En dicho acto, el mandatario estatal recibió por parte de la audiencia ahí presente aplausos como señal de aprobación a los proyectos explicados en forma parcial. No hubo una sola expresión en contrario.
Sin embargo, tras los días transcurridos, el gobernante dio paso a los hechos.
Fue a la región de la tierra caliente en compañía de los jefes militares de la región y dio inicio al programa—ahora ampliado—denominado Guerrero Seguro a fin de paliar la inseguridad pública que priva en dichos municipios auspiciados por la delincuencia común y el crimen organizado, en particular por los narcotraficantes que operan en los límites de los estados de Guerrero y Michoacán.
La sociedad terracalentana no dijo nada, ni las gracias dio, mucho menos las pudo expresar como debió haber sido, pues es tal su temor a ser víctima de los delincuentes que tienen como una especie de mordaza permanente.
Pero lo que si hubo en la región fueron expresiones en contrario, particularmente sobre las declaraciones que se hicieron sin ninguna precaución sobre la libertad de movimiento que tienen los guerrerenses en todo el territorio.
A esto, los calentanos manifestaron que ‘’si todos fueran protegidos por guardaespaldas, militares, marinos y policías municipales y estatales, nadie sería molestado y podría recorrer a gusto las siete regiones de la entidad’’. Palabras más, palabras menos, pero el sentir popular es diametralmente opuesto a los de los gobernantes. Lo positivo fue que nadie rechazó la puesta en escena del operativo Guerrero Seguro. Ahora de que vaya a dar resultado es otra historia que pronto se contará.
Y continuando con la puesta en marcha de los compromisos revelados, el gobernador Aguirre dio a conocer que se entregaron vehículos a los miembros de las fuerzas armadas (ejército y marina) y a la policía federal, para que redoblaran su tarea de vigilancia y protección a la ciudadanía en colonias populares de Acapulco. Dijo ufano que los vehículos entregados fueron adquiridos con recursos del gobierno estatal.
A este hecho, el presidente de la comisión estatal de los derechos humanos de Guerrero, Juan Alarcón Hernández manifestó su desacuerdo, pues dijo que los recursos del estado deberían utilizarse para otros fines (no dijo cuáles) pero sobran rubros en donde hay necesidades extremas que tienen que ver con las personas y sus derechos constitucionales.
Curiosamente, el presidente de la Codehum no dijo nada durante el anuncio que hizo el mandatario sobre este mismo propósito pues estaba ahí presente e incluso aplaudió lo dicho por el mandatario estatal.
Sin embargo hay que decir que Alarcón Hernández precisó que lo que está prohijando el gobernador—para el caso de Acapulco—es una especie de militarización pues en lugar de que los ciudadanos acapulqueños vea patrullaje de policías municipales o estatales hoy verán y sentirán la presencia de militares o marinos haciendo rondines y en caso de abusos o arbitrariedades por parte de estos elementos los afectados no sabrán a dónde acudir para denunciarlos.
La indefensión ahora será por doble vía.
Y si los proyectos del gobernador para dar seguridad a los guerrerenses no se deberían de desacreditar, si es preciso señalar que mientras no exista una coordinación debidamente acreditada y abiertamente conocida por los ciudadanos, estos actos se ubican fuera de lo normal e incluso de lo legal y Constitucional. Y esto no se ha hecho.
Nadie sabe cómo van a operar los militares, los marinos y la policía federal fuera de las áreas que deberían atender en función de su tarea institucional y constitucional. Lo que hagan fuera de sus funciones como castrenses estará al margen de la ley y ante esto la propia comisión estatal de los derechos humanos deberá monitorear diariamente lo que ocurra pues nos podríamos llevar no tan gratas sorpresas.
Los militares y marinos no son policías y por lo tanto no podrán actuar nunca como tales. Deberían darles cursos al respecto. Pero si eso va a ser así, la pregunta es ¿porqué no se acreditan a ciudadanos para tales tareas? ¿Qué acaso el 115 constitucional no obliga a los ayuntamientos a dar protección y seguridad pública?
Estas y otras preguntas deberían responder los gobernantes para saber a que atenernos con la forma como concibe el gobierno estatal dar seguridad y protección a los guerrerenses, ya sea en la región de la tierra caliente, en la montaña, costa chica, centro, norte o en Acapulco donde la delincuencia ha sentado sus reales y difícilmente dejará el territorio.
Pronto tendremos el relevo en el Ayuntamiento de Acapulco y es la hora de que no se conocen los propósitos que se tienen para incidir en el ataque frontal contra la delincuencia común y la coordinación que se debe tener con las demás instancias policiales y militares que combaten el narcotráfico.
Acapulco deberá tener su policía preventiva que ataque todo lo relativo a la delincuencia común y a evitar que esta haga lo que quiera mientras están los elementos descuidados o entretenidos con el combate al crimen organizado.
Luis Walton Aburto, presidente electo, sabe y lo sabe bien que se requiere una policía municipal acreditada y que pueda atender la demanda de seguridad pública para todos los acapulqueños y no solo a quienes viven o trabajan sobre las áreas turísticas o en fraccionamientos de lujo. Para lograrlo tendrá que poner todo su esfuerzo e integrar una policía preventiva con nueva visión de servicio.
El actual secretario de seguridad pública municipal lo dijo claramente de que los elementos policiacos en Acapulco están vinculados con el crimen organizado.
Si esto es así, lo lógico sería que se deshiciera de esos elementos, mas sin embargo salta la pregunta de: ¿y que se hará con ellos (los policías desacreditados); se les entregará con pistola, uniformes y placas a los delincuentes o se les dará seguimiento a lo que hagan una vez despedidos?
Lo mas sano sería hacer el esfuerzo por reencausarlos y de no ser posible ponerlos bajo vigilancia estricta para que no engrosen las filas de la delincuencia y no agraven la situación en que estamos actualmente.
El Ayuntamiento actual está literalmente en el suelo. No hay mando, cada quien hace lo que quiere, la autoridad no sabe responder a los elementales cuestionamientos de la prensa y todos se acusan de todo y para desgracia cada día les asesinan a un elemento, sea este de tropa o de oficina o un miembro de gabinete y al final de cuentas nada ocurre, nada pasa, no hay detenidos ni líneas de investigación y mientras esto sucede, la procuraduría general de justicia del estado sigue envuelta en un titipuchal de litigios políticos que no le dan respiro para poner las fichas en su lugar y moverlas hacia donde es necesario y con ello dar respuesta a las demandas múltiples de una sociedad agredida, adolorida y desdeñada.
Y mientras el gobernador Aguirre no de un manotazo y ponga a cada uno en su lugar y se ponga él mismo a reflexionar sobre lo que verdaderamente ocurre en la entidad, nunca tendremos la paz que requerimos y que se debe construir y mucho menos tendremos la convivencia que por todos lados demandamos para vivir como seres humanos racionales.
Periodista/Analista Político*
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