Por Noé Mondragón Norato                          Foto: https://mundo.sputniknews.com/socieda

Si se mira bien, el gobierno del ex presidente priista Enrique Peña Nieto, tuvo en su momento, toda la información para resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Pero no quiso llegar hasta el fondo del asunto en esa trama en la que confluyeron claramente los intereses políticos, con los de la delincuencia organizada. Nada más es cuestión de atar los cabos para entenderlo mejor.

¿IMPUNIDAD O ACUERDOS? – Durante el primer aniversario de la desaparición de los estudiantes en 2015, la protesta se internacionalizó, pero no se obtuvieron resultados. Lo que siguió después fue la trama de una película inconclusa, pero igual de grotesca y repulsiva. Se lee así:

1.- La desaparición de los normalistas desde la perspectiva del poder político sirvió para dos cosas: expulsar del gobierno estatal al segundo gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero y frenar el continuismo de ese grupo político. Y que el PRI de Peña Nieto pactara con la tribu perredista los chuchos de Nueva Izquierda —particularmente con Jesús Zambrano, recién designado otra vez en la dirigencia nacional de ese partido―, la entrega del gobierno de Guerrero a los tricolores, pues el ambiente político ya estaba sembrado a su favor. Si no hubiera ocurrido esa masiva desaparición, entonces era evidente que el PRD retendría el gobierno estatal en la elección de 2015.

2.- Al interior de la normal rural de Ayotzinapa, confluyen muchos intereses. No solo de la propia delincuencia organizada, sino también de poderosos padrinazgos políticos externos que la utilizan como constante ariete de presión. Sobre todo, del PRI y PRD. Pero también, fuertes residuos subversivos y radicales que complementan ese variopinto caldo de cultivo. Por eso se entiende que los normalistas, al cumplirse el primer año de la desaparición física de sus compañeros, no realizaron ningún acto de vandalismo. Esperaban una respuesta favorable y convincente del presidente Peña Nieto, que nunca llegó.

3.- Los padres de los 43 le concedieron también, su primer año de gracia al gobernador Héctor Astudillo. O eso quisieron vender. Porque en el 2016, la protesta masiva fue en la Ciudad de México. Y al cumplirse tres años de la desaparición en 2017, la inconformidad fue ahí mismo y en otras ocho entidades del país. En Acapulco fue la protesta sin desbordamientos ni pasiones desatadas. En Chilpancingo, los normalistas se deslindaron de la quema de camiones repartidores de productos comerciales ocurridas en el libramiento a Tixtla. Se entiende que los padres de los normalistas, los propios estudiantes, y el abogado Vidulfo Rosales, mantenían un acuerdo soterrado e inconfesable con el gobernador Héctor Astudillo.

4.- Cuando AMLO ganó la presidencia en 2018 y arribó la mayoría legislativa al Congreso local, los normalistas apelaron a que esta vez, sí se resolvería el asunto. López Obrador se reunió dos horas con los padres de los 43. Adelantó la creación de una Comisión de la Verdad. «Se les va a hacer justicia», prometió. Este mismo discurso se repitió en septiembre de 2019, cuando el presidente siguió en la senda de ofrecer resultados del caso sin darlos. «La ventaja que hoy tenemos es que ya no hay impunidad», dijo.

5.-El punto que perturba se relaciona con los vandalismos. Porque mientras las investigaciones de la Fiscalía General del República (FGR), anunciaban el 8 de julio de 2020 haber encontrado el segundo cuerpo de uno de los estudiantes desaparecidos ―Christian Alfonso Rodríguez Telumbre―, los normalistas protestaron contra esa información no en la Ciudad de México donde correspondía, sino que el 17 de julio quemaron colchones dentro del Congreso local. Y el gobernador Héctor Astudillo lo consintió a pesar de que fue informado con anticipación al respecto. Además, es la única organización disidente que tolera y no utiliza a los antimotines para desalojarlos cuando bloquean la Autopista del Sol. Y luego, desde el pasado lunes 21 quemaron el Palacio de Justicia en Iguala y el martes 22 otra vez el Congreso local. ¿Por qué vandalizan aquí y no lo hacen en la Ciudad de México? ¿Acaso la Ley y la justicia que buscan sí aplica allá y en Guerrero no? ¿Se rompieron esos presumibles acuerdos inconfesables con el gobernador Astudillo y lo despidieron así en su último año como gobernante?

HOJEADAS DE PÁGINAS…Trasciende en corrillos políticos priistas, que uno de los que le dio cuerda al portero Jorge Campos, para anotarse en la disputa para la gubernatura por el PRI en las redes sociales, es el diputado federal René Juárez. La intención parece obvia: no que caiga como candidato a la gubernatura, pero sí a la alcaldía de Acapulco. Para recuperarla con hordas de fanáticos futboleros, debido al pésimo trabajo de la alcaldesa morenista Adela Román. Qué tal.