Por Enrique Vargas Orozco.

Refuerza el gobierno estatal la seguridad en Iguala, Taxco y Huitzuco

Una respuesta necesaria fue la que presentó el gobernador Héctor Astudillo Flores y los integrantes de la Mesa de Coordinación por la Paz ante la agresión armada que sufrió el periódico Diario de Iguala y otros acontecimientos de violencia ocurridos en los municipios de Taxco y Huitzuco.

En el caso de Iguala, no sólo se trata del hecho de violencia, sino por tratarse del ataque contra un medio de comunicación, lo que representa una agresión contra la libertad de expresión, que en el estado está plenamente garantizada.

En el país la violencia criminal ha crecido mucho más que en sexenios anteriores, porque no existe una política de contención de los grupos criminales que en todo el territorio nacional han incrementado sus acciones sin que se haya una respuesta apropiada de las autoridades federales.

La impunidad sirve de aliciente a los grupos delincuenciales para aumentar sus agresiones y ataques, porque no hay una respuesta apropiada por parte del actual gobierno de la República, que prefiere repartir abrazos en lugar de balazos.

En la mayor parte de las entidades federativas se advierte ese deterioro de la seguridad pública, que en algunos casos, como en Guanajuato alcanza niveles alarmantes, porque la violencia, las ejecuciones y los homicidios son cosa de todos los días.

Sin embargo, debe destacarse que Guerrero es de los pocos estados donde esa situación se mantiene a la baja, aunque se presenten ocasionalmente situaciones fuera de control en las regiones, que son combatidas por las fuerzas combinadas de la federación y el estado y algunos municipios.

Aquí, el saldo es positivo, porque se mantiene una tendencia de reducción de los hechos criminales.

UN EJEMPLO A SEGUIR: PROHÍBEN EN OAXACA LA VENTA DE COMIDA CHATARRA.

En la actual situación de la pandemia del Covid-19, ha quedado claro, entre otras cosas, que la salud de los mexicanos es bastante deficiente, y es la causa en gran parte de que las muertes que genera esa enfermedad sean mucho más altas en porcentaje que las que ocurren a nivel mundial, lo que necesariamente se refiere a los problemas de obesidad, hipertensión y diabetes.

Esa mala situación, hay que registrarlo, se debe, en gran parte, a la mala alimentación de los habitantes del país, representada por el consumo inmoderado de comida chatarra y refrescos embotellados.

Por eso llama la atención que en Oaxaca el Poder Legislativo haya prohibido la venta, donación u obsequio a menores de edad de productos con altos contenidos calóricos (por la elevada cantidad de azúcar de los llamados “refrescos”), además de la comida chatarra que con un costo elevadísimo se ofrece en bolsas de atractiva presentación y sin la adecuada información nutrimental.

Para evitar esa situación los legisladores oaxaqueños reformaron el Artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para “coadyuvar a resolver los graves problemas de salud que implica para la infancia el consumo de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico (…) La presencia de estos elementos en la dieta infantil deviene en obesidad, sobrepeso, diabetes y otras enfermedades que merman considerablemente la calidad de vida de las personas e incluso ocasionan la muerte”.

Es evidente que se trata de una reforma de primer orden, pues como no se había hecho anteriormente, busca proteger a la niñez y la juventud de los problemas derivados de esos pésimos hábitos alimenticios que se han promocionado por mucho tiempo y que generan la deficiente respuesta de los mexicanos ante problemas de salud como el Covid-19.

Es una noticia de primer orden, que debe ser imitada por los demás estados de la República y hasta por la legislación federal correspondiente.

ECOLOGISTAS RECHAZAN QUE AMLO AUTORICE USO DE PLAGUICIDA PELIGROSO.

Grupos defensores de la ecología en México se manifestaron en contra del anteproyecto de decreto presidencial que autoriza  el herbicida glifosato, que está registrado como uno de los más peligrosos para la salud humana, porque genera enfermedades terminales como el cáncer y otras que causan daños permanentes en los lugares donde se utiliza.

Puede derivarse que esto provocó la denuncia pública del secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, en días pasados, en el sentido de que AMLO propicia acciones depredadoras contra el campo mexicano, que sólo buscan elevar las ganancias excesivas de empresas trasnacionales como Bayer y Monsanto, que tienen en personajes como Alfonso Romo y Víctor Villalobos a sus promotores interesados, desde sus posiciones en la Secretaría de la Presidencia y la de Agricultura y Desarrollo Rural.

Hicieron la denuncia La Campaña Nacional sin Maíz no hay País y el Movimiento Social por la Tierra, que están por la defensa del campo mexicano y contra de las trasnacionales como Bayer y Monsanto que sólo buscan el lucro, sin importarles que por sus métodos se provoquen daños permanentes a los terrenos agrícolas, ayudados y protegidos por Romo y Villalobos, que actúan como sus agentes en el país, a cambio, obviamente de importantes “prestaciones” bajo el agua, que los “convencen” de actuar contra del interés de los agricultores mexicanos.

Lo peor es que AMLO, el Peje, los respalde y acepte seguir sus consignas como se advierte en el ante proyecto de ley que facilitaría el uso de ese herbicida que está prohibido en muchas naciones en el mundo, por los graves daños que provoca a la tierra y a las personas que llegan a estar en contacto con el mismo, además de afectar los productos agrícolas en los que se utiliza.

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