Por Miguel Ángel Arrieta                                      

El pasado dos de septiembre a las 11:53 de la mañana, los vecinos de la colonia Loma Bonita en Acapulco, asentamiento urbano localizado en el laberinto de callejones y andadores desde los que grupos de delincuentes controlan el narco menudeo y la extorsión en un territorio que comprende al menos veinticinco colonias, reportaron el inicio de una balacera con armas de alto poder entre agentes policiales y criminales sorprendidos in fraganti cuando cobraban las cuotas de extorsión a comerciantes de esa zona.

El intercambio de fuego se prolongó más de quince minutos y después de una persecución por laberínticas escalinatas dos delincuentes cayeron bajo los disparos de policías ministeriales de Guerrero, quienes supuestamente llegaron al lugar después de una denuncia telefónica anónima.

Los agentes encontraron en el acceso a la Loma Bonita, sobre la esquina que forman las calles Tiburón y Acuario, a dos personas armadas y vigilantes abordo de un vehículo Volkswagen, marca Jetta, mientras otros dos compañeros recaudaban el cobro de piso. El choque fue inmediato, los delincuentes comenzaron a disparar contra los policías y el resultado fue un despliegue impresionante de agentes armados que ultimaron a dos de los extorsionadores.

Una semana antes, mientras circulaba cerca de la avenida Revolución, en Tijuana, Baja California, agentes ministeriales de esa entidad fronteriza detuvieron en coordinación con policías de la Fiscalía General de Guerrero a Carlos Javier "N", alias “El Jimmy”, operador del grupo delictivo La Barredora que mantiene aterrorizados a comerciantes del corredor Kilómetro 21- Boulevard Vicente Guerrero-Cruces-Cayaco, en Acapulco.

La detención se realizó en base a una orden de aprehensión derivada de la carpeta de investigación abierta por testigos que lo acusan de llegar a un sitio de taxis en Acapulco para exigir el pago de una cuota económica para dejarlos trabajar “sin problema”, entregándoles diversos números de cuenta para realizar el pago en depósitos bancarios.

La presencia de La Barredora ha derivado en un desplome de la economía a lo largo de la ruta señalada. Lo que antes eran áreas comerciales y de servicios, hoy es un escenario de locales cerrados y calles fantasmales desde las primeras horas de la tarde.

Antes de concluir la primera semana de este mes, la Fiscalía General de Guerrero ubicó a Armando “N”, alias “El Limón” o el “Punki”, jefe de sicarios del grupo delictivo de José Ángel “P”, alias “El Capuchino”, quien se desplazaba por avenida Universidad minutos después de presentarse a exigir la cuota a reconocido médico acapulqueño.

Armando N es identificado por su probable participación en delitos de extorsión, secuestros y homicidio en el municipio de Acapulco, donde realizaba dichas actividades ilícitas que afectaban al sector empresarial del puerto y a los propios ciudadanos de diversas colonias de la zona centro.

Aunque mediáticamente la difusión de estas acciones tuvo espacios aislados, en el fondo la planeación y ejecución de cada uno escapa a cualquier esfera de coincidencia: la persecución de los cárteles locales es resultado de un trabajo único de inteligencia explicado en el informe “Decisión 2020”, a cargo del Fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila, que contiene las bases del operativo integral de investigación judicial apoyado por tecnología en coordinación con instituciones federales de seguridad y fuerzas armadas.

De hecho, el trabajo de aportación de datos sobre estructuras y nidos donde se refugian los operadores de grupos delictivos locales ha permeado más allá de la política, y sin importar a qué partido-gobierno sirven, los titulares de fiscalías en diferentes estados, el gobierno federal y los municipios han encontrado un punto de coincidencia para revertir la percepción de una incontrolable inseguridad en todo el país.

“Decisión 2020” puede ser el vehículo por el que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad coloca a Guerrero con una variante a la baja en materia de secuestras no observada en los últimos veinte años, ya que en 2015 fueron presentadas 81 denuncias por secuestro y en lo que va de 2020 son apenas 14 carpetas, lo que muestra una reducción del 83 por ciento. En el mismo 2015 se registraron 110 víctimas de este delito y de enero al mes de agosto del 2020 van 15 con una disminución que representa el 86%.

Desde el análisis político, si el caso Guerrero se reprodujera en el resto de entidades, entonces el dilema de la seguridad pública en el país se localiza ante dos opciones; mantener supeditada la investigación y aplicación de justicia a los escenarios de poder, o diluir los intereses políticos que contienen el alcance real de corporaciones y darle paso al trabajo policial real.

Después de todo, queda bien claro que en el pasado el crecimiento de la delincuencia en México solo pudo ser posible con la complicidad de instituciones de gobierno.

Tal vez la clave radica no en capturar a grandes capos, sino en desmantelar su estructura operativa y aislar a los cárteles de los intereses políticos que los encubren.