POR EMILIANO CARRILLO CARRASCO.
Los Estados constitucionales contemporáneos, en cambio, han procedido de una manera más acorde con las motivaciones y con los objetivos iniciales del constitucionalismo. Al advertir que la formación de elites en el poder y que la acumulación de riqueza son inevitables en estructuras jurídicas basadas en la libertad, se optó por reconocer ambos fenómenos y tratar de racionalizarlos. Galeano" despertar conciencia solidaridad”: "No vale la pena vivir para ganar, vale la pena vivir.
Ser joven en México pareciera ser una desgracia, sufren de desempleo, violencia, insalubridad, depresión, frustración, resentimiento. Cuando se habla de ellos, solamente se señala que ni pueden estudiar ni trabajar, pero no se dice que viven en la agonía, en la desesperación, en el resentimiento, en la frustración, en el abandono, en la marginación y discriminación y todo esto, es para no vivir, sino para pasarla sufriendo, total, en este país, donde se salva es aparato de la macroeconomía y el poder financiero da las líneas al Estado Mexicano.
La inseguridad, el tráfico humano y la corrupción en los tres niveles de gobierno con sus policías. El reto latente de una población con la esperanza de romper la desigualdad social y la pobreza, es un elemento de violencia e inseguridad con sus elementos de conducta de robos, y lo más grave las acciones ilícitas de una juventud cautiva por la delincuencia al no ver fuentes de empleo y una educación que permita una mejor calidad de vida y de bienestar.
El ejecutivo como jefe de Estado y de las fuerzas armadas tendrá que implementar acciones en mediano plazo dar respuestas sociales y económicas, el, porque, por las fuerzas oligárquicas nacionales les está lastimando sus intereses económicos de un país de más de 55 millones de pobres y su juventud sin alternativas de desarrollo, los ser parte de la explotación y migración.
La justicia como medio de corrupción e impunidad: Una justicia lejana con la sociedad que la percibe ante la percepción de nuestra procuración de justicia tortuosa y desgastante para la victima que solicita justicia ante los órganos administrativos impregnados de mala fama pública., dónde la víctima es un espectro invisible y una realidad muy lejana de nuestras formas procedimentales, ante un elemento que considero esencial su economía.
La reforma del 2011 en materia de derechos humanos, tiene una trasformación del más del 80 % de su contenido original y la supremacía constitucional de acuerdo a la naturaleza de Pro-persona, en su artículo 1 de nuestra constitución y su observancia del estado mexicano , en su cumplimiento y responsabilidad orgánica ante las personas a la violación de sus derechos emanados . La Corte Interamericana es la relación que se establece entre el Estado y las personas privadas de libertad. La Corte ha ido desarrollando la especial responsabilidad que tienen las autoridades respecto de las personas que están sujetas a su control. El paso más interesante ha sido la consagración de la idea que el Estado está en una posición de asegurador respecto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La responsabilidad de nuestro Máximo Tribunal es constancia del importante rango constitucional que el Estado mexicano otorga a las garantías de los gobernados y a su principal medio de defensa, valores que mantienen primacía en la sección dogmática de nuestra Carta Magna.
La Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito determinan el alcance y sentido de estas prerrogativas, mientras que la doctrina facilita su estudio. Artículo o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación.
El Estado–Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.
La integridad personal es condición básica de su libertad y dignidad… mientras que es necesario para adquirir casi cualquier bien o servicio. La violencia o el despojo criminal, sin duda, califican como amenazas graves y previsibles contra estas tres oportunidades fundamentales” La crisis de inseguridad pública de cualquier estado, se refleja en todo tiempo, en el último y más débil eslabón del quehacer gubernamental.
El combate contra la delincuencia (sistema penitenciario), si es eficaz, de readaptación, distorsiona al delincuente, si realmente se reintegra a la sociedad, etc. Y a la vulnerabilidad de estratos sociales ante la ilicitud, por situaciones educativos, sociales, laborales, de integración por situaciones de pobreza, marginación y de desigualdad.
Las conductas antisociales es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad, así mismo va contra las buenas costumbres ya establecidas por la sociedad.
El fenómeno de la delincuencia es muy complejo, existe muchos factores y están íntimamente relacionados una con otra y conllevan a la delincuencia de menores.
La respuesta a la falta de aplicación de los derechos fundaméntales a las personas serán víctimas del Estado que es el encargado de organizar a su pueblo y administrar los recursos para su función de eficiencia y eficacia de la convivencia comunitaria de un país. Podemos establecer una argamasa de principios vinculantes en cuanto a la víctima desde su aspecto exógeno y endógeno que permite una apreciación de focalizar a la persona sujeto de derechos humanos y sobre todo en cuanto a su dignidad y la forma de establecer la reparación del daño ante el delito como una conducta antisocial.
La idea de justicia social ha conducido a complementar el principio de igualdad con el de equidad. De esta manera la base contractual de la sociedad, que representa un constructo indispensable para el desarrollo de la soberanía popular y por ende de la democracia, he encontrado nuevos argumentos.
La racionalización de las elites del poder político se ha producido a través de las instituciones de responsabilidad política. En todos los sistemas se produce el fenómeno identificado por Gaetano Mosca, Roberto Michels y Vilfredo Pareto, entre otros; pero muchos de los efectos más perniciosos del elitismo se han atenuado en los Estados constitucionales mediante instrumentos de responsabilidad política. (Ortega y Gasset).
El mayor número de mexicanos en situación de pobreza se debe al débil crecimiento económico, la desigualdad y los magros resultados de los programas sociales, tres factores que el Gobierno debe atender si es que desea revertir esta tendencia, de acuerdo con especialistas.
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