Palabras Mayores... Por intereses electorales diputados de Morena tratan de imponer Ley Indígena sin consultarla.
Por Jorge Romero Rendón
Algunos diputados locales de Morena, encabezados por Aristóteles Tito Arroyo y Luis Enrique Ríos Saucedo, están presionando al Congreso del Estado para que apruebe al vapor la reforma constitucional en materia de Derechos de la Población Indígena y Afromexicana por intereses políticos y económicos de partido y personales.
Se han empeñado en llevarla a cabo a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que se cumpla primero con una verdadera consulta pública entre las comunidades de esos pueblos; ante lo que otro legislador morenista, Alfredo Sánchez Esquivel los llamó a cumplir ese requisito, pues la ley “debe ser incluyente”.
La postura de Sánchez Esquivel es muy oportuna, porque una verdadera consulta pública como la que exige la SCJN “debe ser un ejercicio multilateral entre las instancias del estado y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pero con todos los pueblos de las comunidades indígenas y afros. Debe ser un ejercicio legislativo donde prevalezca el diálogo y exista un verdadero debate que culmine en los consensos necesarios para generar las afectaciones legales, que bajo los principios progresistas pro-persona y pro- proporcionalidad, se traduzcan en normas del derecho positivo que reconozcan y materialicen los sistemas normativos internos de dichas culturas, con su universalidad y cosmologías propias y autónoma, y en un estricto apego y respeto a los derechos humanos”.
Así lo dijo ayer en su intervención ante los legisladores de todos los partidos, luego de que hace unos días los integrantes de un Comité Técnico Comunitario se quejaron en una conferencia de prensa de que la iniciativa presentada por el diputado morenista Tito Arroyo no avanzaba, “a pesar de que ya entregamos los anexos de la iniciativa”.
Ante la queja, los diputados miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) –integrada por los líderes de todos los partidos representados en el Congreso local-, respondieron el lunes pasado que los anexos deben entregarse desde el momento en que se presenta una iniciativa, pues le da sustento; le llamaron la atención al diputado Tito Arroyo porque no ha entregado hasta este momento ninguna documentación que acredite que su iniciativa fue sometida a una consulta ciudadana que cumpla los parámetros que estableció la SCJN para darle validez jurídica; y declararon su total apertura para recibir todos los documentos o información que enriquezca la reforma mencionada.
Pero el tema es todavía más complicado, porque desde mediados de mayo se presentó un grupo de representantes de los pueblos originarios del estado que se oponen a que se apruebe sin el aval de sus comunidades la iniciativa de Reforma a la Ley sobre Derechos de la Población Indígena y Afromexicana.
Los representantes se quejaron de que no han sido tomados en cuenta por el diputado de Morena, Aristóteles Tito Arroyo, quien habría presentado la iniciativa mencionada en diciembre pasado, sin que hasta el momento ellos conozcan su contenido, y sin que se haya hecho ninguna consulta real a los pueblos que representan, por lo que temen que se les impongan normas ajenas a sus aspiraciones y necesidades. Y acusaron a Arroyo de tratar de anteponer sus intereses y los de su partido en los municipios indígenas.
Por lo que resulta de primera importancia hacer primero una amplia consulta de manera incluyente, como lo demandó Sánchez Esquivel, y como lo ofreció a su vez el 25 de mayo el coordinador de la fracción del PRI, Héctor Apreza Patrón, a los quejosos: “el Congreso local está abierto a escuchar a todos los grupos sociales, y no se apoyará ninguna iniciativa que no esté avalada primero por una consulta abierta e informada en todos los municipios con presencia indígena y afromexicana…”
¿Pero cuál es la prisa de algunos diputados de Morena…?
En el fondo, la prisa que tienen Tito Arroyo y Ríos Saucedo está en que quieren que su reforma se apruebe a más tardar en octubre próximo, para que de allí se imponga por ley la elección de autoridades municipales por el régimen de “usos y costumbres” sin respetar los protocolos vigentes dispuestos por la autoridad electoral estatal, sobre todo en los ayuntamientos de la Montaña, una región en la que ha estado trabajando intensamente Ríos Saucedo desde hace algunos meses para crear una estructura electoral que garantice el voto mayoritario para Morena, aprovechando que las decisiones se toman a mano alzada, una práctica en la que los morenistas tienen gran experiencia, pero que no garantiza mayorías verdaderamente democráticas.
Como dijeron los disidentes indígenas, “sería imposible llevar a cabo asambleas abiertas plenamente representativas y democráticas en municipios de más de 10 mil habitantes, como para hacer votaciones a mano alzada”.
De manera que el asambleísmo electoral y la laxitud legal que brinda para el manejo de los recursos públicos, son los principales objetivos que persiguen Tito y Saucedo, aunque se los tengan que imponer con una ley al vapor a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
El riesgo es que su iniciativa podría ser rechazada si los pueblos descontentos presentan una controversia ante la SCJN, que ya desautorizó una reforma anterior por no cumplir con el requisito de fundamentarla en una verdadera consulta.
Pues como lo externó Sánchez Esquivel, “apoyo la reforma indígena, pero siempre y cuando se incluya al total de los pueblos indígenas y a los pueblos afros, los cuales en mis recorridos, casi de puerta en puerta, de colonia en colonia, no se sienten representados en esta reforma, porque no fueron consultados”.
Con lo que Tito, Saucedo y su grupo quedarían en minoría frente al grupo de los diputados consecuentes de Morena y de los diputados de todos los demás partidos que se han declarado en contra, si es que el dictamen se presentara como está. Más torpeza ¡imposible…!
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