Era el 9 de octubre de este año. Antes de la medianoche, comenzó a llover en Acapulco, y llovió a cántaros, a ratos en cantidades que hacían temer lo peor. Después de todo, 15 años antes, en la misma fecha y en la misma ciudad, el escenario era similar a esa hora, pero en aquel entonces el puerto amaneció al día siguiente hundido en una de sus más lacerantes tragedias.  Bien, el 9 de octubre de este año cayó sobre Acapulco un aguacero de dos horas, y luego una llovizna de otras dos. Y lo peor no ocurrió, o, más bien dicho, lo peor que ocurrió es que se cayó una barda y hubo inundaciones pasajeras y arrastres de material terrígeno, que el intenso sol del día siguiente, así como los vientos y el paso de vehículos a toda carrera volvieron a levantar y a mezclar con el aire que respiramos.
Pero la similitud de las circunstancias constituyó un buen pretexto para reflexionar sobre el tema, para recordar cómo las autoridades -por corrupción o por negligencia- dejaron de cumplir su compromiso de impedir los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, asentamientos que, ahora sí, según leyes y decretos posteriores al huracán Pauline, serían necesariamente irregulares. 
Antes del huracán, cualquier acapulqueño podía tener su casa al lado del arroyo perfectamente legalizada, con escrituras, impuesto predial pagado, agua potable, drenaje, electricidad y teléfono, y hasta una barandilla para solazarse viendo correr las aguas. 
Hoy en Acapulco, 15 años después de la tragedia, la situación alrededor de las zonas de alto riesgo y aun dentro de ellas es similar a la de entonces. Quizá la única diferencia es que ninguno de los asentamientos humanos dentro de ellas puede reclamar que está en la legalidad, pues a causa de aquel desastre las márgenes de cauces pluviales fueron redefinidas y las zonas de peligro se volvieron más amplias. Y la ubicación que antes era legal hoy ya no lo es. 
Pero que un obstáculo sea legal o ilegal es algo que no impide que el agua siga su camino y se lo lleve por delante, igual que a todo lo demás que halle a su paso. 
Así, queda claro que en Acapulco se olvidó la lección; autoridades y sociedad la olvidaron. Ahora hay al menos 14 mil personas asentadas en zonas de alto riesgo en el municipio, según reportó Protección Civil municipal el 7 de mayo de 2012. Líderes de partidos promueven los asentamientos irregulares, acusó en ese entonces el director del organismo, Melquiades Omedo Montes. 
Muchas personas, por necesidad o por ingenuidad, se prestan al juego clientelar de dirigentes de partidos políticos, que dan a sus seguidores una supuesta protección contra posibles desalojos gubernamentales a cambio de que ellos les den su voto. 
Y si es lamentable que la sociedad no aprenda en cabeza ajena, más lamentable es que el gobierno -que dispone de mecanismos para aprovechar la experiencia acumulada a lo largo de años, es decir memoria histórica- se desentienda del problema, sea por desidia o por corrupción abierta. 
A los presidentes municipales les convienen los desastres naturales, porque es cuando el gobierno federal voltea su mirada a los municipios afectados y, por medio del Fonden, les envía millonarias cantidades de recursos, que los alcaldes utilizan a su conveniencia. Tras el Pauline, por ejemplo, varios líderes y funcionarios fueron sorprendidos con importantes cantidades de apoyos enviados a los afectados por el huracán; incluso el presidente municipal en ese tiempo fue destituido porque andaba viajando por Disneylandia cuando Acapulco sufría la peor tragedia de su historia. 
Los que se dicen líderes sociales se la pasan lucrando con las necesidades de la gente humilde que cae en sus engaños. No les importa la vida de miles de sus seguidores.
Por otro lado, el alcalde Luis Walton se ha comprometido con los acapulqueños a no permitir la invasión de áreas irregulares, donde corre peligro la vida de la población, y prometió que habrá sanciones para aquellos funcionarios que la permitan. Yo dudo que cumpla, primero porque su gabinete le fue impuesto por las corrientes del PRD, cuyos dirigentes son los principales cabecillas que cobijan esas invasiones, y segundo, porque al buscar la candidatura a la gubernatura del estado, tendrá que negociar con todos los líderes que le prometerán los votos para ganar la contienda electoral de 2015.
Por lo pronto, las barrancas de Acapulco están habitadas por al menos 14 mil personas, a merced de otro fenómeno hidrometeorológico como aquel que hace 15 años enlutó al país, pues cálculos conservadores ubican en 500 el número de personas muertas, amén de los considerables daños que sufrió la economía local. 
La temporada de lluvias aún no concluye. Nadie está a salvo. 
Lic. Yeshica E. Melo de Mojica 
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