Por Julio Zenón Flores Salgado

La Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Guerrero ha manejado con mucho hermetismo la respuesta que hayan dado al oficio en el cual la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó, el pasado 30 de junio de este año, al gobierno estatal que informara “de manera urgente” de la legalidad de representación formal de los 8 detenidos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y si esta agrupación cuenta con registro como policía comunitaria.

La FGR preguntó en ese oficio, marcado con el número 538/2022, como de manera inocente al gobierno estatal que “informe a esta Representación Social de la Federación, si la UPOEG cuenta con registro como Policía Comunitaria”, dándole un término de seis horas, contadas a partir de la recepción del oficio, firmado por un agente del Ministerio Público federal.

Decimos que de manera “inocente” porque, como dice la sabiduría popular: “lo que se ve no se pregunta”, pero en esa ocasión el texto oficial detalló que de ser omiso (el secretario de seguridad estatal) “se le impondrá una medida de apremio consistente en 100 unidades de Medida y Actualización, fundamentado en el artículo 104 fracción I, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales”, indicando que la información era urgente “toda vez que resulta determinante para continuación de la investigación”, refiriéndose a los ocho detenidos dos días antes en el municipio de Marquelia, que señaló como presuntos responsables del enfrentamiento ocurrido en la zona urbana de esa cabecera municipal.

A la fecha de escribir este artículo el gobierno estatal no había dado ninguna respuesta pública a la pregunta ¿Es la UPOEG una policía comunitaria registrada? y nuestras fuentes consultadas no pudieron confirmar si existió alguna respuesta oficial o si simplemente los ocho detenidos fueron liberados discretamente y si el comandante de la SSP, Evelio Méndez, recibió su multa de 100 UMAS (unos 18 mil pesos).

Dicho silencio es comprensible, porque del gobierno del estado sólo depende la parte administrativa, es decir, el registro o no de la UPOEG como policía comunitaria, si es que existe un registro de las diferentes organizaciones que se han constituido en policías comunitarias o ciudadanas, como la CRAC-PC o el FUSDEG o los propios “Dumbos”, entre muchos otros pequeños ejércitos que pululan por la Costa Chica, en el corredor Chilpancingo a Xaltianguis, en al menos 50 poblados de la sierra de Chilpancingo, en la Montaña alta y en algunas zonas rurales de Acapulco.

Si existiera ese registro, sería bueno saber de cuantos individuos armados, sin control por parte del estado del tipo de armas que portan, andan recorriendo el estado, ya que se conocen sólo cifras extraoficiales: de la UPOEG, por ejemplo se dice que son unos 8 mil integrantes y suponiendo que el FUSFEG y la CRAC, cuenten con una estructura similar, estaríamos hablando de 24 mil personas armadas. Todo un ejército y un gran riesgo si se toma con seriedad las acusaciones que se hacen entre ellos mismos de sus alianzas con grupos del crimen organizado y a eso hay que agregar, además, su amplia base social, que ya hemos visto como son capaces de paralizar la circulación vial en decenas de puntos del estado a la vez.

El fondo de la pregunta “inocente” de la FGR, para seguir o no con el proceso de investigación de los detenidos que enfrentaron al ejército y a la marina en la Costa Chica, es si esos grupos tienen o no un soporte legal.

Bruno Plácido Valerio dice que si, que la Constitución General de la República establece que la soberanía radica en el pueblo y que éste puede darse en todo tiempo el tipo de gobierno que desee, pero la verdad es que el tema está en el limbo legal.

Y es que hay que recordar que el Congreso de Guerrero no ha terminado de legislar al respecto, como se los informó el secretario de gobierno, Ludwig Marcial Reinoso Núñez, a los miembros de la UPOEG con quienes dialogó este domingo en Ayutla.

El congreso realizó una reforma que fue impugnada y la SCJN le obligó a reponer el procedimiento, para dar espacio a una consulta amplia e informada del tema a las comunidades indígenas y afrodescendientes, pero luego de un gran esfuerzo de los diputados la nueva reforma obtenida fue “observada” en su totalidad por el gobierno estatal, que había tenido la delicadeza de retirar una iniciativa que había enviado la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para dar pie a escuchar a las comunidades.

El último detalle al respecto es que el Congreso rechazó por mayoría (en una votación en que la fracción de Morena se dividió) las observaciones de la gobernadora, por lo cual la reforma que daría legalidad o no a esos grupos no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado y por lo tanto carece de vigencia.

En términos legales, pues, ni la UPOEG, ni el FUSDEG ni la CRAC-pc, pueden tener un registro mientras no se termine el proceso legislativo y eso en términos prácticos es un grave problema para los policías comunitarios que, infiltrados o no por el narco, han mantenido cierta dosis de tranquilidad en los pueblos que controlan, por lo que estaría desprotegidos en todo litigio con las corporaciones armadas legales del Estado Mexicano.

En ese contexto resultó muy prudente la instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado a su equipo de gobierno para tender lazos de entendimiento con la UPOEG, que se encontraba muy enfadada por la detención de sus miembros en Marquelia.

Y es que en ese sentido, mientras no haya un claro marco legal, el trato del tema debe ser político, de conciliación y acuerdo, pues de lo contrario un enfrentamiento de las policías estatales, el Ejército, La Marina y La Guardia Nacional con esos grupos podría derivar a una verdadera guerra civil y con los antecedentes de Guerrero, con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, más vale irse con pies de plomo.

Lo que es cierto es que lo disputados se tienen que tomar muy en serio el tema de las policías comunitarias y coordinarse con el gobierno del estado, porque ha habido señalamientos de que algunos diputados, del mismo partido Morena, de la gobernadora, le están poniendo piedras en el camino a la postura estatal y eso es como rascarle los tompiates al tigre.

El diálogo, más allá del gobierno estatal con la UPOEG por la crisis inmediata que se vive, debiera empezar por mesas de trabajo conjuntas de los diputados con los encargados y especialistas en temas de seguridad, del gobierno estatal y federal; no es un tema para dispararse con ocurrencias y tratarlo como parte de acuerdos o desacuerdos entre los “equipos” al interior de Morena, sino que debe tratarse como un interés superior que tiene que ver con la paz del estado de Guerrero.

Mucha sangre ha corrido ya por la falta de claridad en el tema de las policías comunitarias ¿No sería sano aprovechar la pregunta de la FGR sobre el estatus de la UPOEG, para desatorarlo?

Veremos si los diputados se portan a la altura.