Por Miguel Ángel Arrieta                          Fotos: https://www.facebook.com/

La referencia publicada hace dos días por el columnista Julio Hernández en el sentido de que es sorprendente el tiempo récord que tomó a MORENA desarrollar prácticas priistas que al PRD le llevó décadas aprender, es lo de menos; lo grave es la acelerada asimilación con la que el morenismo tiende a inclinarse hacia la narco política en el próximo proceso electoral.

En el 2018, líderes de organizaciones estatales afiliados al PRD declararon su decisión de separarse del partido del sol azteca ante la descarada participación de jefes de cárteles locales en la designación de candidaturas a diputados y alcaldes.

En la región de Tierra Caliente fue del dominio público la imposición de candidatos a presidentes municipales por parte de los grupos de El Pez y El Tequilero. A Silvia Rivera Carbajal la delincuencia organizada la obligó a renunciar a su registro como candidata de Morena a diputada.

Por lo pronto, la reproducción de ese modelo cobra vigencia en Teloloapan, municipio perredista, en donde los jefes del grupo integrado por una escisión de Guerreros Unidos asociados con la Familia Michoacana gobiernan por encima del alcalde Efrén Romero Sotelo.

De hecho, los líderes delincuenciales han dialogado directamente con cada uno de los aspirantes a la alcaldía de Teloloapan para indicarles que se bajen de sus aspiraciones. La propuesta de los cárteles es el empresario gasolinero Homero Hurtado, quien ya desarrolla precampaña abiertamente con el apoyo del propio presidente municipal y líderes locales de Morena.

Efrén Romero recibió órdenes de apoyar al precandidato de Morena, por lo que el aparato de gobierno municipales el principal promotor de ese personaje.

Obviamente, el marcado interés por controlar un ayuntamiento de economía limitada y presupuesto reducido no es asunto de poder político. Lo que realmente inquieta a los cárteles regionales es la influencia para negociar desde una posición de gobierno con las empresas mineras que explotan yacimientos en la Zona Norte de Guerrero.

En la comunidad de Tehuixtla, perteneciente a Teloloapan, el Grupo Peñoles del multimillonario Alberto Bailleres explota en la veta minera la sustracción de plomo, zinc y cobre.

Peñoles opera de manera directa seis minas subterráneas en México. Es el principal productor de plata afinada y bismuto metálico en el mundo y se encuentra entre las principales empresas productoras de zinc y plomo afinados a nivel global.

En el municipio de Eduardo Neri, se localiza la minera Equinox Gold en tierras de la comunidad de Mezcala y Carrizalillo, la cual ha reportado estar bajo la presión permanente de grupos dedicados a extorsionar a la empresa.

Y ahora las bandas criminales siguen minuciosamente las exploraciones desarrolladas por Peñoles S.A de C.V. en tierras del municipio de Cuetzala del Progreso, entre las comunidades de Tianquizolco y Apetlanca, lugares en los que se han registrado ejecuciones e intensas balaceras en las últimas semanas.

Tianquizolco y Apetlanca son comunidades agrícolas que subsisten fundamentalmente de las remesas enviadas desde USA; son pueblos de migrantes sin actividad productiva sobresaliente pero se han convertido en centro de disputa debido a la probable apertura de una nueva mina en esa parte de la Zona Norte.

De ahí el profundo interés de los cárteles por intervenir en las decisiones partidistas de esos municipios.

El problema adicional radica en que al designar alcaldes, lo que en realidad instala la narcopolítica son cuerpos policiales municipales al servicio de la misma delincuencia, integrados a la estructura operativa que utilizan los criminales para su propia seguridad.

En este sentido, los cuerpos de policía preventiva terminan en funciones de guardaespaldas de extorsionadores, asaltantes y secuestradores, algo común en el triángulo Iguala-Cocula-Teloloapan.

De manera alterna, bajo el mismo esquema se estructuran policías comunitarios enfocados en vigilar aduanas para garantizar el control de territorios ganados.

Después de todo, prevalecen suficientes indicios de que ningún cuerpo policial puede funcionar y consolidarse si no es con el respaldo de autoridades locales.