“Veo que duda usted de que yo también sea un acusado, dijo K”

El Proceso

Por Jesús Lépez Ochoa

El rostro kafkiano del sistema de procuración de justicia asomó las narices en los recientes conflictos en la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

El absurdo de un vulgar pleito entre su titular y otra funcionaria, del que ambas se victimizan, es aparente cortina de humo sobre un nuevo intento de ordenar el caos, o consecuencia de éste.

Ha sucedido anteriormente. Tanto en la Fiscalía como en las policías estatal, o municipal. Recuérdese el paro policial de dos meses en el año 2014 en Acapulco, entre otras movilizaciones de inconformidad en diferentes cuerpos policiacos a los que surgen demandas laborales de manera coincidente a cambios de adscripciones, y sustitución de funcionarios.

Las corporaciones policiales -debemos tenerlo a la vista- son una debilidad del nuevo sistema de justicia penal que no ha servido para revertir los índices de impunidad en el país, ni los abusos incluidos entre éstos los chivos expiatorios.

La crónica de lo anterior se encuentra en tres documentales dirigidos por el abogado Roberto Hernández.

El túnel, cortometraje realizado a través del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en el año 2006 con testimonios de gente afectada por el sistema de justicia y las cifras escalofriantes de investigaciones del CIDE, con el cual se llamaba a adoptar un sistema parecido al de Chile que permitía los juicios orales.

En ese mismo sentido dos años más tarde, en 2008, se filmó el cortometraje Presunto culpable sobre el caso de José Antonio Zuñiga quien fue detenido por policías de Iztapalapa y condenado por un homicidio que no cometió, siendo su posterior defensa y liberación grabada por sus defensores, entre ellos Hernández, para esta polémica película que el Estado Mexicano trató de censurar.

Sin embargo, a cinco años de que en 2016 arrancó un nuevo sistema penal con juicios orales en el país, Roberto Hernández evidenció a fines del año pasado que tampoco sirvieron de nada.

Esta vez se trata de la serie documental difundida en la plataforma Netflix que se llama Duda Razonable y donde se narra cómo policías municipales de Macuspana se prestan a acusar de intento de homicidio a un par de personas inocentes victimizando primero a quien trató en realidad de matar a uno de ellos, y cómo posteriormente la Fiscalía de ese estado arma todo un tinglado en el que culpa a más inocentes, y acusa a todos, ¡ahora de secuestro!, aferrándose a encarcelarlos de por vida.

El viacrucis para ellos inicia al ser detenidos sin saber de qué se les acusa, una vez que habían sido liberados por el presunto intento de homicidio.

Ver la serie trae inmediatamente a la mente El proceso, novela de Franz Kafka en la que el banquero Joseph K despierta y se encuentra con que hay unos supuestos policías en su casa donde permanecen diciéndole que está arrestado sin decirle de qué se le acusa, y así comienza un absurdo proceso en un peculiar tribunal.

En Guerrero el índice de impunidad por homicidios dolosos en 2021 fue del 98.8 por ciento, lo cual pone en duda la culpabilidad del 1.2 por ciento restante.

Duda razonable evidencia que la policía de Macuspana y la Fiscalía de Tabasco, en ese caso, son los eslabones donde la cadena adelgaza haciendo fracasar al nuevo sistema de justicia penal como se evidencia en ese proceso kafkiano.

Ojo, también es digno de una novela de Kafka que una funcionaria muerda a la fiscal de Guerrero, o que los escoltas de ésta agredan a la funcionaria, como dicen las dos versiones públicas de un absurdo pleito que ambas partes intentan de la misma manera diluir como tal para hacerlo ver como agresión a su respectiva persona.

El verdadero pleito para la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, será por revertir los índices de impunidad y superar las resistencias que esperan que nada cambie en la Fiscalía, como nada ha cambiado en el país pese a los juicios orales.