Por Noé Mondragón Norato

Una similitud siniestra emparenta las administraciones municipales de Acapulco y Chilpancingo: en esas dos ciudades han ocurrido los casos más sonados de homicidios contra periodistas desde que ambas gobernantes tomaron protesta en el cargo. En ninguno de esos asuntos, el Congreso local ha llamado a las alcaldesas morenistas Abelina López Rodríguez y Norma Otilia Hernández Martínez, a fin de que den una explicación convincente con relación al asunto de la violencia y la inseguridad en sus respectivas demarcaciones. El punto es que todo se desbordó después. Y nadie las llamó a cuentas. A pesar de su visible indolencia. De ahí se abre lo demás.

CRÍMENES CONTRA LA PRENSA. – Hasta hace poco, las dos alcaldesas morenistas no atendían los asuntos de la violencia e inseguridad desbordadas, sino que ya peleaban por el siguiente cargo público. Pero el crimen y el delito terminaron rebasándolas. Se lee así:

1.- La madrugada del viernes 29 de octubre de 2021, sujetos armados sacaron violentamente de su casa en Acapulco, al fotoperiodista y administrador de la página de Facebook Dos Costas, Alfredo Cardoso Echeverría. Lo balearon después y dejaron tirado el cuerpo cerca de su casa. Murió dos días después en el hospital del IMSS.

El crimen ocurrió en el contexto en el cual la alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez pedía a los medios de comunicación “no publicar los hechos criminales” y fustigó a los reporteros porteños de ser “alarmistas” por documentar la inseguridad y la violencia que crecían.

Incluso, trascendió que el viernes, horas antes de su secuestro, el comunicador se habría reunido en un evento con la propia alcaldesa. Nada ocurrió después. El crimen quedó impune. Apenas el pasado 11 de mayo de este año, fue asesinado en su casa por el rumbo de la colonia Icacos, el periodista Gerardo Torres Rentería ex corresponsal de la agencia Reuters y de TV-Azteca. Su caso también reposa el perturbador sueño de la indolencia y la impunidad. Finalmente, el pasado sábado 15 de julio balearon y asesinaron al periodista de nota roja, Nelson Matus Peña, fundador del portal Lo Real de Guerrero.

La alcaldesa Abelina López le dejó en todos estos casos, el paquete completo a la fiscalía general del estado (FGE). Pero hasta el momento ella no ha sido capaz de implementar políticas públicas exitosas en materia de prevención del delito. Eso sí: ya pagó a la encuestadora Massive Caller para que la posicione en el primer sitio de su hipotética reelección por la alcaldía. Pero los hechos de violencia sin fin en el puerto la ponen contra las cuerdas. Y también, las sospechosas desapariciones de dos marinos en marzo del año pasado que no han encontrado la claridad de su ubicación. Y de la verdad sobre lo que ocurrió con ellos.

2.- Además de admitir su reunión con un presunto líder criminal, la alcaldesa de Chilpancingo, la también morenista Norma Otilia Hernández Martínez, también padeció el asesinato del periodista Fredy Román Román el lunes 22 de agosto de 2022. El crimen lo resolvió el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad. Pero esas fueron las primeras señales inequívocas no sólo de los presumibles pactos delictivos que la alcaldesa hoy niega, sino que desde esas fechas el control de la seguridad pública ya se le estaba escapando. Y los reiterados brotes de violencia en las calles capitalinas ocurridos después, nunca fueron explicados ni combatidos con claridad ni eficacia.

Norma Otilia tampoco detalló cuáles eran las funciones concretas del seguimiento del delito monitoreado por parte de los costosos y millonarios C-4 y C-5. Sencillamente dejó correr las cosas. El amigo tiempo se encargaría de insertar en la colectividad, el olvido como eficaz medicina para incrementar la desmemoria. Pero los hechos terminaron acorralándola. En su desesperación para no ser expulsada de la alcaldía, llega a la aberración de afirmar que el Congreso local “no es la instancia para juzgarla” —pues PRD y PAN planean iniciarle procedimiento de juicio político— cuando esa atribución está claramente definida y plasmada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo que, como exdiputada local, se confirma que Norma Otilia no leyó.

Así, ambas alcaldesas morenistas permanecen en el ojo del huracán. Y lo más seguro es que no salgan de él.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Si la FGE no puede resolver los crímenes contra la prensa, es preciso entonces que sean atraídos por la fiscalía general de la república (FGR). Porque toda democracia que se precie de serlo no puede mostrarse intolerante contra la expresión de ideas y ejercicios contrarios a los grupos que, en esos momentos, asumen y ejercen el poder público. La pluralidad debe tasarse en la dimensión conceptual exacta: el respeto irrestricto a ideas diferentes puestas en marcha en contextos sociales y políticos diferentes. De lo contrario, la civilidad y la convivencia pacífica se vulneran irremediablemente. Se convierten en retrocesos.

Y son las autoridades las que deben atacarlos.