen desempeño de la labor legislativa, lo que más destacó fue el enfrentamiento interno que se dio entre el provocador Rubén Figueroa Smutny y el entonces coordinador, Héctor Astudillo Flores.

Una alta calificación alcanza la 60 Legislatura con la conducción de Bernardo Ortega Jiménez, quien contó con el apoyo de sus colaboradores en las distintas áreas de ese Poder, como en el caso del director de Comunicación Social, Antonio Jiménez, periodista con buena experiencia, que logró difundir apropiadamente los trabajos de todos los diputados y del Congreso Estatal en general.

Actualmente, se mantiene en funciones la Comisión Permanente.

BUSCARÁN PUEBLOS MANTENER SU PROPIA POLICÍA. —Resultados muy satisfactorios han logrado los grupos de ciudadanos que en varios municipios decidieron hacerse cargo de la seguridad pública, lo que no sólo no se había alcanzado con las policías municipales y la estatal, sino que se mantenía en un alto nivel de delincuencia, que amenazaba la vida y el patrimonio de la gente de esos lugares.

Hasta ahora, los casos más emblemáticos de esas muestras de seguridad pública por parte de los ciudadanos, se han dado en Olinalá, hace ya algunos meses, y en Ayutla, recientemente.

Un cambio definitivo se dio en esos y otros lugares con la acción de los grupos civiles que salieron a las calles a ejercer la autodefensa, porque generó una diminución radical de los hechos delictivos y de la presencia de los delincuentes en las comunidades.

Ahora, el gobierno estatal busca la manera de regularizar a esos grupos de ciudadanos que se hicieron cargo de la seguridad. Los habitantes no están dispuestos a volver a las anteriores condiciones, con policías municipales y estatales a los que identifican como parte del problema delincuencial y no con su solución.

Se sabía hasta ayer, de 44 detenciones de presuntos delincuentes, incluso un cabeza de grupo, “el Chicle”, al que le atribuyen asesinatos y hasta descuartizamientos de víctimas.

La Procuraduría reclama que se le entreguen a esos detenidos, pero la gente tiene una gran desconfianza en esa dependencia, que, aseguran está altamente infiltrada, pues temen que vayan a liberar a quienes lograron apresar.

El gobierno debe buscar una fórmula inteligente, justa y que genere confianza entre los grupos que decidieron tomar la vigilancia y seguridad en sus manos, porque de ninguna manera van a aceptar volver al viejo esquema, que nada resolvía.

De los detenidos debe dárseles la seguridad de que serán procesados con la energía necesaria para que no vuelvan a delinquir y a atacar a los pueblos.

Se advierte que sólo el Ejército y la Marina tienen el suficiente nivel de confianza ciudadana para hacerse cargo de la situación, pero deben establecer un esquema apropiado de colaboración con los grupos ciudadanos, que tienen el respaldo mayoritario en sus comunidades.

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